La Organización representativa del Pueblo Mapuche de Neuquén y la comunidad Huenctru Trawel Leufu denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- la situación de violencia que genera el Estado provincial argentino y de contaminación que crea la empresa petrolera Piedra del Águila S.A. en territorio de la Comunidad.
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Lo anunciaron en conferencia de prensa Elías Maripan, logko de la Confederación Mapuce, Victorino Curruhuinca, Logko de la Comunidad y el abogado defensor de la Confederación Mapuce de Neuquén, Juan Manuel Salgado. Es la segunda presentación ante la CIDH, ya se había denunciado la situación del Lof Paichil Antriao en Villa la Angostura.
“La denuncia es contra el Estado nacional porque la responsabilidad internacional es del Estado federal. El gobierno nacional tiene además la responsabilidad de establecer e implementar la ley 26.160 que ya tiene 3 años y que en Neuquén no se ha implementado por un capricho del gobierno provincial” expreso Salgado.
La denuncia elevada al Dr. Santiago Canton, Secretario Ejecutivo de la CIDH, con sede en Washington, expresa las reiteradas violaciones de los Derechos Indígenas en las que incurre el Estado Neuquino y particularmente la petrolera Piedra del Águila en el territorio de la comunidad Huenctru Trawel Leufu.
El abogado de la Confederación Mapuce dijo que “el planteamiento que hemos hecho es que se cumpla con el Pacto de San José de Costa Rica, con el Convenio Nº 169 de la OIT, el artìculo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que garantizan el Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas, antes de que los Estados autoricen actividades económicas en sus tierras.”
A mediados del año 2007 la empresa Petrolera Piedra del Águila S.A. trato de ingresar al territorio comunitario para realizar tareas de explotación de hidrocarburos y la Comunidad le negó el ingreso por desconocerla, ya que no habían sido respetados sus derechos de consulta y participación. A partir de entonces la empresa inició un juicio contra el Lof Huenctru Trawel Leufu del cual dos de los tres jueces que han actuado en la cusa, se expresaron a favor de la petrolera.
“Lo que también le expresamos a la CIDH es la actitud de los jueces y tribunales porque no son imparciales y responden a las ordenes del gobierno provincial como ha sucedido hasta este momento” sostuvo el director del ODHPI. Y dijo que “de acuerdo a lo que han dicho los comités de Naciones Unidas, los jueces tienen que cumplir la ley y cuando la violan y obedecen a los dictados del gobierno o a una empresa tienen que ser sancionados como cualquier otro.”
Una situación conflictiva
La comunidad Huenctru Trawel Leufu se ubica a unos 7 kilómetros de la ciudad de Picun Leufu y en reiteradas ocasiones ha soportado la envestida de la empresa petrolera. “Nosotros hemos sido muy estropeados y realmente mucho daño nos ha hecho Petrolera Piedra del Águila. Y el gobierno provincial no se hace cargo de nada, al contrario, nos quieren desalojar cuando hemos vivido toda una vida en ese lugar, de lo que tenemos ahí nosotros vivimos” sostuvo por su parte el logko de la Comunidad, Victorino Curruhuinca.
En 2008 la Jueza Dra Nancy Vielma dictó sentencia dando la razón a la empresa y ordenando que no se le impidiera realizar las tareas de exploración petrolífera. En relación a los derechos de los pueblos indígenas sostuvo que no correspondía tenerlos en cuenta puesto que la demanda judicial no se había dirigido contra la comunidad sino contra sus miembros individuales, otorgándole a la empresa la facultad de interpretar el derecho indígena.
En dialogo con MAPURADIO, la werken Relmu Ñamku dijo que “es un conflicto que se viene desarrollando hace mas de tres años donde se ha pasado por procesamiento judiciales a las autoridades de la comunidad, allanamientos continuos, la policía permanente en territorio comunitario”.
La medida cautelar que dictó la Justicia le permite a la empresa ingresar y trabajar en el territorio de la comunidad, incluso con protección policial y sin ningún control estatal.
El Ministerio de Gobierno de la provincia, encabezada por el ex ministro Jorge Tobares, firmó la Resolución 310/08, mediante la cual se creaba una “Comisión Evaluadora de Impacto Ambiental y Cultural” en la comunidad. Dicha comisión estaría integrada por miembros de la comunidad, de la Confederación Mapuce, del Gobierno provincial y de la empresa y se traducía en una esperanza legitima del pueblo mapuce. Sin embargo, al cabo de dos reuniones la comisión dejó de existir porque el Estado provincial decidió no aportar los recursos para su funcionamiento. Hasta la fecha jamás se reunió nuevamente.
“Es evidente que el gobierno provincial no quiere respetar los derechos que tenemos como Pueblo Mapuce y lo que termina haciendo es dándole garantías y resguardando los intereses de las empresas petroleras, de los empresarios y del sector político que hoy tiene interés de avanzar sobre territorio mapuce” dijo la werken Relmu..
Con la oposición de la comunidad se han ensanchado aproximadamente 6000 metros de caminos, con desmonte y quema de vegetación, se han hecho zanjas para cableado, fosas y movimientos de tierras, se han contaminado pozos y destruido construcciones. Se han realizado exploraciones de hidrocarburos con los perjuicios que ello ocasiona al subsuelo. Los policías y los agentes de seguridad de la empresa han utilizado el territorio como predio de caza, matando y espantando a la fauna silvestre. También han matado animales de cría de la comunidad. Todo ello fue denunciado ante los órganos judiciales pero jamás hubo alguna investigación.
“Nosotros decimos que lo que esta en juego es la vida, nuestro desarrollo como pueblo y no es una moneda de cambio de la explotación petrolera. No estamos en contra del progreso, es mas, queremos progreso en nuestras comunidades pero que no sea a costa de nuestra vida” enfatizó la werken Relmu Ñamku.
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