En la oportunidad los abogados del Centro de Investigación y Defensa Sur solicitaron al Juzgado de Garantía de Temuco, que ordene a la Fiscalía hacer entrega de los registros de audio de uno de los imputados, estos registros habrían sido obtenidos en las múltiples intervenciones telefónicas que históricamente han afectado a dirigentes mapuche. Estos registros de audio aparecen citados en informes policiales, pero su conocimiento integro ha sido negado a las defensas, no obstante la obligación legal que tiene el Ministerio Público de descubrir toda la prueba a las defensas.
Fuente: cidsur.cl
El miércoles 29 de noviembre del año 2012, ante el Juzgado de Garantía de Temuco’ se desarrolló audiencia de Cautela de Garantías en el denominado “caso TUR BUS”. Dicho procedimiento se inicia el año 2009 en el contexto de las persecuciones penales por delitos terroristas en contra de comuneros mapuche.
Los hechos por los que El Ministerio Público y el Gobierno de Chile acusan a 12 comuneros mapuche se remontan al día 28 de julio del 2009. Se les imputa haber realizado diversos cortes de ruta: (1) cortes de tránsito en la Ruta S-31, sector Pircunche, camino Cajón–Vilcún; (2) Ruta S-31, sector Pidihuillín, camino Cajón–Vilcún; (3) Ruta S-219, camino Tres Cerros, sector Ahuentúe, Padre las Casas; (4) Ruta S-269, camino Niágara, sector Truf Truf, Padre las Casas; y (5) Ruta S-217, sector Manzanal, camino Pircunche, Padre las Casas, a partir de las 4 de la madrugada. Luego estos mismos 12 comuneros, al decir de la Fiscalía, se habrían trasladado hasta el km.677 del ruta 5 sur del sector By Pass, comuna de Padre las Casas y habrían bloqueado ambas pistas de la carretera para proceder a detener vehículos entre ellos tres camiones de carga y un bus de pasajeros de la Empresa Tur Bus, en este último se habrían escrito consignas en ambos costados de la máquina y en su parte posterior, las leyendas “devuelvan las tierras”, “Bachelet cerda”, “libertad a los mapuches” y “mapuches de pie”.-
Todo lo anterior lo contextualiza la fiscalía “Todos los hechos descritos, más otros que han sucedido en la zona, han originado un ambiente de temor en la población, tanto regional como provincial, o en parte de ella, como lo es en las comunas de mayor ocurrencia.” (Extracto Acusación RUC Nº 0900697670-8, RIT N° 5748-2009 del Tribunal de Garantía de Temuco).
En la oportunidad los abogados del Centro de Investigación y Defensa Sur solicitaron al Juzgado de Garantía de Temuco, que ordene a la Fiscalía hacer entrega de los registros de audio de uno de los imputados, estos registros habrían sido obtenidos en las múltiples intervenciones telefónicas que históricamente han afectado a dirigentes mapuche. Estos registros de audio aparecen citados en informes policiales, pero su conocimiento integro ha sido negado a las defensas, no obstante la obligación legal que tiene el Ministerio Público de descubrir toda la prueba a las defensas. El tribunal accedió a la petición de la defensa y ordenó al Ministerio Público que hiciera entrega dentro del plazo de 20 días de los registros de audios solicitados.
En este caso, para sustentar sus tesis, particularmente el carácter terrorista de los hechos investigados, la Fiscalía pretende incluir el testimonio de policías colombianos y de una ex guerrillera, quienes señalarían que en campamentos de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), llegarían ciudadanos de distintas nacionalidades. Con este testimonio intentarían sugerir que los imputados han tenido formación en dichos campamentos.
Recordemos que estos mismos testigos ya han servido para acusar a otros ciudadanos chilenos, particularmente a quien aparecía en fotografías junto al difunto dirigente Raul Reyes, quien fuera asesinado en territorio Ecuatoriano, por el ejército Colombiano, desde donde se habrían “incautado” computadores con dichas fotografías. Los abogados del Centro de Investigación y Defensa Sur consideran que esta operación mediática se enmarca dentro de la estrategia del Estado Colombiano de internacionalizar su propio conflicto interno y con ello evitar el fortalecimiento de un bloque Latinoamericano antiimperialista, en sintonía con las estrategias norteamericanos. Sin embargo creen que el Ministerio Público no ha considerado esta hipótesis y por ello insiste en su interés de utilizar estas pruebas “contextuales”.
Los primeros antecedentes de estas “pruebas” fueron filtradas informalmente por autoridades colombianas a líderes políticos chilenos, vinculados al gobierno de Sebastián Piñera, quienes instaron a su vez al gobierno de Bachelet y al Ministerio Público para que consideraran dicho material como prueba en los procesos judiciales.
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