Ley aprobada en el gobierno anterior permite a las comunidades exigir derechos sobre el litoral
Los territorios lafquenche han solicitado 27 espacios costeros: diez en Los Ríos, trece en Los Lagos, tres en La Araucanía y uno en la Región del Biobío.
Ley aprobada en el gobierno anterior permite a las comunidades exigir derechos sobre el litoral
Las comunidades lafquenches han solicitado 27 espacios costeros: diez en Los Ríos, trece en Los Lagos, tres en La Araucanía y uno en la Región del Biobío.
POr Pablo Obregón Castro
Hacia mediados de 2008, el gobierno de la ex Presidenta Bachelet promulgó la ley que entregó derechos a los pueblos originarios sobre el borde costero. El proyecto fue aprobado con un amplio consenso y se pensó que, con ese gesto, se estaba haciendo justicia con las comunidades lafquenches -mapuches del mar- que históricamente se dedicaron a la pesca de orilla y recolección de algas, entre otras actividades.
Se trataba de unos cuantos enclaves situados de Tirúa al sur, donde los mariscadores, pequeños pescadores artesanales y recolectores de algas realizaban sus tareas en aparente armonía con los sindicatos de pescadores no mapuches y con las embarcaciones semi-industriales que operaban en la zona.
El problema es que estos tres años que transcurrieron desde la promulgación de la ley -aparentemente inocua- no pasaron en vano para la dirigencia mapuche: durante este tiempo, se constituyeron comunidades costeras que ahora exigen derechos sobre casi el 75% del litoral de la Región de Los Ríos, con lo cual se mantienen congeladas prácticamente todas las concesiones para otros actores.
La estrategia seguida por los líderes mapuches es muy similar a la observada en los albores del conflicto de tierras en la Novena Región: constitución de comunidades y, luego, reivindicación del espacio que consideran propio, según explica el intendente de Los Ríos, Juan Andrés Varas.
"La ley despertó amplio consenso porque su espíritu buscaba reivindicar derechos consuetudinarios de los pueblos originarios en el litoral costero. Pero el tema ha reflotado ahora debido a que se encuentran suspendidas la totalidad de las solicitudes de concesiones y destinaciones presentadas por otros actores en el borde costero", reclama.
Antes de recibir las concesiones, las comunidades deben acreditar derechos históricos sobre esos espacios. Sin embargo, mientras dura ese trámite a cargo de la Conadi (entre otras reparticiones públicas), todas las actividades alternativas se mantienen congeladas.
El ejemplo más claro de aquello es que las fortificaciones proyectadas para este año en Fuerte Niebla -a cargo del MOP- no han podido materializarse porque la zona aledaña es reclamada por comunidades huilliches, dice Varas.
Conflicto en ascenso
Tal como reconocen los propios dirigentes mapuches, el conflicto irá en ascenso en la medida que las familias conozcan los derechos que les otorga esta ley. Desde su entrada en vigencia, ya han sido solicitados 27 espacios costeros, según informa la Subsecretaría de Pesca en su página institucional. De ese total, diez corresponden a Los Ríos, trece a Los Lagos, tres a La Araucanía y una a la Región del Biobío.
En el caso de Los Ríos, tres solicitudes comprenden desde el límite con la Región de La Araucanía hasta la localidad de Huiro (Comuna de Corral).
Una de las zonas donde se presenta la situación más compleja es en el mar interior de Chiloé. Según el gerente general de Salmón Chile, Carlos Odebret, el gremio advirtió en su minuto sobre el cruce de intereses que podría presentarse en esta zona una vez que la ley estuviera en régimen. "Es un tema complejo porque las comunidades solicitan uso preferente de cierta zona y, por otro lado, la ley establece que no se pueden afectar los derechos adquiridos", explica.
En la misma línea, el coordinador de la Federación Huilliche de Chiloé, Sergio Cuyul, explica que hasta el momento la aplicación de la ley ha sido prácticamente nula porque, por mucho que las comunidades logren acreditar el uso histórico de un territorio, en los mares interiores del archipiélago no quedan espacios para los indígenas.
"En el mar interior no quedan espacios para que la ley sea implementada, está todo concesionado a la salmonicultura y el cultivo de choritos. Necesitamos sentarnos todos los actores y planificar en conjunto, porque de lo contrario vamos derecho a una explosión social", señala.
Para Varas, en tanto, hay algunos aspectos que pueden resolverse con una mayor eficiencia en la tramitación administrativa de las solicitudes de los lafquenches, pero hay otras materias que sólo podrán resolverse mediante una modificación legislativa que permita compatibilizar el derecho de los pueblos originarios con el desarrollo de los sectores productivos.
Doscientas comunidades costeras
El ex alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, es uno de los dirigentes que han impulsado la constitución de comunidades costeras y la demanda por esos territorios. Dice que en su zona (el Golfo de Arauco al sur) existen cerca de 200 comunidades que, posteriormente, entrarán en la fase de acreditar derechos históricos sobre territorios ancestrales.
Lo que descarta de plano, eso sí, es que las comunidades quieran desplazar a otros actores, como los pescadores artesanales no mapuches: "lo que la ley nos garantiza es la administración de ese espacio costero, pero el uso puede ser compartido en la medida en que un sindicato de pescadores, por ejemplo, se entienda con las comunidades que acrediten derechos consuetudinarios".
Una vez que una comunidad logra demostrar el uso histórico de un territorio, puede determinar un tipo de administración, y si una industria quiere operar en estos territorios, tiene que entenderse con las comunidades locales, dice.
Fuente: El Mercurio (25.09.2011)
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