Pero esto no es nuevo. Desde hace décadas que hemos sido
testigos de cómo la prensa manipula descaradamente la información sobre las
demandas Mapuche.
Por Gerardo Berrocal S.
En los últimos días las comunidades Autónoma Temucuicui, Tradicional Temucuicui y José Guiñón de Ercilla, han anunciado públicamente un nuevo inicio de actividades en el marco del proceso de recuperación territorial que por años han sostenido sobre tierras ancestrales, las que actualmente se encuentran en manos de particulares y de empresas forestales. Esta información ha sido dada a conocer principalmente a través de medios de Internet y redes sociales, estando –en un principio- ausente de los noticieros de las grandes cadenas de medios de Chile.
Estos mismos medios sin embargo, han dado una amplia cobertura a “atentados incendiarios” que se han producido en la región de la Araucanía, haciendo incluso una verdadera campaña de promoción de grupos armados creados bajo el subterfugio de la “autodefensa”, transmitiendo información sistemáticamente en los principales noticieros, relacionando de forma tendenciosa los “hechos de violencia” con el proceso de recuperación territorial de las comunidades Mapuche.
La Manipulación de la Información
Durante las últimas semanas, los principales medios de televisión abierta de Chile (canal 13 y TVN especialmente), radio, prensa escrita y sus versiones web, nos han invadido con una seguidilla de notas (des)informativas sobre atentados a fundos, a casas de pequeños parceleros, maquinaria agrícola y forestal, e incluso a una pequeña escuela de la comunidad de Chequenco. Si bien se ha constatado la veracidad de los hechos y muchos de ellos pueden haber sido intencionales y por consiguiente repudiables, los medios –malintencionadamente- han relacionado los hechos con las demandas territoriales Mapuche, aludiendo a que la violencia vendría de parte de las comunidades, atribuyéndoles responsabilidades sin tener antecedentes fidedignos, pruebas o resultados de investigación judicial alguna, más que sólo declaraciones de autoridades de gobierno, de fiscales, policías y de dueños de fundo, que por cierto, reafirman esta tesis.
La manipulación de la información que hacen los medios no es por casualidad o ignorancia. El destacado lingüista estadounidense Noam Chomsky, para advertirnos sobre la manera en que los poderes fácticos inciden en el comportamiento del público usando los llamados “medios masivos” de información, elaboró una lista de “Diez Estrategias de Manipulación Mediática”. En el número 2 de la lista describe la estrategia denominada “problema-reacción-solución”, es decir, “crear problemas y después ofrecer soluciones” y explica que consiste en que “se crea un problema\", una “situación” prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el demandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad.
Cumbre de Seguridad en La Moneda
Debido a este “clima de violencia” latente en la Araucanía, el gobierno de Sebastián Piñera y su ministro del interior, Rodrigo Hinzpeter, el día martes recién pasado convocaron a una “Cumbre de Seguridad” en la que participaron autoridades regionales, jefes de carabineros e investigaciones, fiscales regionales y nacionales. Esta cumbre dio como resultado la implementación de 9 “medidas”, consistentes básicamente en el aumento de la dotación policial en la “zona de conflicto”, mayores recursos para el Ministerio Público y la Fiscalía y la implementación de un “Plan Especial de Seguridad”, reforzando con esto la estrategia de militarización y persecución policial y judicial ante las reclamaciones Mapuche.
Mientras el gobierno celebraba con ‘bombos y platillos’ la bullada “Cumbre de Seguridad”, a las afueras del palacio de La Moneda se vio una de las operaciones comunicacionales más burdas y patéticas del último tiempo (tal como el ya conocido caso “chocman”) en donde un grupo de alrededor de 20 supuestos agricultores se manifestaban portando carteles con consignas que exponían “a mi me quemaron la casa”, “nosotros también tenemos derechos humanos” y “justicia en la Araucanía”. Pero el montaje no perduraría. En entrevista con HispanTV, difundida por El Ciudadano, uno de los supuestos manifestantes reconoció que no conocía los hechos y que habían sido enviados por sus patrones. Los carteles y sus frases por cierto, no habían sido elaborados por ellos.
Los Medios y la Violencia Policial
Contrariamente, escaza cobertura han dado los medios a las víctimas de la violencia policial que se ha implementado en su contra, tampoco han dado espacio a sus werken (voceros) o al enfoque de las propias comunidades Mapuche afectadas, quienes han debido buscar el modo de dar a conocer los constantes desalojos y allanamientos a través de “medios alternativos” y redes sociales. Tan evidente ha sido la manera desproporcionada en que los medios han manejado la cobertura a los hechos de violencia v/s violencia policial, que incluso el organismo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, se vio obligado a pedir a los medios “dar mayor cobertura al conflicto en la Araucanía donde hay niños que están siendo víctimas de violencia”.
Así por ejemplo, el desalojo perpetrado este lunes por personal fuertemente armado de fuerzas especiales de carabineros en el “fundo La Romana” -demandado por la comunidad Tradicional Temucuicui- y que dejó como saldo 12 detenidos (entre ellos el Lonko Juan Catrillanca) y varios heridos, incluyendo niñas y niños, fue registrado por algunos canales de TV y corresponsales que llegaron al lugar, siendo testigos de la brutalidad del proceder policial y sus consecuencias. En sus noticieros sin embargo, emitieron la información del desalojo junto a imágenes de “atentados incendiarios”, sin aclarar que ocurrieron en otros lugares y en otros momentos, por el contrario, presentándolos con titulares como “nuevo ataque mapuche”, lo que claramente pretende desviar la atención de las consecuencias de la agresión policial.
Asimismo, hablaron de “enfrentamientos” sobre una situación en la que el personal policial llegó disparando lacrimógenas y balines a quemarropa a familias que se encontraban realizando un trabajo productivo pacífico (cultivo de trigo), llegando luego hasta el mismo hospital de Collipulli -donde integrantes de la comunidad se encontraban visitando a sus familiares heridos- y volviendo a disparar en su contra, dejando un saldo de al menos 9 heridos de diversa consideración, entre ellos, niños y niñas con serias heridas de balines y escopeta. Situación que incluso fue denunciada por la Defensoría Penal Mapuche ante la Fiscalía Militar de Temuco, pero que no fue informada claramente por los medios.
Ante la circulación en las redes sociales de fotografías que evidenciaban el innegable estado en que quedaron los heridos, los medios dieron espacio a las declaraciones de las autoridades. El general director de carabineros, Gustavo González Jure, dijo “desconocer” la situación y el seremi de gobierno y ex presentador de noticias de TVN (red Araucanía), Mauricio Ojeda, atribuyó la responsabilidad de que hayan sido baleados a los propios padres de los menores. El vocero de gobierno, Andrés Chadwick, señaló en una extensa entrevista a Canal 13 que “nadie quiere que esos hechos se produzcan pero tampoco queremos que a ese matrimonio de la tercera edad, con marido y jefe de hogar inválidos, con niños, les queman la casa en la noche\", mientras el presidente, Sebastián Piñera, aunque aseguró que la denuncia establecida por la comunidad “se está investigando”, destacó que el gobierno apoya “cien por ciento a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones porque ellos tienen la obligación de resguardar el orden público y arriesgan sus propias vidas, muchos de ellos han muerto, muchos de ellos están gravemente heridos”.
La Versión de las Comunidades Mapuche y la Cobertura de los Medios
El werken de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Jorge Huenchullan, la semana pasada había anunciado el inicio de actividades productivas en un predio que actualmente se encuentra en manos de particulares, en el marco del proceso de recuperación territorial, aclarando que es una acción pacífica. De la misma manera lo hacía el werken de la Comunidad Tradicional Temucuicui, Mijael Carbone, anunciando el ingreso a los fundos “Montenegro” y “La Romana”, actualmente en manos del agricultor René Urban.
Los medios por su parte, pasaron por alto estos anuncios y transmitieron, entre otras, imágenes de ataques incendiarios que terminaron con la destrucción total de la escuela de la comunidad de Chequenco, en donde estudian niños de las propias comunidades afectadas. Una vez más la prensa atribuyó responsabilidades a las comunidades Mapuche, contextualizando los hechos en las reclamaciones territoriales y el “conflicto Mapuche”.
Sobre este tema, Jorge Huenchullán, sostuvo a ADN Radio que “en la zona hay grupos que no son mapuche, que son paramilitares, hijos de agricultores, policías en retiro, que claramente nos están amedrentando y están haciendo este tipo de situaciones para inculpar a las comunidades mapuche\". Del mismo modo lo había afirmado previamente a Radio BioBio el werken de la comunidad Wente Winkul Mapu, Luis Melinao, descartando la responsabilidad y repudiando profundamente los hechos, señalando que “pudiera existir una acción que busque inculparlos, la que podría ser responsabilidad de agentes de Inteligencia”.
Por otra parte, el lonko de la Comunidad Autónoma Temucuicui, Víctor Queipul, refiriéndose a la “Cumbre de Seguridad” del gobierno y las medidas anunciadas, señaló a Radio Universidad de Chile que “rechazan tajantemente” el aumento de la dotación policial en la región, ya que se podrían repetir episodios como los de Alex Lemun, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collio y agregó que el gobierno “no da señales de responder a las demandas de las comunidades”.
La prensa ‘convencional’ sin embargo, poca o nada cobertura ha dado a estas declaraciones, abandonando su obligación de informar “objetivamente” y dejando la responsabilidad de dar cobertura a esta información a medios “alternativos” y a la difusión voluntaria en redes sociales, vulnerando con esto el derecho de las comunidades a comunicar la realidad desde su propia visión como Mapuche.
Una Historia de Manipulación
Pero esto no es nuevo. Desde hace décadas que hemos sido testigos de cómo la prensa manipula descaradamente la información sobre las demandas Mapuche. En un sinnúmero de notas hemos visto cómo los profesionales de la comunicación nos han “mostrado” los supuestos vínculos que existirían entre Mapuche y diversos grupos armados. En los 80’s era Sendero Luminoso, en los 90’s los Zapatistas, luego la ETA y después las FARC, las que alimentan la ilusión de autoridades, fiscales y periodistas ansiosos de ver florecer la mítica “guerrilla rural” operando en “la zona roja del conflicto Mapuche”.
De la misma forma, en un sinnúmero de ocasiones hemos visto cómo la prensa publica información sobre “hechos de violencia”, “ataques incendiarios”, que luego da justificación para la aplicación de la Ley Antiterrorista, ley creada bajo la dictadura de Pinochet, que les otorga ciertas ventajas a los organismos persecutores, como la utilización de “testigos sin rostro”, la aplicación de largos periodos de “prisión preventiva” y el considerable aumento de las penas carcelarias. Muchas de estas causas finalmente han sido sobreseídas por falta de pruebas o por irregularidades en los procesos. Pero aunque los supuestos hechos que han dado origen a las causas han sido difundidos ampliamente por la prensa, cuando los integrantes de comunidades Mapuche han sido sobreseídos, esta información ya no es de la misma relevancia noticiosa para los medios chilenos.
Así, los principales medios “masivos” que operan en Chile, de manera totalmente irresponsable, discriminatoria y prejuiciosa, faltando a toda ética profesional y comunicacional, tergiversan burdamente la realidad y (re)buscan la manera de plasmar en la retina del espectador la deformada imagen del “Mapuche violentista” y “Mapuche terrorista”, atribuyendo con total impertinencia hechos delictuales a reivindicaciones de carácter político y social, como lo son las demandas de derechos territoriales, construyendo una “realidad” mediática que favorece las políticas represivas del estado chileno y los intereses de grandes grupos empresariales que mantienen pretensiones económicas sobre el territorio Mapuche, como lo es por ejemplo, el multimillonario negocio forestal.
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