La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembro en Chile, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y el Observatorio Ciudadano llaman a los tribunales de justicia a no aplicar la Ley Antiterrorista (LAT) y manifiestan necesidad de revisar nuevamente este instrumento legal por ser contrario a los estandares internacionales
En la comuna de Cañete (Región del Bío Bío), está en su etapa final un juicio en contra de 17 comuneros mapuches acusados de varios delitos bajo la LAT. Los más graves son por asociación ilícita, incendio y el ataque contra la comitiva del Fiscal del Ministerio Público, Mario Elgueta, ocurrido el 16 de octubre de 2008 luego de un operativo policial en la comuna de Tirúa.
Estos comuneros mapuches, junto a otros, iniciaron en julio de 2010 una huelga de hambre que duró más de 80 días, pidiendo juicios justos y exigiendo reformas a la justicia militar y a la LAT. Fruto de esta presión, el parlamento realizó reformas menores que permitieron eliminar los dobles juicios (ante la justicia militar), pero que no provocaron cambios sustantivos en la LAT. En tanto el gobierno se comprometió a pedir la no-aplicación de esta ley en los juicios ya iniciados.
En su primer informe anual del pasado mes de enero, el Instituto Nacional de Derechos Humanos expresa claramente que “la naturaleza de la Ley Antiterrorista y las graves consecuencias de su aplicación sobre las garantías individuales y procesales imponen que la invocación a una normativa de esta naturaleza, en el marco de un estado de derecho, sea excepcional […]. En ningún caso debe ser invocada para delitos comunes o la represión de actos o hechos de demanda o protesta social”.
“El desarrollo del juicio en Cañete ha dejado en evidencia que la Ley Antiterrorista sigue siendo un punto crítico que limita las garantías judiciales de los Mapuches y que otorga márgenes discrecionales de acción a la Fiscalía para perseguirlos” recordó José Aylwin, director del Observatorio ciudadano.
“Un hecho recurrente en este juicio son las denuncias sobre la debilidad de las pruebas y la utilización de testigos protegidos, que han dejado serias dudas sobre la veracidad de sus testimonios” dijo José Araya de Codepu.
Justamente esta debilidad de pruebas y la escasa seriedad de los testigos sin rostro llevó a los tribunales militares a absolver a cinco de estos comuneros, que estaban acusados de atentar en contra de funcionarios y vehículos policiales, por los mismos hechos del 16 de octubre de 2008.
Se ha generado un ambiente de presión en la persecución penal de los Mapuches, y se ha recurrido a herramientas cuestionables, como la LAT, para investigar y sancionar una serie de actos de violencia que han sido denunciados por agricultores y empresas forestales, y en las cuales el gobierno se ha hecho parte. Representantes de estos grupos, que viven en y explotan tierras que reclaman los Mapuches, han reconocido que exigieron la aplicación de esta ley, y son parte acusadora en este juicio.
“La situaciones conocidas en torno a este juicio, así como la dinámica generada por los medios de comunicación sobre hechos que involucran a los Mapuches, tienen como efecto la vulneración de las garantías procesales y el incumplimiento de la normativa internacional, que, como ha expresado el Relator Especial sobre pueblos indígenas “no contribuye a la búsqueda de soluciones constructivas orientadas a determinar las orígenes de la protesta” insistió Souhayr Belhassen, la presidenta de la FIDH.
En la parte final del juicio en Cañete, el gobierno, respetando el acuerdo logrado con los Mapuches durante la huelga de hambre, ha pedido la recalificación de los delitos bajo la ley común, desvirtuando que los hechos que se investigan puedan ser calificados de terroristas. Este hecho es un paso positivo, pero aun insuficiente ante el tenor de los cuestionamientos que se han hecho sobre la aplicación de esta ley.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembro en Chile, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y el Observatorio Ciudadano, llaman a los tribunales de justicia a no aplicar la ley antiterrorista e insisten en la necesidad de revisar nuevamente este instrumento, dado las limitadas reformas adoptadas en el año 2010.
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