Familiares de una treintena de comuneros mapuches, que permanecen en huelga de hambre desde hace un mes en diferentes penales del sur de Chile, llegaron a esta capital para denunciar irregularidades en sus procesos penales y promover instancias de diálogo con las autoridades.
Por Daniela Estrada
Agencia IPS / http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=96147
La huelga de hambre responde "a la desesperanza de los comuneros, que ven que se empiezan a cerrar todas las puertas y que no hay ninguna disposición política a dialogar y reconocer el conflicto", dijo a IPS Fernando Lira, presidente de la no gubernamental agrupación Liberar, que presta asistencia jurídica a los comuneros.
El 12 de julio, 20 mapuches, autodenominados presos políticos, iniciaron una huelga de hambre líquida, a la que se fueron sumando otros indígenas, hasta sumar 32 repartidos en cinco cárceles del sur. Los huelguistas han perdido entre siete y 12 kilos y padecen náuseas, mareos, desorientación, bajas de presión arterial y calambres.
"Van a llegar hasta las últimas consecuencias", dijo a IPS María Tralcal, vocera de los huelguistas, quien integra una delegación que arribó el miércoles a Santiago para denunciar la situación de los comuneros acusados de delitos como incendio terrorista, homicidio frustrado, lesiones, amenazas y asociación ilícita.
El mismo miércoles se reunieron con legisladores en la sede del Congreso en Valparaíso, a 120 kilómetros al oeste de Santiago, y este jueves fueron recibidos por el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, mientras preparan encuentros con representantes de organizaciones sociales.
Según Tralcal, los comuneros aprendieron de otras huelgas de hambre realizadas por indígenas en años recientes, en que destaca la que protagonizó Patricia Troncoso, la activista mapuche que mantuvo un ayuno de más de 100 días en 2007 y 2008.
Troncoso obtuvo con su protesta beneficios carcelarios, pero no logró que se modificara la controvertida ley antiterrorista con que se juzga a algunos mapuches, como había sido el compromiso de parlamentarios.
De acuerdo a Lira, actualmente hay 58 presos políticos mapuches vinculados a reivindicaciones ancestrales.
Numerosas comunidades mapuches, el pueblo indígena más numeroso de Chile, exigen la restitución de sus tierras originales, que comprenden las sureñas regiones de Bíobío, Los Ríos, Araucanía y Los Lagos, despojadas por el Estado a fines del siglo XIX y entregadas a particulares.
Los miembros de esta etnia consideran insuficientes las políticas indígenas implementadas por la centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia, que gobernó Chile hasta marzo de este año, desde la restitución democrática en 1990.
Las tomas de predios privados ejercidas por grupos mapuches recibieron una dura respuesta del gobierno de Michelle Bachelet (2006-marzo 2010), al punto de que dos jóvenes comuneros fueron muertos por policías durante esas acciones: Matías Catrileo, en 2008, y Jaime Mendoza Collío, en 2009.
La justicia militar, encargada de los dos casos, no ha dictado sentencia hasta ahora.
Justamente este jueves se cumplió un año de la muerte de Mendoza, al que sus familiares recordaron con varias actividades.
Para deponer su protesta, los huelguistas mapuches exigen que se deje de aplicar en sus casos la ley antiterrorista impuesta por el dictador Augusto Pinochet (1973-1990).
Esta norma permite investigaciones judiciales secretas y la presentación de testigos protegidos y eventualmente compensados por su delación. Además, faculta el extender por largo periodo la prisión preventiva y dictar altísimas penas para los condenados.
Otra demanda es el fin de los "dobles juzgamientos". Algunos mapuches son procesados por el mismo delito por la justicia civil y por la militar, cuando en su causa están involucrados integrantes de las Fuerzas Armadas y de carabineros (policía militarizada), y después se les suman las penas.
Es una "aberración jurídica" que sólo tiene lugar en Chile, dijo Lira.
Estos reclamos fueron acogidos por diversos organismos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
"Internacionalmente se ve el terrorismo cuando las personas atentan contra la integridad humana, contra las personas, y hasta el momento a manos de un mapuche no ha caído ningún civil, ningún policía, los únicos que han muerto son hermanos mapuches a manos de policías", fustigó Tralcal.
"Acá solamente tenemos atentados contra la propiedad privada, que deberían verse con las leyes civiles. Los hermanos sólo quieren juicios justos", arguyó.
Los mapuches denuncian ser víctimas de montajes policiales y judiciales, así como de torturas y malos tratos dentro de los penales.
Para Lira, una salida al conflicto sería la conformación de una mesa con todos los actores involucrados, pero hasta ahora el gobierno del presidente derechista Sebastián Piñera no se ha pronunciado al respecto, desde que inició su mandato el 11 de marzo.
Indígenas y activistas de derechos humanos han acusado al gobierno de "doble estándar" por negar la existencia del conflicto con el pueblo mapuche, mientras que recibe como refugiado político al disidente cubano, José Izquierdo, liberado por el gobierno de La Habana, y critica que haya "presos de conciencia" en la isla caribeña.
Lira también calificó como un "exceso" los intentos de vincular a los mapuches con grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con base en un informe en ese sentido enviado por la Fiscalía General colombiana al Ministerio Público chileno.
En este marco, el fiscal regional de Araucanía, Francisco Ljubetic, señaló que estudian la posibilidad de citar a declarar a ex guerrilleros y ex policías colombianos contra algunos mapuches.
"Los mapuches no secuestran, no matan a nadie", defendió Lira, para quien "ya son suficientes los testigos protegidos como para además importar testigos desde Colombia, que sabemos que son militares desmovilizados afines a la fiscalía colombiana".
Aucán Huilcamán, líder del Consejo de Todas las Tierras, acusó a la fiscalía de querer "colombianizar" el conflicto mapuche con el Estado chileno.
Los mapuches también denuncian un bloqueo informativo sobre la huelga y la presentación tendenciosa del conflicto en los grandes medios de comunicación.
Diversas organizaciones internacionales de solidaridad con la causa mapuche informaron sobre manifestaciones a favor de las reivindicaciones de los huelguistas durante la jornada en Bélgica, Francia, Holanda, Gran Bretaña y Suiza.(FIN/2010)
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