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Por Patricio Escobar
Sociólogo
Durante este año el llamado "conflicto mapuche" ha estado en el centro de las tensiones políticas.
Más que un conflicto, este fenómeno apunta al resurgimiento y reorganización de las comunidades mapuche por la autonomía política y cultural. Se trata de una demanda desarrollada progresivamente desde la vuelta de la "democracia" y, que ha alcanzado un insospechado nivel de masividad y consistencia, si bien el Estado ha tratado de atender de manera significativa los reclamos por la devolución de tierras y se ha abierto a los reclamos por mayor respeto a la identidad cultural, se ha negado a debatir las demandas respecto de la autonomía jurisdiccional. Esta gestión no responde sólo a una política del actual gobierno, es un planteamiento de Estado, que se encuentra en la Constitución, su sustento en la categoría de nación chilena, tal como la entiende el actual ordenamiento.
Hoy varias organizaciones mapuches han reclamado el reconocimiento del derecho de autodeterminación que les corresponde como pueblos, según reconoce en general la Carta de la ONU y, más específicamente la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007. Mediante este texto, la comunidad internacional ha reconocido expresamente que los indígenas nunca han perdido su personalidad internacional como pueblos o naciones.
Este instrumento del derecho internacional desafía abiertamente al modelo chileno, que identifica al Estado con la "nación y a ésta con el "Estado", bajo el elemento material de un territorio geográfico y cultural. De ahí que no sea posible, bajo la actual Constitución, pensar que un Estado comprenda a varias naciones a la vez. Imaginar un Estado plurinacional es una idea que parecía imposible en el siglo XIX, pero que poco a poco va adquiriendo más consistencia. Un ejemplo claro al respecto es nuestro vecino Bolivia, se ha pasado a denominar oficialmente, desde el 18 de marzo 2009, "Estado Plurinacional de Bolivia".
Los gobiernos chilenos siempre han funcionado bajo conceptos unificadores y uniformadores, que busca construir, sin valorizar nuestra diversidad, una única nación irradiada y distribuida en un "único" Estado, un único país, con un sistema de gobierno único y centralizado en todo el territorio. Este objetivo se explica en el siglo XIX, cuando el Estado no llegaba muy lejos de seis y/o ocho manzanas del centro de Santiago.
Hoy vemos que el desierto nortino y los bosques australes están muy lejos para estar integrados a una comunidad eficiente. Estos objetivos decimonónicos ya se han alcanzado, y de sobra, sin embargo el afán centralista, unitario, uniformador, no cesa en su empeño.
Tal vez es hora de repensar el centralismo unificador y uniformente de la legislación, de explorar una nueva forma de entender la unidad y la cooperación, bajo un mismo Estado, pero desde la diversidad de los pueblos que la componen. Esto supone reconocer que en Chile cohabitan varias naciones que no participaron ni se sienten representadas por el Estado chileno monocultural.
Hoy más que nunca es necesario que las nuevas autoridades asuman un cambio profundo a nuestra legislación, y valorizar un sentimiento ciudadano de lograr un Estado Chileno Plurinacional en que todas las naciones que cohabitan en Chile, reconociéndose como iguales y en igualdad de condiciones, puedan acordar crear un Estado plurinacional que represente y exprese las identidades diferenciadas en todas las instituciones y políticas públicas y privadas.
Sólo así será posible construir una nación de naciones, pero con un solo Estado con autonomía territoriales en diferentes niveles. Lograr imaginar este proceso se requiere socializar y incorporar una definición alternativa de derecho, que no se reduzca a las normas producidas exclusivamente por el Estado, se trata de una concepción de pluralismo jurídico donde coexistan dos o más ordenes jurídicos en un mismo ámbito de tiempo y de espacio.
Incorporarse a estas discusiones puede ser un aporte fundamental en la construcción del Chile del bicentenario, como un Estado capaz de reconocer y legitimar formas de vivir y pensar de seres humanos, que han sido negados en nuestra historia. Es hora de dejar atrás un modelo único y uniformizante, que ha naturalizado las asimetrías sociales, para lograr entre todos, y el futuro gobierno de Chile un Estado integrador que atienda a sus desigualdades y diferencias...
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