Se señala: "A nuestro pueblo, a los medios de comunicación y a quienes se interesan por la realidad de los pueblos originarios: Diversos integrantes de la Comunidad de Historia Mapuche, más personas, organizaciones y comunidades de nuestro pueblo, hemos seguido con preocupación la conformación del Centro Interdisciplinario de EstudiosInterculturales e Indígenas financiado por el Fondo de Investigación Avanzada en Áreas Prioritarias (FONDAP) de CONICYT, que se adjudicó 4000 millones de pesos para investigación en temas indígenas..."
Declaración pública
Ante la creación del Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales e Indígenas financiado por el Fondo de Investigación Avanzada en Áreas Prioritarias (FONDAP) de CONICYT en Chile, las personas abajo firmantes declaramos lo siguiente:
1. Nos preocupa sobremanera el millonario financiamiento para la investigación sobre “temas indígenas” adjudicado a fines de 2012 a la Pontificia Universidad Católica de Chile, en asociación con la Universidad Diego Portales y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, a través del Fondo Nacional de Investigación en Áreas Prioritarias (FONDAP) y dependiente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnólogica (CONICYT). Este fondo público ha sido asignado bajo el supuesto de crear y mantener centros de investigación de excelencia con la finalidad de “producir un cambio cualitativo en la calidad de la ciencia y en la formación de investigadores jóvenes en las respectivas áreas”.
2. Con este supuesto, el Estado chileno ha asignado a las instituciones arriba mencionadas alrededor de cuatro mil millones de pesos (8 millones de dólares aproximadamente), lo que constituye un altísimo monto de dinero para investigación “sobre” pueblos indígenas. Creemos que es necesario realizar un profundo análisis respecto a los objetivos de este centro y a su real aporte a la transformación de las actuales relaciones políticas, económicas, culturales y jurídicas entre los pueblos indígenas, el Estado, la sociedad civil, las universidades y los centros de investigación. ¿Hasta qué punto estas políticas institucionales de la academia chilena realmente contribuyen a la permanencia de los saberes de nuestros pueblos y a “la calidad de la ciencia” que se invoca?.
3. Sabemos que la investigación constituye un área estratégica del conocimiento que bien utilizada puede contribuir a modificar visiones sesgadas, discriminatorias, paternales o asistencialistas. Pero sabemos también que éstas no pueden cambiar ni aportar en temas como este sin la participación efectiva de los propios integrantes de estos pueblos, tanto de aquellos que cumplen roles tradicionales o funcionales como de aquellos graduados y postgraduados que se dedican a la defensa, difusión, denuncia, promoción, desarrollo y al estudio de la realidad indígena. Hoy en día nuevas corrientes locales y mundiales sitúan la producción de conocimientos más allá de la universidad y en amplios procesos colaborativos. Al no hacerse cargo de estos desafíos, este tipo de convocatorias, con el silencio cómplice de la academia chilena, constituye una prueba de las actuales limitaciones institucionales, metodológicas y teóricas de las políticas de conocimiento en Chile y de la profunda crisis de la misma institución universitaria.
4. En este sentido, nos llama la atención que montos económicos tan elevados para investigar la situación de los diversos pueblos originarios en Chile se destinen únicamente a entes académicos convencionales, la mayoría de los cuales tienen escasa relación, compromiso y conocimiento de las diferentes culturas de los pueblos indígenas. Considérese que en Chile los proyectos de investigación sobre pueblos indígenas en general son escasos, al igual que los investigadores no indígenas especializados en estos temas. Desde este punto de vista sorprende el interés que hubo desde distintas universidades frente a este fondo. Pero sorprende también que CONICYT asigne dinero a instituciones que no tienen una trayectoria ni una producción seria, maciza y continua frente a estos temas. Lamentablemente esto devela que la exclusión y la desigualdad que enfrentan los pueblos indígenas no sólo es un negocio rentable para minorías económicas sino que también para elites académicas, “especializadas” en una continúa práctica de extractivismo tanto de recursos materiales y mano de obra como de conocimientos provenientes de nuestros territorios.
5. En relación con el punto anterior, creemos que el acotamiento del concurso a este tipo de unidades académicas refleja falta de imaginación y de voluntad para re-pensar y re-definir las políticas públicas en torno a los pueblos indígenas, sus conocimientos y sus culturas, vulnerando nuestros derechos consagrados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (ONU), ambos instrumentos jurídicos ratificados por el Estado de Chile a finales de la pasada década. Esta convocatoria pone de manifiesto una práctica y una mentalidad de tipo colonial que ha sido develada hace décadas por otras academias y movimientos indígenas del continente; se evidencian así desigualdades y jerarquías socio-raciales que tienen lugar y que se reproducen también en los espacios académicos.
6. Por ello, consideramos que es un grave error, desde el punto de vista jurídico, ético, político y académico, dejar de lado la participación de instituciones, comunidades u organizaciones de los propios pueblos indígenas en el área de investigación. Cabe señalar, para el conocimiento general, que desde inicios del siglo XX en Chile se han desarrollado estudios, formulado diagnósticos y realizado propuestas respecto a los pueblos indígenas y sus relaciones con el Estado y la sociedad chilena en el contexto internacional y global, por integrantes de estos mismos pueblos. Existen efectivos y notables aportes de pensamiento y de métodos de trabajo por parte de personas sabias, organizaciones comunitarias, e investigadoras e investigadores provenientes de los pueblos Mapuche, Aymara, Quechua, Rapa Nui, Kaweskar, Yagan, Likan Antay y Collas.
7. En este sentido, rechazamos las políticas de tutelaje que subyacen en estas decisiones y adjudicaciones, aquellas que funcionan desde un sustrato ideológico racista y colonialista que asume que las personas indígenas no están capacitadas para investigar, que su lugar debe reducirse a “objetos de estudio” o limitarse a ser “informantes” o “colaboradores”. Esta política ubica a las personas y comunidades indígenas en posiciones marginales dentro de programas de investigación pre-definidos, dirigidos y ejecutados desde una visión académica colonialista. En su contraparte, reconocemos la existencia de miembros de la comunidad académica en Chile que no comparten esta política hegemónica. Por lo mismo, creemos que, con respecto a los pueblos indígenas, es posible hacer el esfuerzo por concebir e implementar relaciones no tutelares en el ámbito de la investigación y los conocimientos.
8. Por tanto, exhortamos al Estado, sus instituciones y sus organismos generadores de políticas investigativas, tales como el Consejo de Rectores y CONICYT, a destinar los recursos públicos que involucren a los pueblos indígenas siguiendo las normativas vigentes, ratificadas o suscritas por el Estado chileno, tales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, es decir, previa consulta a los pueblos originarios, cuestión omitida en este caso. No se trata de una cuestión de inclusión o de “discriminación positiva”, sino de derechos. Estos deben respetarse y no ser violados.
9. En el mismo sentido, exigimos transparencia en el proceso de adjudicación de recursos, en las políticas de investigación y contrataciones de “especialistas”, y la participación de personas indígenas en estos procesos, más allá de una “colaboración” asimétrica y marginal dentro de programas de investigación pre-definidos. Esto nos parece una cuestión ética mínima cuando se trata de “contribuir a una mayor comprensión y bienestar de los pueblos indígenas”; más aun, también implica una cuestión académica que ya las teorías descolonizadoras de los saberes y las prácticas investigativas que hoy recorren el mundo han puesto sobre la mesa.
10. En atención a lo expuesto, solicitamos de CONICYT un pronunciamiento claro. Creemos urgente que los abajo firmantes y la opinión pública contemos con una respuesta específica con respecto al enfoque y a los criterios con que CONICYT evalúa las investigaciones y los proyectos sobre pueblos indígenas, especialmente considerando las normativas internacionales sobre consulta y participación indígena referidas en la presente declaración.
Es hora que CONICYT y las instituciones universitarias asuman una apertura efectiva a las propuestas provenientes de colectivos de investigadores e investigadoras indígenas y no indígenas que apunten a corregir.
lo arriba denunciado. Es fundamental que las políticas de investigación sobre pueblos originarios sean consultadas con las personas y comunidades involucradas, en procesos colaborativos, desde condiciones de horizontalidad, estableciendo protocolos claros y discutidos y, sobre todo, respondiendo a necesidades reales de los propios pueblos. Si efectivamente se quiere “contribuir a una mayor comprensión y bienestar de los pueblos indígenas” se necesita ir un poco más allá del renombre académico de ciertas personas, de la perpetuación de ciertas jerarquías sociales e institucionales, o del “bienestar” económico de centros universitarios que ya gozan de reconocido estatus de elite. Estas asignaciones de millonarios presupuestos a este tipo de entidades y personas se hace, una vez más, a costa de visualizarnos como “objeto de investigación”, sin cuestionar ni desmantelar prácticas coloniales de poder y conocimiento ni contribuir mayormente a la vida de los pueblos indígenas.
Wallmapu, Walüng, 26 de Febrero 2013
http://www.mapuexpress.net/
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