La empresa está realizando grandes obras sin permiso de la autoridad ambiental, incluyendo la intervención del lecho del río Carhuello. Ello, a pesar de que la Corte de Apelaciones de Temuco, en octubre de 2012, ordenó a la empresa paralizar las labores en dicho río y a que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentada por la empresa para su ampliación en diciembre pasado fue rechazada por la autoridad ambiental.
Ricardo Esparza, de la Unión Comunal Rural de Pucón fue enfático en señalar que “las pisciculturas se están emplazando en territorios indígenas y eso está afectando el sistema de vida y el medio ambiente”, por lo que no quieren más pisciculturas en la comuna ni tampoco más ampliaciones, señaló.
Por Elías Paillan C. – Fuente: observatorio.cl
Representantes de diversas comunidades mapuche y rurales de la comuna de Pucón se reunieron esta mañana (ayer) en Temuco con el Seremi del Medio Ambiente de la Región de la Araucanía, Marco Pichunman Cortés, y el Gobernador de la Provincia de Cautín, José Montalva, para denunciar trabajos que consideran abiertamente ilegales por parte de Piscicultura Quimeyco, propiedad de la Sociedad Comercial Agrícola y Forestal Quimeyco Limitada, representada por el Señor Germán Malig Lantz, en el cauce del río Carhuello en la comuna de Pucón.
Tras la salida de la reunión con el Seremi, el dirigente Ricardo Esparza Méndez, representante de la Unión Comunal Rural de Pucón manifestó que ellos no quieren más pisciculturas en la comuna ni tampoco más ampliaciones, puesto que “las piscicultoras se están emplazando en territorios indígenas y eso está afectando el sistema de vida y el medio ambiente”. Agregó que son alrededor de 30 las pisciculturas presentes en la comuna y en enero de este año se presentaron “un sinnúmero de estudios de impacto ambiental más”.
En carta dirigida a Eduardo Rodríguez Sepúlveda, Jefe Macro Zonal Sur de la Superintendencia del Medio Ambiente, y que fue entregada al Seremi durante la reunión, señalan que en “enero del 2014, los vecinos del sector nos percatamos del inicio de faenas en el sector, las que se hicieron visibles dado el involucramiento de una gran cantidad de camiones, la remoción de tierras, el emplazamiento de tubería de gran tamaño en el sector, los trabajos de construcción en el lecho del río, el deterioro del camino público, haciendo un impacto fuerte en el paisaje, achicando el cauce del río, entorpeciendo el desarrollo turística en la época estival”, advierten.
Ausencia de fiscalización y derechos vulnerados
Ante la falta de una rigurosa fiscalización los trabajos continúan y estos estarían alterando y modificando gravemente el paisaje, lo que conculca sus derechos y garantías constitucionales, entre ellas las contempladas en el artículo 19 N° 8 (derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación) y 19 N° 21 (derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional).
Cabe destacar que el año 2012 la Municipalidad de Pucón, en conjunto con diversas agrupaciones, interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco, tribunal que con fecha 29 de octubre de ese año ordenó paralizar las labores ejecutadas en el río Carhuello, sentencia que fue confirmada por la Corte Suprema el 7 de diciembre del mismo año.
En efecto, en su primer punto la sentencia ordena “a la Sociedad Comercial, Agrícola y Forestal Quimeyco Ltda., paralizar de inmediato las labores ejecutadas en el río Carhuello y vertiente sin nombre…”. En parte del punto dos agrega la obligación de que se “restituya el cauce del río Carhuello, retirando el material depositado sobre su cauce”. Y finalmente establece “que en caso que la infractora no de cumplimiento a lo ordenado en los resuelvos 2 y 3 del presente acto administrativo, este servicio podrá hacer uso de las facultades que le confiere el inciso segundo del Artículo 172 del Código de Aguas”. Sin embargo, según los voceros dicha sentencia nunca fue cumplida.
Cabe señalar además que la misma empresa presentó en diciembre de 2013 una Declaración de Impacto Ambiental para la pisicultura denunciada, a objeto de ampliar su producción máxima de biomasa anual de 120 a 415 toneladas. Dicha DIA fue rechazada el 30 de diciembre por el Servicio de Evaluación Ambiental regional, tanto por defectos de forma como por no entregar antecedentes para dimensionar su impacto ambiental, así como por no presentar un informe antropológico sobre los impactos en comunidades indígenas ubicadas en el área del proyecto.
Al respecto José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano, quien acompañó a las organizaciones denunciantes aclaró que “en cualquier evento, si una medida administrativa determinara que esta piscicultura pudiese ampliarse, ello requeriría sin duda de un estudio de impacto ambiental y de una consulta conforme al Convenio 169, y este estudio no ha sido desarrollado a la fecha”. Añadió además que “estos proyectos no respetan los derechos de los pueblos indígenas de definir sus propias prioridades en materia de desarrollo, reconocido por el Convenio 169. Ello, toda vez que son muchas las comunidades que han optado por otras estrategias de desarrollo, como la actividad turística, que se ven claramente afectadas por estas iniciativas contaminantes del ambiente”, concluyó.
Aylwin explicó que en la región existe más de 70 pisciculturas en funcionamiento, una parte importante emplazadas en tierras y aguas ancestrales del pueblo mapuche. Y que las empresas detrás de estos proyectos no han respetado derechos propietarios, no han compensado los daños, ni tampoco compartido los beneficios con las comunidades aledañas, vulnerado sus derechos fundamentales.
Los compromisos de las nuevas autoridades
Consultado el Seremi Marco Pichunman sobre qué va hacer con los antecedentes expuestos, informó que va a derivar la denuncia a la superintendencia de medio ambiente “para que ellos evalúen en su mérito si existe algún tipo de elusión a la normativa ambiental que permita tomar algún tipo de acción”.
Los mismos antecedentes se le expusieron al Gobernador de la Provincia de Cautín, José Montalva, quien se comprometió a fiscalizar las obras de la empresa y en caso de existir “alguna irregularidad y está funcionando irregularmente esta piscicultura, yo voy a hacer todo lo posible para que el servicio que hoy día no está fiscalizando, lo fiscalice”. Pero además ver “cómo las comunidades de esos territorios deciden el destino de sus vidas”, dijo.
Agregó y reconoció finalmente que las normas vigentes no son suficientes para proteger los derechos de los afectados. “En ese sentido es donde yo abro la posibilidad de hablar con el director de SERNATUR para usar como oportunidad la de zonificar Pucón por medio de este sistema ZOIT”, finalizó.
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