La defensa de la familia del asesinado joven mapuche Jaime Mendoza Collío pidió la inhabilitación del general Alejandro Maggi -juez militar que debe resolver la culpabilidad o inocencia del único acusado por el crimen- por su pasado como miembro del organismo represor de la dictadura de Pinochet.
Por Christian Armaza Benavides
Fuente: El Ciudadano
Esta semana, Lorenzo Morales, abogado que lleva la causa, presentó una petición formal para exigir la inhabilitación del actual juez militar de Valdivia, general Alejandro Maggi (a la izquierda en la fotografía), por su pertenencia a la Central Nacional de Informaciones (CNI) durante la dictadura.
Al respecto, el abogado de la familia, pretende enviar una solicitud al presidente Sebastián Piñera, así como a Andrés Allamand, ministro de Defensa, en el que se manifiesta que resultaría contradictorio que un juez vinculado en el pasado a los organismos represivos de la dictadura pueda intervenir en el proceso, muy especialmente si se considera que dichos organismos provocaron la desaparición de pobladores mapuches.
En declaraciones a la prensa, el jurista precisó que “queremos salvaguardar la imparcialidad; creemos que el General, al haber participado en tiempo pretéritos en la CNI, tiene algunos aspectos a considerar a que tiene una posición ideológica”. Respecto a su participación en el organismo represivo, el abogado recalcó que la petición de inhabilitación (recusación) se fundamenta en hechos consignados en el Informe Rettig y en la Comisión de Tortura, que incluyen la desaparición de seis mapuches en la zona.
Para Morales, la parcialidad del juez es un riesgo que existe, ya que advirtió que “la Central Nacional de Informaciones no era una oficina pública cualquiera como el Sernac (Servicio Nacional del Consumidor), sino que se dedicó a exterminar a una parte de la población”. De esta forma, se busca que los abusos cometidos contra el pueblo mapuche sean conocidos a lo largo de todo el país.
Cabe recordar que Maggi es el juez encargado de dictaminar si se lleva a cabo la sentencia ordenada por la Justicia Militar (15 años de presidio efectivo) contra el cabo de Carabineros Patricio Jara Muñoz, o de sobreseerlo definitivamente de los cargos de violencia innecesaria con resultado de muerte.
Morales anunció que de mantenerse Maggi en su cargo, se pedirá el pronunciamiento de la Corte Marcial de Santiago, e incluso se podría acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
RECUERDO DE UN WEICHAFE
Jaime Facundo Mendoza Collío, joven comunero mapuche de 24 años, encontró la muerte el 12 de agosto de 2009, cuando en el fundo San Sebastián, perteneciente al agricultor Sergio González Jarpa, y en el contexto del proceso de recuperación de tierras, recibió un balazo por la espalda por parte de un carabinero, cuando éstos ingresaron al fundo para repeler la toma y expulsar a los mapuche.
Si bien en un primer momento, tanto Carabineros como las autoridades habían explicitado que la muerte había ocurrido en un contexto de “legítima defensa”, los peritajes del Servicio Médico Legal (SML) descartaron esta versión al indicar que el joven mapuche había muerto de un balazo por la espalda, seguramente, cuando intentaba huir. Por lo demás, los mismos comuneros aseguraron que mientras ellos tenían sólo palos y piedras, Carabineros contaba con armas de fuego.
Hasta el día de hoy, los funerales de Mendoza Collío, realizados en Requem Pillán, su comunidad de origen a 20 kilómetros al sur de Collipulli, son recordados como uno de los más multitudinarios y solemnes que se han realizado en la zona desde el inicio del proceso de recuperación de tierras.
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