Luego de su invasión en Ralco y Pangue (Altos de Bio Bio), la socia de Colbún (grupo Matte) con el proyecto Hidroaysén en la Patagonia, también tiene amenazados e intervenidos los territorios del río Puelo en zona fronteriza, los de Neltume en comunidades Mapuche en Panguipulli y nuevamente, los Altos del Bio Bio, donde pretende emplazar nuevas mega centrales hidroeléctricas, donde la mayoría se encuentra en zonas telúricas y de graves riesgos de lesa humanidad.
Esta transnacional que tienen a su haber el 80 % de las aguas de Chile atentando contra las soberanías de los pueblos, tiene un amplio prontuario donde su soberbia no tiene límites, como precedente, no solo intervino los Altos del Bio Bio en territorio Pewenche causando la desintegración de comunidades y graves impactos territoriales y las represas de su río, sino además, con todo sacrilegio y prepotencia, inundó un cementerio con 56 restos de personas identificadas en Quepuca Ralco.
Imagen: Protesta contra transnacional Endesa en Temuco / Foto Ximena Ayun
Mapuexpress.net
A modo de referencia compartimos este compilado de antecedentes del conflicto Represa Hidroeléctrica Ralco en territorio Mapuche Pewenche, como un ejemplo de sus prácticas y colusiones con el aparto de poder estatal para sus beneficios.
ANTECEDENTES
La mega presa se instaló en la cabecera del río Bío-Bío, en la cordillera de los Andes, en territorio de identidad territorial Pewenche, comunidad integrada en la cultura Mapuche que ha habitado estas tierras en los últimos cientos de años. Esta presa dará lugar a un embalse de 1.222 Hm3 e impacta a unas 3.460 has. de los valles del Bío-Bío, Lomín, Villucura y Lolco, la mayoría de bosques nativos de alta biodiversidad. La turbina tiene una potencia de 570 Mw con una producción anual media de 3.380 Gw, la inversión supera los 485 millones de dólares. Esta es la segunda represa en la cuenca del Bio Bio (la primera fue Pangue), que destruyen unos de los ecosistemas más valiosos del planeta, según se indica en el Informe de la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos, que califica estos proyectos de "Ecodesastres". El embalse inundó dos Comunidades pehuenches: Quepuca-Ralco y Ralco-Lepoy, que estaban integradas por 92 familias y más de 500 personas.
Las irregularidades administrativas y las implicaciones de clara corrupción por parte de los responsables de ENDESA y la administración chilena fueron constantes en el proceso de aprobación de este proyecto.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue rechazado inicialmente por unanimidad por la CONAMA. Pero según declaro la que era entonces la Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), Sra. Viviana Blanlot, "a pesar de los informes técnicos contrarios y debido a una imposición de la Secretaría General de la Presidencia, la Dirección Ejecutiva de la CONAMA permite a ENDESA presentar un Addendum a su EIA". La Secretaría General de la Presidencia es el Ministerio del que depende la CONAMA. En las diligencias judiciales que se siguieron por este caso constan declaraciones de altos cargos de este ministerio donde se relatan las presiones políticas para la aprobación del proyecto. Al final, la CONAMA aprueba el EIA en 1997, supeditado a una serie de medidas ambientales y al cumplimiento de la legislación indígena, hechos que no se cumplieron.
También fue rechazado por la CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), supuestamente el organismo encargado de velar por el cumplimiento de los objetivos de la Ley Nº 19.253 de Protección de los Pueblos Indígenas, por afectar a territorios indígenas y vulnerar esta Ley. En el informe de CONADI se aseguró que la realización del proyecto entrañaría la inevitable destrucción de la cultura pehuenche y su extinción como pueblo antes de una década, impacto que consideraba inaceptable y no podría "sino catalogarse de etnocidio". Hay que destacar que parte de los territorios inundados por este embalse, 683 has, tienen la calidad jurídica de "tierras indígenas" protegidos por la Ley Protección de los Pueblos Indígenas. Ante el rechazo de la CONADI, fueron destituidos dos Directores Nacionales, Mauricio Huenchulaf Cayuqueo y Domingo Numuncura, nombrados por el Presidente de la República para dirigir este organismo, que fueron sustituidos por un funcionario de la Secretaría General de la Presidencia. Además fueron removidos de sus cargos dos representantes del gobierno en la CONADI que habían mostrado públicamente su rechazo el proyecto Ralco. La CONADI terminó por aprobar el proyecto con la ausencia de los consejeros indígenas y con la operación política de Rodrigo González.
En los informes de la CONADI y de Federación Internacional de las Ligas de Derechos Humanos se relatan las técnicas seguidas por ENDESA y por las administraciones chilenas para "persuadir" a las dos Comunidades pehuenches a dejar sus tierras y aceptar las permutas propuestas por ENDESA. Según la Ley Nº 19.253 las tierras indígenas "no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia". La ley permite permutar tierras indígenas por otras de igual valor con el consentimiento de las Comunidades y el visto bueno de la CONAMA. El método correcto sería que se negociara con la totalidad de las Comunidades afectadas por estas permutas, que sólo tendrían valor si son aceptadas libremente por estas Comunidades. Pero ENDESA utilizó la táctica de negociar familia por familia, rompiendo la unidad de las Comunidades. La administración se inhibido, por lo tuvo lugar una negociación desigual: técnicos y abogados de ENDESA frente a familias pehuenches, muchas de ellas analfabetas.
Según consta en el Informe de la CONADI presentado hace algunos años en el proceso de estudios de impactos, señala: "La construcción de la presa Ralco significa la ruptura del frágil ecosistema que sustenta la ancestral existencia del pueblo pehuenche que vive del tránsito estacional de la invernada y veranada; significa un reasentamiento que provocará un cambio en su sistema de vida, su economía de subsistencia, costumbres tradicionales y cosmovisión. Además, el reasentamiento, traslado o erradicación, no permite opción alguna de continuidad identitaria y cultural, pues la asociación tierra-hombre es el lazo que permite la existencia del Pueblo Pehuenche... En definitiva, cualquier medida de compensación económica es insuficiente ante la pérdida de cultura aborigen; los daños son inmitigables cuando está en juego parte del patrimonio de la humanidad". Esta recolocación implicó "un dramático cambio en sus modos de producción, lo que hace aún menos probable su subsistencia"..."La recolocación implica necesariamente la "Aculturación" de las comunidades", indicaba.
Diversas manifestaciones en contra de la represa fueron violentamente reprimidas, una de ellas, en el mes de marzo de 2002, unos 200 mapuche que se manifestaban en Ralco fueron brutalmente reprimidos por carabineros, bajo la complicidad y promoción del Gobierno y de la propia empresa ENDESA, a lo que se agrega, que el episodio más cruel ha sido la destrucción deliberada de cementerios y lugares sagrados de los pehuenche.
En el marco de la violencia estatal para reprimir la protesta social y la ofensiva de criminalización del estado chileno y la transnacional endesa, el 4 de junio de 2004 se dictó sentencia de segunda instancia en contra del dirigente Víctor Ancalaf la que modificó el fallo de primera instancia en el sentido de que no se tuvo por probada la participación Ancalaf, respecto de los hechos ocurridos el 2002 en contra de maquinaria vinculada a la empresa, condenándolo a la pena de 5 años y un día y demás accesorias, como autor de delito terrorista.
El proyecto de ENDESA Central RALCO se localiza en Chile, en la zona centro sur a unos 120 km de la ciudad de Los Ángeles y a 30 km aguas arriba de otra gran central hidroeléctrica, la central PANGUE.
La obra principal de la central se basa en una pared de hormigón rodillado de 155 metros de altura con una longitud de 370 metros, que servirán para modificar el curso del río Bío-Bío en una zona de gran estrechamiento en su curso hacia el océano pacífico, donde constituye un aporte esencial a la ecología marina del golfo de Arauco, una de las zonas significativas de pesca artesanal de la región que lleva el mismo nombre del río: Bío-Bío.
La presa provoca un desfase temporal del caudal, al aprovechar su capacidad de regulación estimada en 797 millones de metros cúbicos al mes. Esto repercute principalmente en el caudal del periodo invernal y sobre todo en la fase de deshielo, con la consiguiente repercusión en las formas de vida acuática aguas arriba y aguas abajo. Asimismo, ya ha causado una serie de inundaciones a poblados rurales.
Desde el punto de vista hidrológico el río Bío-Bío es el recurso hídrico más importante del país, tiene una longitud de 380 kilómetros y nace a 1.500 m.s.n.m, su extensa cuenca hidrográfica se subdivide en cinco subcuencas de las cuales la del Alto Bío-Bío, que es donde se localiza la central de ENDESA, representa el 30% del total. Su caudal varia entre 45 m3/segundo en verano y los 844 m3/segundo en invierno y en el periodo de deshielo. El acuífero es significativo y está a escasa profundidad, pues la zona de actuación es la zona de mayor estrechamiento del valle fluvial, estimándose la profundidad del freático a 9 metros.
El mayor impacto del proyecto Ralco lo constituye, según el propio estudio de impacto ambiental promovido por ENDESA, la relocalización de la población pewenche. La empresa cataloga este impacto, literalmente como " impacto negativo, de alta significancia, cierto, de acción directa, permanente e irreversible pero compensable". La compensación es monetaria y se realiza sin tratar el problema de forma colectiva, sino caso a caso, de forma individual. El informe promovido por ENDESA reconoce que el proyecto Ralco, al situarse en el interior de tierras pewenche tendrá un efecto "acelerador" hacia un cambio de la cultura tradicional, hacia el biculturalismo. Literalmente leemos que "el contacto sociocultural y estrecho entre dos culturas distintas, una predominantemente urbana y popular y la otra rural e indígena, significará un traspaso de valores urbanos a la población local, el que tendría un ritmo de cambio más rápido que el ocurrido espontáneamente", y por si fuera poco sigue y remata: " la asimilación de valores de la cultura nacional (chilena) conduciría a una aceleración de la pérdida o transformación de su cultura tradicional y probablemente del idioma. Este impacto es acumulativo respecto al proyecto "Pangue". Y claramente apunta este EIA promovido por la empresa ENDESA España que: "se estima que el proyecto Ralco (conjuntamente con la presencia del proyecto Pangue) estaría contribuyendo a aumentar la división interna de las comunidades mapuche".
Si bien, a raíz de la denuncia que se hizo contra el Estado de Chile por la Central Hidroeléctrica Ralco de la transnacional ENDESA ante el sistema interamericano de justicia, donde se llegó a convenir entre las denunciantes y el Estado de Chile un Acuerdo Definitivo de Solución Amistosa entre las partes, los efectos e implicancias son irreversibles. Uno de los últimos hechos de enorme gravedad, fue el ocurrido en mayo del 2004, en que, las familias pewenche tuvieron la inundación de su cementerio ancestral en Quepuca Ralco.
El cementerio guarda los restos de 56 personas, identificadas con nombres y apellidos por sus familiares. Estas personas fueron sepultadas a mediados del siglo pasado, de acuerdo a documentos y resoluciones de la CONADI, Monumentos Nacionales y las familias pewenche.
Organismo como la Corporación Nacional del Medio Ambiente (Conama) , el Consejo de Monumentos Nacionales y la Conadi, tienen responsabilidad compartida según un acuerdo que estaba establecido previamente. Estas instituciones conocían de antemano las propuestas que había realizado Endesa, para buscar una solución adecuada al problema del cementerio. Aún así, Endesa de todas manera resolvió el llenado con agua del lugar en donde se encontraba el cementerio pewenche.-
En 2008, se presentó una millonaria demanda civil indemnizatoria interpuesta contra el Estado y la empresa Endesa Chile por las familias ribereñas al río Bío-Bío, que fueron afectadas por las violentas inundaciones de julio de 2006. La acción legal busca compensar el daño causado en las comunidades campesinas de Los Ángeles que sufrieron graves pérdidas materiales por la crecida del curso fluvial, lo cual se atribuyó a la operación inadecuada de las centrales hidroeléctricas Ralco y Pangue, que se ubican en la zona cordillerana.
Esta acción legal fue presentada por 270 familias de los sectores de La Suerte, El Chequén, Mesamávida, Unión Bío-Bío y La Montaña, quienes exigen una indemnización que supera los 60 millones de dólares y que se encuentra en fases probatorias. Hualqui ha sido otra zona devastada en ese sentido.
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