El Relator ONU de Pueblos Indígenas, James Anaya, escuchó esta semana a comunidades Mapuche, RapaNui y Atacameñas, entre otras, cuya crítica central a las políticas impulsadas por los recientes gobiernos en Chile tienen que ver con la imposición de una fraudulenta forma de querer aplicar el derecho internacional, especialmente la Consulta Indígena cuando ciertas iniciativas estatales y empresariales atenten contra los intereses de comunidades originarias.
Fuente: Radiodelmar.cl
La derogación de los viciados reglamentos de consulta indígena conocidos como Decreto 124 y 66 y la sección sobre esta materia del Reglamento Ambiental, así como el rechazo a la imposición de industrias extractivas y energéticas en territorios de las comunidades originarias y la revisión de la Ley de Pesca que despojó del acceso a recursos marinos por parte de los Pueblo Originarios, fueron los principales temas tratados en la reunión sostenida por las agrupaciones indígenas y el Relator de Naciones Unidas sobre estas materias, James Anaya, que por estos días realiza un visita formal a Chile.
Al encuentro realizado este martes en las oficinas del PNUD en Santiago asistieron comunidades de los pueblos Mapuche, Aymará, Atacameños y Rapa Nui que coincidieron en criticar las fraudulentas formas que los gobiernos de Sebastián Piñera y la anterior administración de Michelle Bachelet, usaron para imponer una Consulta Indígena que no está acorde a los estándares Internacionales del Derecho que obliga el Convenio 169.
El decreto 124 dictado por Bachelet en 2010, el derecho 66 impulsado por Piñera en 2013 y la peculiar interpretación que le da el Reglamento Ambiental al mandato del Convenio 169 para aplicar la Consulta Indígena fueron los tres textos que las comunidades indígenas señalan como violación al derecho internacional.
Anaya además escucho con atención y recibió información acerca de los esfuerzos de las comunidades y organizaciones Mapuche, junto a pescadores artesanales, por derogar la Ley de Pesca, conocida como Ley Longueira, y que privatizó las pesquerías nacionales y despojó del acceso a los recursos marinos por parte de los pueblos indígenas.
El Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos del Pueblo Mapuche presentó al relator ONU un documento en que afirman que “el modelo de administración pesquera implementado en Chile atentan contra los derechos de los pueblos originarios y los despoja del acceso al mar y los recursos. Además pensamos que este modelo puede ser implementado en otros países en los cuales existen pueblos originarios y una industria pesquera y acuícola cada vez más activa”.
Frente a esto solicitaron un pronunciamiento de la Relatoría de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Originarios, tal como lo realizó la Relatoría de la ONU sobre Derecho a la Alimentación en 2012 que rechazó el “acaparamiento de los Océanos”, que es otra forma de nombrar a los procesos de privatización de los recursos marinos y las zonas costeras y oceánicas.
Autonomías v/s Industrialización
En la ocasión además las comunidades indígenas presentaron diversas denuncias sobre el impacto de las mega industrias que se han impuesto o están en proyección de operar en territorios ancestrales y actualmente habitados por pueblos originarios.
En este contexto se planteo el rechazo al puente en el canal de Chachao, el rechazo a las pisciculturas, hidroeléctricas y al aeropuerto en territorio Mapuche y la denuncia por la contaminación provocada por la Megaminería en la zona norte.
En tanto el Pueblo Rapa Nui realizó consultas frente a sus demandas por autonomía y la generación de un gobierno propio en la Isla del Pacífico Sur.
http://mapuexpress.org
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