Inquietud provocó la moción de un grupo de diputados de RN que busca suspender el acceso a la libertad condicional en los procesamientos por Ley Antiterrorista y otros delitos de alta connotación social. Y es que teniendo en cuenta cómo se aplica esta legislación en la actualidad, el abogado José Aylwin afirmó que “las modificaciones que se hagan van a impactar de una manera sustancial al mundo mapuche”. De todas formas, desde las comunidades indicaron que esta iniciativa se corresponde con la actitud contradictoria que ha tenido el Gobierno en este tema
Por: Rodrigo Alarcón y Loreto Soto
Fuente: Radio Universidad de Chile
A pocos meses de que el Gobierno se comprometiera a no volver a aplicar la Ley Antiterrorista en juicios ligados a la causa mapuche, una moción presentada por un grupo de diputados de Renovación Nacional podría truncar los avances que lograron los comuneros después de la extensa huelga de hambre del año pasado.
La iniciativa legal -patrocinada por Pedro Browne, Cristián Monckeberg, Gaspar Rivas y Frank Sauerbaum- busca consagrar la prisión preventiva como única medida cautelar en los procesos que involucren conductas terroristas, lavado de dinero, secuestro, violación y, en general, delitos de alta connotación social.
El diputado Sauerbaum explicó que el proyecto permite “una segunda instancia para que la Corte Suprema defina si se merece y amerita la libertad provisional o la prisión preventiva. En el fondo, para poner un poco más de obstáculos, para que esta gente no pueda salir rápidamente luego de haber sido acusada de un delito grave”.
Y pese a que los legisladores aseguraron que el texto legal cubriría el vacío legal que existe en torno al procesamiento de las personas que comenten ese tipo de delitos, en la actualidad existen muy pocos casos en los que se aplica la Ley Antiterrorista. En general, sólo se remiten a los juicios relacionados con los mapuche.
Según indicó el co-director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, este proyecto además contraviene la normativa vigente a nivel judicial. “Es un proyecto de ley que llama mucho la atención porque el Código Procesal Penal y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen la libertad como una regla general y la prisión preventiva como una excepción”, comentó el abogado.
Disposiciones que quedan nulas en los casos donde se aplica la Ley Antiterrorista. En la práctica, los mapuche que están siendo procesados bajo esta legislación permanecen en prisión preventiva, en promedio, cerca de un año. “En muchos casos, posteriormente estas personas son absueltas por falta de fundamentos y pruebas, y eso demuestra la aberración que significa el período extremadamente largo de prisión preventiva, donde no se puede obtener la libertad, con un daño para la vida privada y familiar que después no es reparado por nadie”, aseguró Aylwin.
Por lo mismo, el abogado especialista en temas indígenas afirmó que “las modificaciones que se hagan van a impactar de una manera sustancial al mundo mapuche” y añadió que, aunque no se sabe “cuál es la intencionalidad detrás de los legisladores que la proponen, indudablemente sus implicancias concretas van a afectar de una manera determinante a los imputados mapuche por Ley Antiterrorista”.
La jugada de los parlamentarios oficialistas tampoco sorprendió a las comunidades mapuche, que sostuvieron que, pese a los acuerdos alcanzados, el Gobierno mantiene una actitud paradójica respecto del tema.
En esa línea, la vocera de los mapuche presos en la cárcel El Manzano, que están siendo juzgados en Cañete, Natividad Llanquileo, señaló que este tipo de medidas grafican claramente las contradicciones que han manifestado las autoridades durante todo este tiempo. “Nos ha quedado demostrado que nos dicen una cosa, pero que en la práctica hacen otra. Ya estamos desconfiando seriamente de la palabra empeñada por el Gobierno”, dijo.
Aunque después de la huelga de hambre La Moneda se mostró disponible para reformar la Ley Antiterrorista y desistir de las querellas, la normativa no fue modificada en los aspectos que han sido más criticados por las instancias internacionales, como la utilización de testigos protegidos y la tipificación del incendio como delito terrorista. “Si bien se mejora la normativa relativa a la protección de los testigos, en la práctica, como hemos visto en el juicio de Cañete, se sigue utilizando declaraciones de testigos protegidos que son muy difíciles de contrainterrogar, lo que debilita el derecho al debido proceso. Entonces no es tan contradictorio con la actitud que esos mismos parlamentarios tuvieron en la discusión del Congreso, cuando se opusieron a una modificación más profunda de la ley, para hacerla compatible con los estándares de derechos humanos”, sentenció José Aylwin.
La moción ya pasó a su primer trámite legislativo, será analizada en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja y las comunidades ya advirtieron que, si existen penas condenatorias en el juicio de Cañete o se continúan fortaleciendo las iniciativas que los perjudiquen, el movimiento podría tornarse más duro.
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