En histórica votación la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 13 de septiembre del 2007 la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. 143 votos a favor; 4 en contra (Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia) y 11 abstenciones (entre ellos Colombia). Chile votó a favor con un ambiguo e impresentable discurso.
La Declaración reconoce a los pueblos indígenas como titulares del derecho a la libre determinación, un principio de ius cogens, que constituye su principio fundacional. Tal como ya esta establecido en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, los pueblos "En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural."…
La Declaración tiene efectos jurídicos y políticos. Por un lado, se integra al corpus del derecho internacional, e interpreta las Convenciones de Derechos Humanos vinculantes para los estados, reafirmando la jurisprudencia ya acumulada. Por otro lado, los principios, derechos y estándares de la Declaración, constituyen una referencia obligada para una nueva relación política ente estados y pueblos indígenas, fundada en los principios de la justicia, la democracia, la no discriminación, el respeto de los derechos humanos, así fue presentada por el Centro de Políticas Públicas y Derechos Indígenas..
Cabe mencionar, que dicha declaración, inmediatamente aprobada, los movimientos indígenas en diversos países y sectores democráticos han emprendido la tarea de la implementación. Se diseñan planes de acción que comprometan a los estados, se dictan leyes, se exhorta a las instituciones públicas y de sociedad civil a asumir la Declaración en sus directrices, y se comienza la revisión de las legislaciones sectoriales y políticas públicas a la luz de la Declaración. Chile y otros países de la región continúan sin democratizarse, en la era arcaica, sin evolucionar.
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