Hace rato que el Estado chileno viene siendo denunciado ante diversas instancias de los mecanismos de protección del sistema internacional de Derechos Humanos, tanto de la ONU como de la OEA con relación a la situación de los Pueblos originarios, principalmente en lo relativo al Pueblo Mapuche, instancias desde donde han surgido sendas recomendaciones conminando al poder público a cumplir y respetar el estándar mínimo de Derechos Humanos.
En ese marco, el Estado de Chile no sólo no las ha venido implementando, ni tampoco ha tomado medidas para garantizar el principio de protección de los Derechos Humanos de los Pueblos originarios, sino además, en el presente, no hay resguardo eficiente frente a los intereses comerciales y económicos de particulares en los territorios ancestrales a pesar que desde septiembre del 2008 está ratificado el Convenio 169 de la OIT y desde Septiembre del 2007 Chile aprobó la Declaración ONU de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es más, diversos casos se han venido describiendo sólo en este último tiempo que dan cuenta de cómo el Estado no respeta ni protege la territorialidad, sustento básico de desarrollo y bienestar social y en donde se ejercen los Derechos Humanos colectivos.
Hasta el día de hoy se llevan a cabo, con la autorización y apoyo del Estado, proyectos de inversión, sin el consentimiento informado de las comunidades afectadas. Los hechos denunciados han quedado develados como prácticas constantes para anular o menoscabar el reconocimiento, goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas donde ha habido continuos actos de mala fe.
Es importante resaltar que la respuesta penal que el Estado de Chile ha dado a la protesta y movilización que comunidades mapuches han llevado a cabo para exigir el respeto pleno de sus derechos, ha sido con criminalización y planes operativos. La Militarización, judicialización, persecución y diversos montajes, principalmente comunicacionales ha sido una realidad que se vive como más intensamente desde Noviembre del año 2002 a la fecha y que se ha venido incrementando en los últimos años.
El Estado de Chile ha venido violando el derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales; El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos, agentes de estado o por cualquier individuo, grupo o institución. En definitiva, hombres y mujeres, integrantes de un Pueblo preexistente al estado de Chile, en completo desamparo, porque el estado no tiene mecanismos democráticos que autorregulen sus abusos y aberraciones.
Tierras ancestrales y el conflicto del Estado chileno: Las aberraciones gubernamentales
Mensajes preocupantes han venido señalando diversas autoridades en el marco de lo que la versión “oficial” señala como “Conflicto Mapuche”, pero en la realidad es en definitiva los hechos en disputa y controversia que han sido causados en su origen por el propio estado chileno como han sido los procesos de invasión bélica, colonialismo, políticas de asimilación, reduccionismo, empobrecimiento, sometimiento, racismo y diversas formas de genocidio llevado a cabo desde finales del siglo 19 hasta nuestros días y cuyos atentados y violaciones a Derechos Humanos individuales y colectivos deben ser reparados y que son obligatorias al estado de asumir.
La falta de tierra como espacio de subsistencia, la progresiva emigración a zonas urbanas, la contaminación y la imposición de políticas industriales como las forestales-celulosas, energéticas como las represas hidroeléctricas, la salmonera, minera, son atentatorias a formas de vida social, cultural, ambiental-espacial, económico y filosóficas del Pueblo Mapuche, por ello, los actos de movilización son absolutamente legítimos de reclamaciones sobre Tierras ancestrales que han sido usurpadas por el estado o que intentan impactarse. En efecto, el estado de Chile tiene la obligación de reconocer, demarcar, restituir, y proteger las tierras ancestrales. Así lo ha recomendado el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y lo ha reiterado el Comité Para la Eliminación de la Discriminación Racial. Sin embargo, el Estado insiste en repetir una política errada y antijurídica.
Los Gobiernos en representación del estado en el sistema internacional de Derechos Humanos, no tan solo ha evadido su responsabilidad, sino que, descaradamente ha mentido al señalar que en Chile no hay Tierras ancestrales que restituir y que ya han sido todas demarcadas y de paso, justifica la aplicación de sus políticas de criminalización y aplicación de la Ley antiterrorista contra Mapuches en el marco de estos reclamos, negando la existencia de prisioneros políticos, hecho ocurrido en el 2009 ¿Cuál es el mensaje que se trata de impregnar?: ¿Olvídense de las Tierras ancestrales sino recibirán balazos o cárcel? El joven Mapuche Alex Lemún (17 años, asesinado Noviembre 2002); Matías Catrileo (22 años, asesinado en enero 2008) y Jaime Mendoza Collío (24 años, asesinado agosto 2009) han sido asesinados por agentes del estado chileno al reclamar legítimamente tierras ancestrales.
El CEDR Y Las Tierras Ancestrales
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU (CEDR) el 2009, consultó formalmente al Estado chileno: "Sírvase indicar que medidas han sido tomadas para establecer un mecanismo efectivo para reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre tierras y recursos naturales que se basan en la ocupación y uso tradicional, de acuerdo con las normas internacionales relevantes." , también consulta: "Sírvase proporcionar información detallada y actualizada sobre las medidas que están siendo tomadas por el Estado parte para agilizar la demarcación de las tierras indígenas."
El ex Gobierno de Bachelet representada para efectos formales en las cuestiones indígenas por la Ministra de Planificación Paula Quintana, el Director de CONADI, Alvaro Marifil y el Comisionado Egaña, señalan en agosto de 2009:
“Las tierras indígenas se encuentran en su mayoría demarcadas y sus límites son respetados. Desde finales del siglo XIX se aplicaron disposiciones legales que dispusieron la titulación de los Mapuche, habitantes originarios del país, proceso denominado radicación, que concluyó en el año 1929.”
HECHOS ALARMANTES
Los hechos descontrolados y alarmantes sobre violaciones a Derechos Humanos y que se han venido repitiendo en diversos territorios de Comunidades Mapuches por parte de agentes de estado, ha impulsado que, ante la falta de justicia y garantías en Chile, se acuda al sistema internacional de Derechos Humanos, mecanismos que han funcionado, pero en su mayoría sobrepasados y reaccionario a hechos consumados, ya que no ha tenido eficacia en situaciones de prevención, tampoco en los logros plenos con respecto a sus recomendaciones o resoluciones hacia los estados, ya que varias veces actúan tardías o se van “asimilando” de manera lenta por la falta de seguimiento.
Se hace necesario avanzar más progresivamente ya que tampoco estos mecanismos han sido capaces de persuadir correctamente a los mercados internacionales para que estos incorporen indicadores con los estándares que corresponden sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, ya que la mayoría de las violaciones se cometen en el marco de los conflictos territoriales por diversas industrias, lo que habla por si mismo de que el control de las grandes Corporaciones Económicas se sobrepone al de los propios estados y qué decir de las soberanías de los Pueblos y las exigencias de justicia, equidad y respeto pleno de los Derechos Humanos individuales y Colectivos, como ocurre en Chile con la Industria Forestal Minera, energética, Salmonera.
Sin embargo, contribuyen a visibilizar y en varios casos, puntos de inicio para la restitución y reparación de derechos y en ese marco, varias representaciones Mapuches y organizaciones de Derechos Humano, han venido acudiendo al sistema internacional autónomamente. Desde la perspectiva de las estrategias y construcciones colectivas de las propias organizaciones, una última fue la experiencia por la Mesa de Trabajo sobre Derechos Humanos Colectivos; Y antes de esto, situaciones similares habían ocurrido como la presentación de Comunicaciones a la Relatoría de Pueblos Indígenas en la ONU; O la denuncia por Racismo Ambiental desde el 2007 en el Comité de eliminación de la discriminación Racial – CEDR por la Coordinación de comunidades en conflicto ambiental en la Región de la Araucanía y la Red de acción por los Derechos Ambientales.
La Experiencia de la Mesa de Trabajo sobre Derechos Humanos Colectivos
Es importante señalar que, esta instancia se inició prácticamente en Marzo del 2009 en el marco de la autoconvocatoria Mapuche para preparar diversos informes, denuncias, comunicaciones y reuniones con el Relator sobre Pueblos Indígenas de la ONU, Señor James Anaya; lo que continuó con diversas otras actividades y acciones, tales como los encuentros que reunió a diversas expresiones y representatividades organizacionales y territoriales para asumir una agenda y estrategia propia ante el Comité de eliminación de discriminación racial CEDR de la ONU en el marco del examen al que fue sometido el Estado chileno en agosto; y que arrojaron sendas recomendaciones de dicho organismos, acciones autogestionadas, autónomas y de voluntariado, que fueron complementarias a las establecidas por otros referentes ciudadanos, de Derechos Humanos y de Ongs y que hace necesario asumir sinergías para su seguimiento e implementacion.
En representación de la Mesa de Trabajo acudió el werkén Francisco Vera Millaquén quien, actuó como observador de las actuaciones del Gobierno chileno en representación del estado en el marco del examen e ingresó un informe paralelo que ventilan gran parte de los conflictos territoriales y de Derechos Humanos que enfrenta el Pueblo Mapuche.
Entre quienes participaron en este proceso, estuvieron presentes, Consejo de Longko del PikunwijiMapu; Urracas, Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos (GTDC), Comité de defensa del Mar de Mehuin, la Asociación Ayun Mapu de Quepe, Liquiñe, Carreriñe, Consejo Comunitario Melipeuco, Mesa Pellaifa Newen, Maihue – Rupumeika, Consejo de Lonko de Rio Bueno, Potectores de la Tierra de Los Sauces, Casa de arte y red de artistas Mapuches, Anti proyecto hidroeléctrico Angostura – Santa Bárbara (Alto Bio Bio); Coordinación de comunidades en conflictos ambientales; Comunidad Mapuche Huilliche "PEPIUKËLEN", Y que contó con la participación activa en sus respectivos momentos de autoridades ancestrales Mapuches, Pu Longko, Pu Werkeén y Machi, tales como los Longko: Pascual Pichún, Leonardo Calfuqueo, Longko José Relmucao, Territorio Lifko, Aniceto Norin, José Panguilef, Augusto Nahuelpán, la Ñaña Berta Quintremán, y el Machi Juan Curaqueo, guía espiritual que acompañó todo el proceso.
Para el Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos, instancia que facilitó la articulación de la Mesa, señala que la suma deja importantes experiencias y logros, pero también, el de asumir errores y debilidades. Agregan que se tiene presente la autocrítica en el actuar, para mejorar y seguir avanzando en las diversas líneas de trabajo y acción que colectivamente se han determinado.
Grupo de Trabajo Por Derechos Colectivos - GTDC
En Febrero de 2009 se constituyó un equipo de Trabajo Mapuche en Chile que busca dar seguimiento, monitoreo, denuncia e incidencia frente a algunas políticas estatales que atentan o amenazan Derechos colectivos, instancia que fue la articuladora de la Mesa.
GTDC, es la conformación auto gestionada de un equipo de trabajo multidisciplinario Mapuche vinculados a la defensa, exigibilidad y promoción de los Derechos de los Pueblos, comunidades o poblaciones, coordinados a su vez, con otras redes, grupos, centros, observatorios y equipos que versan sobre Derechos Humanos.
En su origen, se define que la esfera de especialización que asumen, se entiende desde la perspectiva de Pueblos Indígenas, sin embargo, entendiendo la transversalidad de causas, su campo de acción se extenderá a otras poblaciones que han sido vulnerados en cuanto a la defensa y resguardo de sus Derechos colectivos.
Para GTDC, especial atención requiere la situación que actualmente se vive en la Región a causa de proyectos de inversión público o privado y que han atentado a Derechos y bienestares colectivos en diversos territorios, como ha sucedido a causa de las Industrias Forestales y de Celulosa, Minería, Hidroeléctrico-energético, Petroleros, Biocombustibles o causas de racismo y discriminación socio Ambiental, las que han venido escoltadas por políticas de represión, criminalización y judicialización, temáticas que son considerados por el Grupo de Trabajo y sus respectivos enlaces por países.
GTDC está integrado por profesionales vinculados a diversos procesos orgánicos Mapuche y de Redes socio ambientales. El equipo que inicialmente hará de coordinación en Ngulumapu – Chile está conformado por las siguientes personas:
* Sergio Millamán, egresado de Derecho, Diplomado en Derechos Indígenas, integrante de Organizaciones Mapuches en Viña del Mar y Valparaíso, comunicador Social, asesor legal de pescadores y Comunidades Lafkenche.
* Eugenia Calquín, periodista, Comunicadora social, fue Becaria de las Naciones Unidas en DDHH de los Pueblos Indígenas y fue integrante de los equipo de Trabajo de la ex Citem desde Santiago.
* Ronny Leiva, Psicólogo, Diplomado en Derechos Indígenas, integrante de la Corporación Unión Araucana en Padre Las Casas, integrante de redes socio ambientales y fue integrante de los equipo de Trabajo de la ex Citem desde Temuco.
* Alfredo Seguel, Técnico Jurídico, Comunicador Social, Diplomado en Derechos Indígenas, integrante de redes socio ambientales y fue integrante de los equipo de Trabajo de la ex Citem.
El Grupo, ha contado y cuenta con la colaboración constante del Historiador Mapuche Héctor Nahuelpán; De la psicóloga y con estudios de postgrado Políticas Públicas, Sigrid Huenchuñir; La psicóloga especialista en Derechos de los Niños, Claudia Molina, la dirigenta Mapuche Gabriela Calfucoy, la periodista Carola Pinchulef, entre otros.
Procesos de autoformación y contribución a la formación de bases sociales en Derechos Humanos; opiniones, pronunciamientos, comunicados, recomendaciones como grupo focal especializado; Presentación de Informes relacionados a los Derechos colectivos ante órganos Internacionales; apoyo a algunas comunidades amenazadas en sus derechos para la presentación en conjunto de denuncias y Comunicaciones a los mecanismos y procedimientos especiales de Derechos Humanos internacionales, son algunas de sus líneas de acción que ha venido desarrollando.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire