…“resulta paradójico que funcionarios del ejecutivo y
agentes estatales, cobardemente, responsabilicen a padres de estos graves
atentados a la integridad física y síquica de niños y niñas, con actitudes
irrisorias frente al dolor y sufrimiento de familias”… “existen numerosos casos,
registros y denuncias de distinta índole, donde ha quedado al descubierto sobre
el uso de la fuerza bruta y formas de represión abusivas y
desproporcionadas”…
Imagen: niños Mapuche heridos por fuerzas represivas estatales
La Defensoría Penal Pública Mapuche denunció el miércoles 25 de julio ante la Fiscalía Militar de Temuco, a través de la abogada María del Rosario Salamanca, los disparos de balines que realizaron funcionarios de Carabineros contra comuneros mapuche el día lunes, dejando a varios niños heridos.
La presentación fue respaldada con el testimonio de Horacio Cheuquelaf, facilitador intercultural del organismo, funcionario público, que presenció los hechos, quien según explicó, el ataque se produjo cuando familiares de las 12 personas que fueron violentamente detenidas en el desalojo de los fundos La Romana y Montenegro, de propiedad del latifundista René Urban, que habían sido ocupadas con recuperación productiva el lunes, llegaron hasta el Hospital de Collipulli para informarse de su estado.
Radio Cooperativa difundía lo señalado por el funcionario de la defensoría: "Los peñis iban en sus vehículos llegando a visitar a los detenidos, que estaban constatando lesiones ahí en el hospital. Empezaron ellos a bajarse de sus vehículos y carabineros que estaban apostados en un bus empezaron a dispararle a las personas, entonces las personas, obviamente, empezaron a arrancar, a escapar del lugar", relató Cheuquelaf, que viajaba en una camioneta institucional de la Defensoría tras la caravana de camionetas que salió de Temucuicui para llegar al Hospital, y desde esa posición observó lo ocurrido. Agrega: "Nosotros estábamos atrás, yo iba con el conductor de la Defensoría regional, en el vehículo institucional, y desde allí pudimos observar que eran disparos en contra de las personas y varios fueron heridos en ese actuar de la Policía"; al menos cuatro menores de edad, que fueron trasladados a centros asistenciales.
Al día siguiente de la denuncia, es decir el 26 de julio, el Seremi de Gobierno, Mauricio Ojeda, sostenía que las familias tienen la primera responsabilidad respecto del actuar de sus hijos implicados en incidentes con carabineros y ante los reclamos respecto de lesiones recibidas por menores de edad en la comuna de Collipuli, el Seremi de Gobierno, sostuvo a diversos medios de prensa que “Los padres son los primeros que deben asumir su responsabilidad en este tema, evitando que puedan ser utilizados como verdaderos escudos humanos”, dichos que ya se han repetido por otros agentes anteriores del ejecutivo, como Patricio Rosende.
El 27 de julio jefe de la IX Zona Policial de Carabineros, Iván Bezmalinovic, respaldó la denuncia del Seremi de Gobierno de la Región de La Araucanía, Mauricio Ojeda, quien acusó que los grupos mapuche en conflicto en la zona utilizan a niños y mujeres como "escudos humanos" para disuadir la acción de la policía.
Luego de las acusaciones realizadas por agrupaciones mapuche sobre los ataques de Carabineros en contra de menores de edad en el Hospital de Collipulli, Ojeda comentó a medios de prensa que "no somos nosotros los que llevamos a los niños a este tipo de situaciones a exponerlos. Son ellos, los padres, los que tienen que dar cuenta de por qué tienen a sus hijos como verdaderos escudos humanos".
Sobre esos dichos, Bezmalinovic señaló que "esto puede violentar a algunas personas, pero regularmente, cuando se hacen usurpaciones o cuando se hacen ingresos (a predios), es costumbre en algunas personas el utilizar mujeres y niños como una forma de disuadir e impedir la acción policial", declaró en Radio Cooperativa
Instituto Nacional de Derechos Humanos
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó en la mañana del 27 de julio un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Temuco, en contra del actuar de Carabineros de Chile -que sin mediar causa ni justificación alguna- procedió a disparar perdigones a niños, niñas y adolescentes, en el contexto del desalojo del Hospital de Collipulli ocurrido el lunes 23 de julio.
"Los hechos que motivaron la acción legal interpuesta por el INDH, ocurrieron en el contexto del desalojo del Fundo La Romana que realizó un grupo de comuneros/as de Temucuicui, quienes tomaron pacíficamente la propiedad el lunes recién pasado. Producto de lo anterior, Carabineros detuvo a un grupo de los/as comuneros/as y los/as trasladó al Hospital de Collipulli para efectos de constatar lesiones, ante lo cual familiares y amigos/as de los/as detenidos/as concurrieron al recinto hospitalario con el objeto de verificar el estado de salud de sus cercanos. Fue en ese momento cuando Carabineros disparó contra ellos y ellas, hiriendo -según los antecedentes de que dispone el INDH- al menos a cuatro niños/as quienes presentan lesiones de consideración", indicaba el INDH.
Según Lorena Fries, Directora del INDH, “el objetivo de este recurso de amparo es que la corte declare la ilegalidad y arbitrariedad de la acción de Carabineros de la Prefectura Malleco, ya que su acción produjo una privación y una amenaza al legítimo ejercicio de los derechos a la libertad personal y a la seguridad individual de los niños, niñas y adolescentes afectados. Cabe agregar que ambos derechos han sido consagrados en la Constitución”.
Adjuntamente, la Directora del INDH sostuvo “buscamos que se proteja a los menores, que están en una situación de vulnerabilidad no sólo por razón de pobreza, sino justamente por pertenecer al pueblo mapuche, un pueblo históricamente discriminado. Es inaceptable que Carabineros exceda su mandato y termine afectando a niños y niñas de las comunidades mapuche”, concluyó.
Violencia estatal y escudos humanos
Para el Grupo de Trabajo por Derechos colectivos resulta paradójico que funcionarios del ejecutivo y agentes estatales, cobardemente, responsabilicen a padres de estos graves atentados a la integridad física y síquica de niños y niñas, con actitudes irrisorias frente al dolor y sufrimiento de familias. Indican: “Si el objetivo mediático es continuar con formas de estigmatización y discriminación, catalogando, implícitamente de cobardía a personas Mapuche, habitantes de territorios ancestrales, que en el marco de sus justas y legítimas reclamaciones de tierras se les acusa de utilizar a menores como escudos humanos, es importante indicar aquí, como primera precisión, que existen numerosos casos, registros y denuncias de distinta índole, donde ha quedado al descubierto sobre el uso de la fuerza bruta y formas de represión abusivas y desproporcionadas, donde, agentes estatales, han ingresado violentamente a hogares en comunidades, disparando a diestra y siniestra a mujeres, ancianos y niños”.
Para el grupo Mapuche, los únicos escudos humanos son las fuerzas represivas de carabineros, que son utilizados para fines privados y señalan: “Allanar a una Comunidad, usar la fuerza bruta, estar ordenados a reprimir sin mayor control, ingresando a hogares, pateando puertas, en medio de llantos, rabias y pánicos de decenas y decenas de inocentes esforzadas familias empobrecidas en reducciones Mapuches y de usar a estos agentes estatales de carne de cañón como respuesta a legítimas reclamaciones por tierras ancestrales de Comunidades Mapuches, que incluso, órganos de las Naciones Unidas han señalado que deben ser demarcadas y reparadas, es hacer abuso de fuerzas públicas y ponerlos como escudos en vez de buscar formas de resolver conflictos históricos y políticos” y se preguntan “¿cuánto dinero gastan en militarizar los territorios, en mantener a todos estos contingentes, en la adquisición de nuevas tecnologías, en juicios, en personal, en testigos protegidos, etc. etc.? Solo con una parte de todo lo que el estado gasta para militarizar, reprimir y criminalizar podrían dar una solución efectiva a las necesidades y reparaciones justas a favor de comunidades Mapuche”, sostuvieron.
Para el grupo es fundamental que se defina instancias efectivas que resuelvan los conflictos y asuman reparaciones eficientes de tierras ancestrales para las comunidades. Señalan: “no es posible que existan tantos intereses maliciosos por obstaculizar salidas pacíficas a estos conflictos. Hay ciertos sectores de latifundistas, empresas forestales y grupos de operadores que desde hace mucho vienen desviando a otros escenarios estas demandas, con sistemáticas violaciones a los derechos humanos y no es posible seguir conteniendo tan brutamente temas esenciales. ¿Quién resuelve estos conflictos? Queda de manifiesto la ingobernabilidad e irresponsabilidad”.
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