Este viernes el Comité de Ministros definirá el futuro de
tres polémicos proyectos: Sierra Gorda, Achibueno y el Ducto de Celulosa Arauco.
Organizaciones ciudadanas esperan que los secretarios de Estado rechacen las
iniciativas a pesar de que temen que se pueda favorecer a las empresas.
Por Macarena Scheuch
Fuente: radio.uchile.cl
El próximo viernes 20 de julio en las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental, el Comité de Ministros votará las reclamaciones que se han hecho para los proyectos Sierra Gorda, de Minera Quadra; Hidroeléctrico Achibueno, de Hidroeléctrica Centinela; y el sistema de conducción y descarga al mar de afluentes tratados de Planta Valdivia, de Celulosa Arauco.
Sierra Gorda, un proyecto minero de 1.900 millones de dólares, tiene un recurso en su contra de una empresa de transporte que indica que el proyecto afecta sus derechos de agua, por lo que se pide que se revoque la Resolución de Calificación Ambiental o se reformule.
En el caso de Achibueno, con dos centrales cerca de Linares El Castillo y Centinela y una inversión de 285 millones de dólares, hay tres recursos que revisar, desde las pendientes de los caminos que deberá construir hasta un nuevo estudio de hongos que se le pidió. No obstante, esta iniciativa enfrenta además un recurso de invalidación de su calificación ambiental, lo que pondría en riesgo el proyecto.
Eduardo Retamal, vocero del Movimiento de Defensa Río Achibueno, aseguró que el comité debería rechazar la realización de un proyecto caracterizado por el rechazo ciudadano y las irregularidades: “El 27 de abril de este años salió un informe de la Dirección General de Aguas, un organismo que depende directamente del MOP, donde dice que el caudal del Río Achibueno no es suficiente para una central hidroeléctrica. Además, se afecta fauna protegida por convenios internacionales, lo que es gravísimo”, dijo.
En este sentido Retamal advirtió que si el proyecto es aprobado las consecuencias serán nefastas a nivel político, económico y cultural.
Finalmente, el ducto de Celco en Los Ríos, que representa una inversión de 65 millones de dólares, tiene dos recursos: uno de la propia compañía, que pide que se eliminen ciertas condiciones que le impone la Resolución de Calificación Ambiental, y otro de la Conama de la Región de Los Ríos, que dice que sus observaciones no fueron consideradas.
Los ministros decidirán si se comienzan las obras y se da inicio al plan de mitigación por el proyecto de ducto al mar de Celulosa Arauco para la descarga de riles, o si bien es rechazado poniendo fin a una serie de diferencias y divisiones en la zona de Mehuin y Mariquina.
Eliab Vargas, integrante del Comité de Defensa del Mar de Mehuín, recalcó que las decisiones que pueda tomar el consejo, sólo tienen competencia dentro de la resolución ambiental que existe por parte de la COREMA y en ningún caso determinan la construcción del ducto al mar, ya que existen leyes, como la “Ley Lafquenche” y permisos sectoriales vigentes que impiden que este proyecto se concrete.
“No pudiera, en este caso, un Consejo de Ministros modificar de un golpe o querer modificar la ley puesto que eso no está en sus manos sino en el Congreso. Estamos atentos a cualquier movimiento extra que quisieran hacer los ministros y que estuviera enmarcado en una superposición completamente fuera de la ley. El consejo debe referirse a la norma interna vigente en el país”, dijo Vargas.
El proyecto contempla la construcción de un ducto de casi 40 kilómetros desde la Planta Valdivia hasta la Bahía de Maiquillahue, y dos mil 25 metros hacia el mar, con una profundidad de de 18 metros.
Por su parte Manuel Baquedano, del Instituto de Ecología Política, planteó que hay dudas sobre lo que resuelvan los ministros considerando los últimos guiños del Gobierno a favor de las empresas: “Quienes seguimos los temas ambientales estamos preocupados de saber si el Consejo de Ministros va a ser equilibrado en sus decisiones o va a querer dar una ‘señal’ de las que se están dando al mundo empresarial, no colocándole más trabas a los proyectos que se someten a votación ambiental (…) Las decisiones son técnicas pero en definitiva son políticas, esperemos que primen los intereses del Estado y de la comunidad por sobre los de la empresa que quieren que les aprueben los proyectos a su pinta”, dijo.
En el caso de iniciativas aún más polémicas, como HidroAysén, Baquedano advirtió que es muy improbable que sea visto por la instancia ministerial antes de las elecciones de octubre.
El comité también será informado sobre la resolución de la Corte Suprema respecto del proyecto El Morro, proyecto minero de la canadiense Goldcorp en el sector cordillerano de la provincia de Huasco, que estaba también agendado para ser visto.
Cabe recordar que el máximo tribunal precisó que se anula la resolución mientras no se realicen las consultas a las comunidades indígenas de la zona, de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El comité está integrado por la ministra del Medio Ambiente, que lo preside, y los titulares de Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire