Más de cincuenta días en huelga de hambre llevan los 32 comuneros mapuche que mantienen esta medida de presión en cinco cárceles del sur del país.
Es por eso que parlamentarios de la Concertación anunciaron su compromiso para modificar la Ley Antiterrorista. Sin embargo, desde el Ejecutivo aseguraron que existe un doble estándar al referirse al tema, ya que esta polémica legislación se invocó de forma progresiva, precisamente, durante los últimos gobiernos de la coalición opositora.
La aplicación de la Ley Antiterrorista en delitos contra la propiedad y sin existir hechos de sangre, se ha transformado en un elemento discriminatorio hacia los pueblos originarios.
Por eso modificarla se ha convertido en un objetivo prioritario.
“Para el Congreso cambiar la actual Ley Antiterrorista es un desafío que debemos concretar al más breve plazo porque es una de las materias que hoy generan una suerte de discriminación que motiva la huelga de hambre mapuche.
Nosotros estamos preocupados también, desde el punto de vista humanitario, por la situación en la que ellos se encuentran.
Nos parece que es importante que pueda existir un diálogo con el Gobierno”, manifestó el presidente del Senado.
El senador DC añadió que el Ejecutivo no puede seguir “haciéndose el leso” con es este tema y que “debe tomar cartas en el asunto antes de que sea demasiado tarde”.
Por esta razón, los senadores Patricio Walker (DC), y Jaime Quintana (PPD), reiteraron el llamado a las autoridades a conformar con urgencia una mesa de diálogo para evitar lo que podría convertirse en un enorme costo político y humano.
Además, los parlamentarios evidenciaron la compleja situación que enfrenta esta semana nuestro país, con la entrega de una memoria ante la OIT sobre la implementación del convenio 169.
En este sentido, el senador Jaime Quintana comentó que “en pocos días Chile cumple un año de la entrada en vigencia del convenio 169 de la OIT, que expresamente consagra en sus preceptos la protección de los derechos humanos de los pueblos originarios y aquí claramente se están transgrediendo.
Una ley que es propia de un sistema autoritario y dictatorial como la Antiterrorista, con sus preceptos del año 1984, no tiene nada que hacer en un sistema democrático, más aún con este convenio que Chile ha ratificado, situación que si no es corregida, claramente nos pone al debe frente a la comunidad internacional”.
El senador entregó un informe alternativo donde denuncia que un sin número de comunidades, sino todas, no han sido consultadas respecto a los avances a un año de vigencia de este convenio, que justamente establece el derecho de los pueblos a ser consultados sobre las materias que los involucran directamente.
Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries visitó al presidente del Senado, Jorge Pizarro, para notificar el actual inicio de funciones de este nuevo organismo.
En la reunión fue inevitable abordar la extendida huelga de hambre que realizan los comuneros, así como también las demandas que la motivaron.
En esa línea, Lorena Fries reiteró los compromisos internacionales incumplidos de nuestro país.
“Los organismos de Naciones Unidas, en particular el Consejo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos y el Comité Contra la Tortura han realizado recomendaciones al Estado chileno en función de modificar la Ley Antiterrorista por no ajustarse a estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.
Esto lo han hecho desde el año 2007 en adelante y Chile el año pasado, ante el consejo de Derechos Humanos, se comprometió a hacer esa modificación”, aclaró la experta.
La respuesta del Gobierno
En tanto, la vocera de La Moneda, Ena von Baer, aseguró que en el contexto de esta huelga de hambre al Ejecutivo “le corresponde cuidar la vida”. Así justificó los recursos interpuestos para que los presos recibieran alimentación sin su consentimiento.
“El Gobierno ha presentado recursos frente a la justicia para poder mantener a las personas que en este momento se encuentran en huelga de hambre alimentadas las autoridades deben velar por la vida y la salud de las personas.
El Gobierno está preocupado y ha dado pasos importantes y relevantes en este sentido”, dijo la secretaria de Estado.
Al ser consultada por la utilización de la Ley Antiterrorista, la titular de la Segegob planteó “esta es una ley que para los casos que están siendo estudiados por la justicia en estos momentos fue invocada por el gobierno anterior” y agregó que “acá uno también echa de menos la consistencia de parte de la oposición respecto de los argumentos que están utilizando.
Tenemos esta ley y son conductas que están siendo revisadas por la justicia, aquí hay un proceso y hay que dejar que las instituciones funcionen”.
Idea que comparte el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, quien advirtió que deben usarse los resortes necesarios para combatir situaciones que a su juicio presentan características de terroristas.
“Son acciones que se promovieron durante el último gobierno de la Concertación y que están llegando a una condición inaceptable porque estas personas están atentando contra su propia vida y eso es algo que hay que tratar de evitar. La Ley Antiterrorista ha sido modificada una infinidad de veces y del texto original se conserva poco.
Volver a modificarla es posible pero eso no significa que no se puedan usar los resortes legales para combatir situaciones que presentan características de terrorismo. Yo no soy juez y este no es un tema rigurosamente político sino que más bien judicial”, dijo Larraín
Tanto la ministra Von Baer como Carlos Larraín aseguraron que la idea del gobierno “siempre ha sido mantener un dialogo permanente y constante con todas las comunidades mapuches” y aseguraron que el Presidente tiene un encargado del tema, Sebastián Donoso, quien en conjunto con el ministro de Planificación Social, Felipe Kast, están “realizando una importante labor”.
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