Tan lejos, tan cerca - Por Pedro CAYUQUEO

* Publicado originalmente en The Clinic, Edición del Jueves 16 de Septiembre de 2010 / www.theclinic.cl

Link: http://www.azkintuwe.org/sept_171.htm





Como mapuche, mil veces hubiera preferido hoy haber nacido al otro lado de los Andes. En Puelmapu, en la “tierra del este”, como llamamos nosotros al territorio conocido por el resto del planeta como la República Federal Argentina. Hace poco crucé nuevamente la frontera, invitado por organizaciones mapuches de aquel lado a compartir experiencias y aprendizajes en comunicación. No son pocos, debo decir. Según cifras oficiales, cerca de 300 mil mapuches viven entre las provincias de Buenos Aires y Chubut, incluyendo Neuquén y Río Negro. Y es que a pesar del silenciamiento de nuestra historia y poco más de cien años de colonialismo, porfiada es la memoria. No olvidamos. No lo hacen nuestros abuelos y menos aun podríamos nosotros.


“Somos parte de un solo pueblo, una misma nación”, escuche decir a jóvenes mapuches reunidos en “General Roca”, ciudad que homenajea con su nombre al general que comandó el genocidio indígena. Julio Argentino Roca, el general Custer de las pampas trasandinas, el Cornelio Saavedra del otro lado. Los mapuches, desde siempre, han llamado a esta ciudad “Fvske Menuco”. “Un solo pueblo dividido por dos Estados”, escuche decir a orgullosas mujeres mapuches de “Ingeniero Jacobacci”, en la desértica meseta de la línea sur de Río Negro. “Jacobacci”, era que no, homenajea a otro célebre responsable de la conquista argentina del territorio mapuche; el ingeniero italiano Guido Amadeo Jacobacci, jefe de obra del ferrocarril a la Patagonia. A “Jacobacci” los mapuches siempre la han llamado “Huahuel Niyeu”. Y es que a pesar de lo que diga la historia oficial, alguien recorrió esos parajes y bautizó los lugares mucho antes que los argentinos descendieran de los barcos, escuche decir a un emblemático lonko. “Y ese alguien fuimos los mapuches. ¿O acaso usted cree que el “che”, el “gente” de los argentinos, es pura casualidad?”, me interrogó entre risas.


Cuando en Chile la huelga de hambre mapuche se acerca peligrosamente al día 70 y el gobierno sigue sacando cuentas políticas antes de negociar una salida humanitaria, cruzar la cordillera puede resultar pedagógico. Tan lejos y tan cerca. Si bien ambos procesos de invasión territorial datan de la misma época, entre 1880 y 1886, el tratamiento que el Estado argentino ha otorgado a los mapuches, al menos en las últimas dos décadas, contrasta notablemente con el chileno. Desde 1994, reconocida está en la Carta Magna del país vecino la “preexistencia” de los mapuches al Estado. Es decir, se reconoce que son anteriores a éste y por tanto, depositarios de derechos. Qué decir de su carácter de “pueblo”, concepto usado en diversas legislaciones sectoriales y que a nadie pareciera escandalizar mayormente. Lo mismo sucede con el Convenio 169 de la OIT, aprobado por Argentina el año 1992 y ratificado y en plena vigencia desde el año 2000. Otro tanto con la bandera mapuche, usada de manera oficial en numerosas ciudades de la Provincia de Neuquén, las mismas donde lonkos y representantes indígenas forman parte de sus consejos comunales por derecho propio. El municipio de El Huecú, uno de ellos.


¿Es Argentina la copia feliz del Edén para los indígenas? En absoluto. Bien lo saben los mapuches y otra docena de pueblos originarios que habita al interior de sus fronteras, estos últimos principalmente en la zona centro-norte del país. Conflictos territoriales, avance de empresas multinacionales, negación de derechos consagrados en la ley e inclusive asesinatos de líderes indígenas no son fenómenos ajenos en el vecino país. Suceden y en el caso mapuche tales atropellos riman por lo general con Repsol, Pluspetrol, Pionner y Chevron, entre otras gigantes petroleras. O bien con mineras como Meridian Gold y Aquiline Resources. O terratenientes como Luciano Benetton, Joe Lewis o nuestro archiconocido Douglas Tompkins. De que hay conflictos no resueltos, los hay. Pero la diferencia tal vez radique en la voluntad del Estado argentino –y de algunos Estados provinciales, no todos- de abordarlos con altura de miras y no desde el cálculo político menor.


Prueba de ello es la Ley 26.160, denominada de “relevamiento territorial indígena”, aprobada el año 2006 por el Congreso argentino. Dicho cuerpo legal, una verdadera excentricidad de seguro para los legisladores chilenos, reconoce la legitimidad del reclamo territorial de las comunidades mapuches, “suspendiendo por un lapsus de 4 años la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo de los ocupantes indígenas” de las tierras en disputa. Dicha ley, prorrogada este año hasta el 2014, ha resultado vital para canalizar por la vía institucional conflictos territoriales de larga data y progresiva radicalización. Es lo que ha sucedido en la Provincia de Río Negro, donde un Parlamento Mapuche (leyó bien, un “Parlamento”) encabeza el proceso de intermediación entre las comunidades y los Estados provincial y nacional. Otro tanto sucede en la Provincia de Neuquén, donde similar rol cumple –no sin dificultades- la denominada Confederación Mapuche. Tan lejos, tan cerca.


¿Por qué no podría legislarse en Chile una normativa similar? ¿Qué impide que el Estado chileno, la clase política o las autoridades de turno sigan los pasos de sus pares trasandinos? Argentina, como punto de partida, reconoció el año 1994 en su Constitución Política aquello que resultaba a todas luces evidente para cualquier demócrata: que antes que argentinos, en suelo trasandino habitaron y habitan aun mocovies, pilagas, guaranies, huarpes, kollas, wichi, chorotes, tobas, mapuches y un largo etcétera de pueblos y naciones originarias. Y en base a este reconocimiento, que sobre todo es político, se han propuesto –como sociedad- avanzar hacia el reconocimiento de derechos y un efectivo nuevo trato. No ha sido una concesión gratuita del Estado o las autoridades de turno. Crédito en ello tiene el propio movimiento indígena trasandino, que sabiamente ha logrado articular sus demandas con plataformas de lucha social de una mayoría.


Y es que respetar los derechos de los pueblos originarios no solo beneficia a los indígenas, escuche decir a varios en Puelmapu. Implica más y mejor democracia para todos. Un mejor país donde vivir y educar a nuestros hijos, en definitiva. Este convencimiento fue lo que consagraron los argentinos al reconocer la “preexistencia” indígena el año 94’. Y lo hicieron en el principal contrato social firmado entre un Estado y el conjunto de sus ciudadanos, su Carta Magna. En este punto, ¿qué compromiso con Chile pueden sentir los huelguistas mapuches cuando el país ni siquiera les reconoce su existencia en la Constitución? ¿Qué “compromiso patrio” puede pedirles en estas fechas el Presidente Sebastian Piñera? ¿Qué Bicentenario están ellos y sus comunidades convocados a celebrar? “Chile, una nación única e indivisible”. Este fin de semana dicho absurdo también cumple 200 años.