Leonardo Crippa, abogado defensor de los clanes que reivindican tierras en Isla de Pascua, dice que está sorprendido con las medidas que ha tomado el Estado contra los pascuenses y del apoyo político hacia las policías para efectuar esos atropellos. “La existencia de víctimas de abuso policial no es un tema novedoso para la Comisión Interamericana, pero me sorprende que existan hasta hoy”, dice.
Por Ricardo Ahumada
Fuente: The Clinic
Cuando Leonardo Crippa dejó Isla de Pascua en agosto pasado en su primer viaje, se fue con una convicción: conseguir medidas cautelares para prevenir los violentos desalojos, a su juicio, en contra de los clanes que intentan reivindicar sus tierras. Algo que no había conseguido hasta el lunes pasado, 7 de febrero, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogió su demanda y obligó a Chile a cesar inmediatamente el uso de la violencia armada contra miembros del pueblo Rapa Nui.
“Yo presenté esto en octubre con la idea de que se tomaran medidas en octubre o noviembre, justamente para que no ocurrieran los desalojos colectivos violentos que hubo en diciembre”, explica el abogado argentino del prestigioso Estudio Indian Law Resource Center, especializados en casos de pueblos indígenas.
Pero la demora dejó a los clanes, entre ellos al clan Hito, sin una protección especial como pueblo originario frente al Estado de Chile, aún cuando existen antecedentes que lo obligarían a ser vistos por un tribunal civil y no militar. “Fue sorprendente que hasta el día de hoy eso no haya cambiado y que sea un poco de la tolerancia del Ejecutivo con respecto al actuar abusivo policial”, dice.
-¿Cómo partió tu relación con la isla?bold text
Nosotros fuimos requeridos para darles asistencia legal desde enero del año pasado. De ahí vinieron ellos en abril y fui yo a la isla en agosto pasado. Viajé a saber quiénes son los rapa nui, cuáles son sus necesidades legales, la situación por las que ellos atravesaban y qué podíamos hacer nosotros como buffette de abogados. A nosotros nos gusta representar a un pueblo y presentar demandas colectivas, que fue lo que encontramos.
-¿Después de tu visita decidieron representarlos?
Una de las decisiones que tomamos fue darle una asistencia legal inicial a la nación rapa nui en algo que a nos pareció absolutamente necesario: asegurar que el derecho a la vida y la integridad personal no sean violados por la situación que ya estaban viviendo en ese entonces. En agosto todavía no habían desalojos. Empezaron el 9 de septiembre con el clan Hito y eso nos obligó a acelerar la solicitud ante la comisión interamericana. Entre agosto y el 1 de octubre, 28 clanes me enviaron sus poderes para representarlos a nivel internacional. Todo esto para prevenir lo que pasó con posterioridad.
-¿Qué te llamó la atención de la isla?Yo desconocía todo. Toda la historia del pueblo rapa nui, Chile como Estado, la cultura rapa nui… y fue una impresión bastante grande, pero mi impresión mayor fue la determinación política de los clanes de que una vez por todas se consideren los derechos que ellos tienen como pueblo originario. Que ellos puedan decidir sobre asuntos rapa nui, dentro del marco de la relación que tienen con Chile y que no haya una imposición sobre ellos, política u otros niveles, sin considerar las legítimas demandas que ellos tienen.
-¿Te sorprendió esa determinación?Muchísimo, porque nunca estuve en un territorio indígena determinado tan claramente limitado. No había duda de que es un territorio indígena. Había sitios sagrados por todas partes, posesiones, historias. Para mi fue muy fuerte hablar con ancianos, que por la relación nueva que tienen con Chile, de sólo 130 años, son testimonios vivos de lo que ha ocurrido. Desde los ancianos hasta los más jóvenes hablaban el idioma rapa nui, mantenían viva la cultura rapa nui, tienen su sistema de autogobierno por medio de los clanes. Son fuertes, independientes pero conectados entre sí.
-¿Qué pasó después del viaje?
Noté mucho cansancio del pueblo rapa nui con la forma en que los tratan desde Chile. Eso también fue fuerte para mi, con una historia tan reciente. Mira, las medidas cautelares atienden un fin por un período determinado. La finalidad es prevenir la violación de derechos que están protegidos por la Convención de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica. Es un tratado ratificado por Chile y la convención tiene competencia para solucionar los conflictos que surgen de ese tratado. Entre ellas, está la obligación de perpetuar derechos y prevenir violaciones. Mientras haya una situación fáctica que amerite protección, esas medidas se van a mantener.
Violencia avalada por el Gobierno
-¿Cuando hablas de situación fáctica, te refieres a los desalojos o otras actitudes?
No es solamente por los desalojos. La planteé porque existen al menos 4 o 5 temas que afectan la integridad de los rapa nui. Entre otras, están la falta de control estatal sobre la inmigración a la isla, la falta de provisión de servicios médicos adecuados a los rapa nui y toda la demás población de la isla. El hospital Hanga Roa carece de elementos y recursos humanos para una atención de salud como la que reciben los chilenos en la parte continental.
También habían indicios de que iban a existir desalojos colectivos violentos, teniendo presente lo que había pasado en septiembre con el clan Hito, y que habrían ilegalidades potenciales en el marco del desarrollo de esos desalojos.
-¿Qué te pareció el actuar de la policía en ellos?
Jamás me imaginé que abría la violencia como la que se vió y la persistencia de la política represiva de una actuar policial tan violento contra los rapa nui. Nunca estuvo en mi imaginación ver algo así y fue muy fuerte para mi porque presenté esto en octubre con la idea de que se tomaran medidas ya, en octubre o en noviembre, justamente para que no ocurrieran los desalojos colectivos violentos que hubo en diciembre.
-Pero la resolución vino recién ahora
Claro. Y todo lo que pasó aparte, porque al margen de los desalojos hay gente que todavía tiene perdigones en el cuerpo y que están buscando atención médica en Tahiti. O algunos rapa nui que están saliendo de la isla para obtener apoyo para ser atendidos bien porque si los envían al hospital Hanga Roa van a ser enviados a un hospital de otra región y se le podrían aplicar leyes penales o leyes antiterroristas y se verían privados de libertad.
El rol de Interior
Tú buscabas impedir esto con las medidas cautelares
Obviamente que como se desarrollaron los acontecimientos el enfoque fue el actuar violento de la policía, de los desalojos llevados a cabo sin orden judicial ni autoridad competente, desalojos llevados a cabo a través de órdenes de cateo y no de desalojo, por ejemplo. Y el discurso político de diálogo con el pueblo rapa nui de Santiago a través de las mesas de trabajo y que los clanes desconocían.
Cuando emitieron información sobre eso yo tuve que averiguar, y no fue sorpresivo, que habían mesas de trabajo promovidas por la Vicepresidencia de la República en rapa nui que los clanes que yo representaba no estaban participando. Que habían negativas para incluir en ellas al clan Hito, por ejemplo.
Y que de los 60 días que se dieron como plazo para dar un resultado pasaron muchos más y no hubo resultados. Eso fue un argumento político en el marco del procedimiento del CIDH con respecto a las medidas cautelares y cuando me tocó afrontar esa realidad para mi fue toda una sorpresa. Nunca esperé ver cómo actúan las policías y el apoyo político que tienen del Ejecutivo y ver cómo en Chile no hay un mecanismo de gobierno encargado de coordinar estos temas.
-¿Y cuál fue la respuesta de Chile?
Me imagino que hoy con la decisión de la CIDH debe haber toda una revolución interna ministerial porque no existe un organismo así, porque el ministerio de Relaciones Exteriores está recibiendo estas instrucciones y de repente está viendo cómo le da cabida. Y hay un plazo de 10 días en que tienen que presentar un informe.
La verdad es que también estoy aprendiendo como el Estado de Chile reacciona a estos temas sin la violencia policial y la justicia militar, en torno a que la existencia de víctimas de abuso policial es un tema no novedoso para la Comisión y para el sistema Interamericano, porque ya hay antecedentes contra Chile por este tema.
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