El estado a través de todos sus organismos de dominación, partidos políticos, la clase política, la policía, los tribunales, la Conadi ha venido desarrollando políticas intervencionistas y de desarticulación en contra de las comunidades del pueblo mapuche, de su conformación como pueblo distinto al chileno y cuya finalidad es la integración forzada a una cultura distinta de la suya.
Nuestros Lonkos y autoridades espirituales desde tiempos antiguos han instruido al pueblo, a sus conas a trabajar unidos en torno a la defensa y recuperación del territorio, a no someterse y a resistir a la historia en busca de mejores momentos para luchar por su tierra. SÍ, así eran los Lonkos antiguos, pensaban no sólo en los jóvenes y niños presente, pensaban en las generaciones futuras de niños y jóvenes que vendrían. Y sobre esto es que podemos juzgar la historia del pueblo, sobre los valores que nos enseñaron o que hemos aprendido a rescatar a lo largo de esta lucha.
Cada uno de nosotros, de los bisabuelos, de los abuelos, de los padres, e incluso nosotros mismos hemos sido parte de esta historia, donde hemos sido sometidos a las violaciones que el estado capitalista, racista y xenófobo ha ejercido en contra del pueblo mapuche. Es desde allí que cobra tanta importancia la presentación de las causas de violaciones de derechos humanos a un tribunal internacional que quizás no revierta esta situación, pero que puede ayudar en parte a parar la brutalidad policiaca y legal que está llevando a cabo el estado chileno en contra de nuestras comunidades por recuperar su territorio y sus derechos y en donde todos somos responsables y actores. Desde esta perspectiva es que hablo, más allá que los lonkos hayan firmado o no un papel de su desistimiento, el estado pretende a través de él (de este papel)someter a todo un pueblo a seguir con la violación de sus derechos impunemente.
Debemos enfocar el debate desde dicha perspectiva y dejar el farandulismo de si firmaron o no, ya que ambos reconocen que fueron engañados. Porque el estado chileno ha asumido una estrategia sistemática y continua en estos casos, con la finalidad de hacer desistir a las víctimas y quitarle fuerza al caso, primero pidiendo al tribunal que junte todas las causas de ley antiterrorista contra el pueblo mapuche como son el caso de los Lonkos Norin y Pichún, caso Poluco–Pidenco y caso Víctor Ancalaf.
Todos podemos tener una idea sobre una persona, juzgarla moral o profesionalmente, pero cambia esta situación si son autoridades, por que sus decisiones dejan ya de ser personales, ya que ellas afectan directamente a todos los que gobiernan o representan. Es el caso de Norin y Pichún que son mapuche como individuos, pero además en lo colectivo son autoridades del pueblo mapuche, por tanto lo grave de la situación Norin y Pichún es que son representantes de la relación histórica entre la autoridad mapuche y la autoridad chilena y como éstas se están relacionando hoy. Vuelvo a repetir, el tema relevante no es si firmaron o no, el tema es de que el pueblo, que tiene la decisión de avanzar en la autonomía y libre determinación, debe asumir esta demanda judicial (interamericana contra el uso de la ley antiterrorista) como la defensa de sus propios derechos colectivos y no individuales, asi como el estado, en un doble discurso quiere manejar y los reconoce por un lado como representantes de sus comunidades y del pueblo y por otro como personas individuales al chantajearlos por la entrega de tierra.
Por tanto debe ser el pueblo mapuche que enfrentando al estado le diga que al engañar a Pichún y Norin los somete al derecho, a la restitución de su territorio, a la perpetuación de la violación de derechos humanos en contra del pueblo mismo.
Que sus reuniones a puertas cerradas, sin asesores de confianza (en el caso Norin, la abogada Ylenia Hartog), condicionan la restitución del territorio a la firma de un desistimiento como víctima en esta historia, formando parte de un engaño mayor: la usurpación del territorio y la violación a sus derechos son parte de la constante histórica de la dominación del estado chileno, que busca apagar la idea del proceso de reconstrucción político, cultural, social y económico del Wallmapu como pueblo nación. Y son victimas también de otro engaño: el derecho al territorio y autonomía no están en la firma de un papel, sino en el ejercicio de la recuperación de ellos.
La reivindicación del territorio y su restitución no puede estar condicionada a la impunidad por las violaciones a los Derechos humanos de nuestro pueblo, eso es chantaje, es inmoralidad. Las cartas enviadas al tribunal son la prueba de que el estado a través de la legalidad vigente desea perpetuar sus abusos para quienes recuperen el territorio que por derecho propio pertenece a nuestro pueblo.
Es el pueblo quien se quedará con ley antiterrorista y los indebidos procesos como los que han ocurridos hasta ahora, y esto es lo que hace notar el tribunal internacional al enviar estas cartas a nuestra abogada representante Ylenia Hartog, que no entiende que las victimas que han esperado mas de 8 años por justicia desistan a las puertas de un juicio condenatorio a Chile. Lo que hace el tribunal es reconocer que esta situación grave no afecta a Pascual Pichún y Aniceto Norin como mapuche, afecta a las comunidades de las cuales son autoridades y al pueblo en su conjunto donde la aplicación de la ley antiterrorista, los juicios basados en calumnias, las violaciones a los derechos humanos son colectivas y no individuales por tanto afecta a todo el pueblo.
Por tanto Reconocer la legalidad de estos documentos, su veracidad independientes si están o no firmadas por lo Lonkos implica la aceptación de que las comunidades SIGAN SIENDO ALLANADAS, que NUESTROS NIÑOS sean violentados junto a su familia constantemente, que nuestros conas sean arrastrados desde sus casas a las cárceles.
Reconocer la legalidad de estos papeles significa seguir con el asesinato impune y el encarcelamiento de nuestros weichafe y aceptar la criminalización de la demanda mapuche por restitución de su territorio.
Finalmente reconocer la legalidad de estos documentos significa aceptar la práctica de que el bien personal no puede estar por encima de asegurar el futuro de las generaciones venideras.
Marrichiweu pu lamieng, pu cona, pu weichafe, marrichiweu com pu che.
¡ Llitui kiñe wiñol tripantü, wengetui tain weichan ¡
P.D.: La protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales es un asunto de especial importancia para la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH). Este es el paso que antecede al tribunal.
La garantía del derecho a la propiedad territorial es una base fundamental para el desarrollo de la cultura, la vida espiritual, la integridad y la supervivencia económica de las comunidades indígenas. Es un derecho al territorio que incluye el uso y disfrute de sus recursos naturales. Se relaciona directamente, incluso como un pre-requisito, con los derechos a la existencia en condiciones dignas, a la alimentación, al agua, a la salud, a la vida, al honor, a la dignidad, a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de asociación, a los derechos de la familia, y a la libertad de movimiento y residencia.
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