Un nuevo reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se hará efectivo una vez que la Contraloría haga la toma de razón del documento. Se trata de la normativa que reglará las fases y procedimientos para la evaluación de impacto medioambiental de proyectos. Tanto la fase de consulta ciudadana de la nueva normativa como su contenido fueron analizados por organizaciones medioambientales.
Por Carolina Blanche Goldsack
Fuente: radio.uchile.cl
En el sitio web del Ministerio del Medio Ambiente se señala que el nuevo reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental “propone reglas más claras para la evaluación ambiental de proyectos, amplía la participación ciudadana, plantea medidas para que bajen los tiempos de inversión y eleva los estándares que se requieren para un proyecto en el momento de su presentación”.
Se indica, además, que "el objetivo de este nuevo reglamento es “dejar claras las reglas del juego”, integrando a todos los interesados y mejorar sustancialmente el método de evaluación, centrando la discusión en los aspectos ambientales importantes de cada proyecto, de manera que éstos realmente se hagan cargo de los impactos ambientales que generan. Además, amplía y profundiza el proceso de Participación Ciudadana no sólo a Estudios de Impacto Ambiental, sino también a ciertas Declaraciones de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo que establecido por la Ley 20.417, con lo que se mejoran los niveles de participación tanto para la ciudadanía, en general, como para los pueblos originarios”.
El documento es clave pues debiera incluir la ordenanza dispuesta en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), convenio suscrito voluntariamente por Chile, que se refiere a la consulta que se debe realizar a los pueblos indígenas en caso de que proyectos de impacto ambiental afecten sus territorios.
Para Flavia Liberona, Directora de la Fundación Terram, el nuevo reglamento carece de un apartado específico sobre la consulta a comunidades indígenas. En este sentido, la especialista explicó: “el que Chile sea parte firmante del convenio 169 le impone obligaciones como hacer una consulta previa e informada sobre los proyectos en evaluación que afecten territorios indígenas. Y para eso tiene que haber un reglamento distinto y específico que no puede ser éste”.
Respecto de la demora en la implementación operativa de la ley medioambiental, la especialista indicó: “la Ley de Medioambiente vigente sobre la cual se está haciendo la evaluación ambiental de proyectos, entró a regir en octubre de 2010. Estamos en febrero de 2013 y recién va a tomar razón la Contraloría va del reglamento operativo”.
La representante de Terram criticó a su vez el procedimiento de consulta ciudadana al que fue sometido el nuevo reglamento para su elaboración. Flavia Liberona explicó que se puso en la web del Servicio de Evaluación Ambiental un borrador de la normativa y se especificó un plazo para hacer comentarios y observaciones.
Al respecto, agregó que luego de esta consulta se elaboró un documento definitivo que aún no se conoce, y que sólo cuando la Contraloría haga la toma de razón las organizaciones ciudadanas sabrán si sus comentarios se incluyeron: “vamos a conocerlo una vez que la Contraloría tome razón, por lo tanto ahí sabremos si es que el reglamento es bueno o malo, si es que acogió nuestras consideraciones. Lo que si puedo decir de antemano, es que el reglamento que se presentó a consulta era extremadamente complejo, tenía casi cien hojas, por lo que no va a ayudar a los procesos de calificación ambiental”.
El Director del Instituto de Ecología Política Manuel Baquedano coincidió con al Directora de la Fundación Terram en cuanto a que no se conoce el contenido del reglamento en cuestión.
Respecto del Convenio 169 de la OIT, Baquedano señaló que pese a que el gobierno señaló que la consulta a los pueblos indígenas estaba resguardada en el nuevo reglamento de evaluación medioambiental, era necesario guardar “cautela”, según indico.
En este sentido, Baquedano indicó que depende del enfoque del gobierno en este punto específico: “hay que verlo en la práctica. Porque si tiende a delimitar, o más bien limitar el ámbito de aplicación de las consultas, todo apunta justamente a disminuir el valor y la importancia de la consulta a los pueblos indígenas. No me imagino que sea para democratizar el debate. Yo creo que el consejo de ministros está pensando más en las inversiones que en los indígenas”.
Queda por ver, entonces, cómo será la ejecución del nuevo reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental que verá la luz una vez que la Contraloría vise su publicación en el Diario Oficial, y las reacciones que seguramente causará en la ciudadanía, las organizaciones medioambientales y los pueblos originarios.
Nota:
Existe un recurso de protección pendiente contra el reglamento del Servicio de Medio Ambiente, en la Corte de Apelacíones de Santiago, interpuesto por organizaciones indígenas, rol 19995-2012
http://www.mapuexpress.net/
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