Juicio en Cañete: Alegatos de clausura 15 de febrero

Finalmente, la Defensa de los presos políticos mapuche renunció a la mayoría de las pruebas y testigos de coartada, puesto que estas se hicieron innecesarias, ya que todos los montajes del Ministerio Público cayeron por su propio peso.

Por Wichan

Montaje 1: Incendios Terroristas

Acusación basada en las supuestas declaraciones de cuatro testigos secretos. Sin embargo, estos cuatro comuneros, uno tras otro, denunciaron las presiones indebidas de las que habían sido objeto para declarar en contra de sus peñi, incluyendo torturas, por parte de carabineros y fiscales. Por lo tanto, los únicos testigos presentados en el Tribunal fueron carabineros que declararon como “testigos de oídas” (Capitán Marcelo Sáez y otros).

Recordemos que esta carpeta de investigación fue caratulada como Ramón Llanquileo y otros... y tuvo su primer traspié cuando el Ministerio Publico se enteró que Llanquileo había estado en el extranjero cuando ocurrieron los hechos.

Dicha acusación estaba dirigida también a Héctor LLaitul, Marco y Juan Carlos Millanao, Cesar Painemil, Simón Millas, Andrés Santi.

Montaje 2: Asociación Ilícita Terrorista y Asociación Delictual para el robo de madera

Estos delitos se configuran, principalmente, cuando se realiza la mal llamada Reformalización, en Marzo del 2010. Esta Asociación Ilícita, o presunta mafia con guardias armadas, estaría conformada por los actuales imputados y tendría una estructura muy definida. Sin embargo, durante el Juicio Oral quedó de manifiesto que en dicha época parte importante de los acusados no se encontraba en la zona, por ejemplo: Ramón Llanquileo estaba en el extranjero, Héctor LLaitul estaba preso, Jonathan Huillical estudiaba en el Liceo de Lonquimay y Luis Menares trabajaba en Temuco, obviamente, si la acusación cae para algunos, cae para todos.

Montaje 3: Robo con Intimidación a Santos Jorquera

Esta acusación se basa en el testimonio de “testigos secretos” los cuales reconocieron haber estado bebiendo alcohol en la chichera de Jorquera, cuando ocurrieron los hechos de los cuales son testigos, además, el que escuchó es sordo y el que vio es corto de vista.

Al mismo tiempo en declaración voluntaria a los observadores de la Asociación Americana de Juristas, el mismo Santos Jorquera señala que: “fue mi sobrino quien vino a la casa y robo mis escopetas y celulares”, refiriéndose a Javier Navarro Jorquera quien fue otro de los “testigos secretos”.

Pero lo más grave de todo que quedó establecido en el Tribunal, por el testimonio de testigos e informes de violaciones a los derechos humanos, como el Informe Valech, es que Santos Jorquera fue un colaborador de los órganos represivos de la Dictadura y que facilitó su Camping, casa y galpones como Centro de Detención y Tortura.

Actualmente existe una querella en su contra cuya investigación está a cargo del Juez Carlos Aldana de la Corte de Apelaciones de Concepción.

Montaje 4: Emboscada al Fiscal Elgueta

Esta acusación se basa, principalmente, en el testimonio de dos “testigos secretos”, ambos ex imputados confesos de diferentes delitos (Elcides Pilquiman y Javier Navarro), lo que quedó establecido, pese a las objeciones, en el contrainterrogatorio de la Defensa.

Se basa, además, en un sin número de interpretaciones de escuchas telefónicas, manipuladas y sacadas de contexto, que en ninguno de los casos pudieron situar a los acusados en el lugar de los hechos. Para la PDI decir “arriba” era decir “Fundo La Puntilla”, decir “trabajo” era “robar madera”, decir “escuela Conoco” era decir \"Escuela de Choque”, “perece que viene un operativo” es “emboscada a carabineros” y no allanamiento a la comunidad, etc. etc. etc.

Pero finalmente, fueron los propios carabineros (Jefes y funcionarios que iban en la caravana que allanó la Comunidad aquella noche), quienes, como testigos del Ministerio Público, desestimaron la tesis de la emboscada, señalando que sólo se trató de enfrentamientos.

En síntesis, tres meses de mentiras, de coerciones a testigos dentro y fuera del Tribunal, de sucesivas objeciones a la defensa que limitaron su labor, de testigos de oídas y “testigos secretos”, de arrebatos racistas y jueces permisivos de todas estas violaciones al debido proceso amparadas por la Ley Antiterrorista. Para lo cual el Estado Chileno desplegó y gastó una enorme cantidad de recursos de todo tipo.

Un Juicio que fue en sí mismo un gran y burdo montaje, que no resiste análisis...