Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos calificó de volátiles, ambiguas y populistas los anuncios desde la Seremi del Medio ambiente y del gobierno sobre cierre del vertedero de Boyeco en 5 años y emplazó a asumir con responsabilidad y sensatez el delicado tema y conminó a que en vez de palabras se definan acciones concretas y serias para generar un verdadero y profundo cambio en las políticas públicas sobre recintos y tratamientos de residuos sólidos en la región, que involucre respeto a las personas, a las comunidades y ecosistemas, con proyectos sustentables y ordenados territorialmente.
Ante los recientes anuncios del Gobierno Regional sobre un supuesto inicio del cierre del basural de Temuco en Boyeco, el Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos señala lo siguiente:
- Es un deber tener que opinar al respecto sobre una noticia que por años han anhelado comunidades directamente afectadas y organizaciones respetuosas de los derechos humanos y el medio ambiente, que se refiere al inicio de un camino concreto y real de esperanza para revertir el actual racismo y discriminación socio ambiental que tanto daño ha causado en la Región de la Araucanía, como es el funcionamiento de basurales descontrolados en tierras Mapuche, como el de Boyeco y que desde hace muchos años ha significado el desentendimiento, indiferencia y la negación de diversas autoridades públicas.
- Ante esto y frente al anuncio del Gobierno regional a través de la SEREMI del Medio Ambiente y de gobierno sobre el proceso de cierre del vertedero de Boyeco en 5 años y una nueva política de reciclaje, consideramos que son menciones volátiles, ambiguas y populistas, primero, porque no es serio ni responsable hacer un anuncio público cuando ni siquiera se ha presentado al sistema de evaluación de impacto ambiental un nuevo recinto con características de “Relleno Sanitario” para la comuna de Temuco, asimismo, porque el anuncio de concreción se hace fuera del plazo de vigencia del actual gobierno y, también, porque no se han hecho las debidas diligencias para coordinar una eficiente política de re ordenamiento territorial en estas materias, donde se hace indispensable el involucramiento activo e integral de instituciones públicas nacionales, con diversos servicios competentes y municipios y que involucre además, medidas de tratamiento, reparaciones e iniciativas efectivas sobre disminución real de recintos y de residuos en la región.
- No es concebible que se siga manoseando los anhelos y sueños de muchas familias que han sido víctimas de una herencia oscura y despiadada por actos irresponsables e irregulares y que además, se han hecho en pacto y complicidad coludida por sectores de la concertación y de la Alianza por Chile. Recordamos que no es primera vez que autoridades hacen anuncios demagógicos sobre el cierre del vertedero de Boyeco.
- La dignidad de esas numerosas personas que han tenido que vivir al lado de la basura, de la contaminación y destrucción de sus espacios de vida debe ser una urgente prioridad, quienes además han tenido que cargar por todos estos años con el pisoteo, la imposición, el estigma, las enfermedades, la negación y el abandono por parte de todo el aparato público del estado chileno, independiente de quién esté gobernando, ya sea en términos locales, regional o nacional.
- Sobre esto último, considerando que la mayor cantidad de depósito de basura en la región es la que genera Temuco, pero no es posible ver la situación de Boyeco como una situación aislada. Cabe mencionar que un 20 % de la superficie de la llamada Novena Región está en posesión Mapuche. Un 26 % de la población regional es Mapuche, con un devenir histórico de desplazamiento, migración, usurpación, reduccionamiento y discriminación y hoy, en esas pocas tierras el 70 % aproximado de los recintos de vertederos se ubican en suelo Mapuche. Son más de 50 las comunidades que están directamente sufriendo los embates de descontrolados y nocivos recintos de basura, lo que involucraría a unas 700 familias, que en relación a personas, ascendería a más de 3.000 directamente afectadas. A esto, se debe agregar la situación de una importante cantidad de campesinos chilenos de escasos recursos, que en el universo regional, correspondería al 30 % aproximado del total de los afectados
- Por lo señalado, se exige sensatez frente a los anuncios y más que palabras a los medios de comunicación y la opinión pública se debe asumir acciones serias para generar un verdadero y profundo cambio en las políticas públicas sobre recintos y tratamientos de residuos sólidos, que involucre respeto a las personas, a los pueblos, sus comunidades y ecosistemas, con proyectos sustentables y ordenados territorialmente.
- Si Temuco y otras comunas y la región entera se convierten en un modelo, todos habremos ganado, devolviendo muchas dignidades y condiciones atropelladas, siendo a su vez la gestación de una nueva historia que elimina el racismo en ese sentido. Estas prioridades, deben ser parte de las responsabilidades que debe asumir todo individuo que pretenda arrogarse representaciones en cargos públicos. ¿Su solución? solo depende de las voluntades concientes y de las capacidades de quienes tienen la obligación de resolver, más aún cuando el camino está trazado para facilitar el avance y lo han marcado las propias comunidades y organizaciones sociales desde hace bastante tiempo a través de las reiteradas denuncias, acciones y propuestas de soluciones.
Alfredo Seguel
Coordinación Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos
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DEMANDAS
A continuación se extiende algunas de las demandas que una coordinación de Comunidades en conflictos ambientales y afectados por vertederos realizó desde el año 2002.
Erradicación de los basurales:
La demanda principal de las familias es la erradicación de los basurales y no su mejoramiento. Los basurales, en su mayoría, llevan más de 10 años funcionando, sin cumplir las exigencias sanitarias y ambientales. La contaminación que ya se ha provocado es irreversible en algunos lugares y su sólo perfeccionamiento en el control e infraestructura, no garantiza la seguridad e integridad de las familias que están expuestas. Ante esto, la posición de las familias es intransable: “Erradicar los basurales y terminar con la contaminación y el racismo ambiental”.
Aun cuando el proceso en este conflicto implique cambios sustantivos en la política sobre vertederos y manejo de la basura, queda claro que las comunidades expresan otro signo de la discriminación hacia el pueblo mapuche y ese es un objetivo sobre el cual se debe trabajar. La basura en las comunidades mapuches es un resultado de la política racista que denuncian las comunidades.
Pero tras este objetivo está la realidad particular de cada comunidad, que varía de acuerdo a la realidad legal, sanitaria y de conflicto de las comunidades con las autoridades locales o regionales. Existen cambios y caminos propuestos que las comunidades quieren trabajar para erradicar los vertederos de sus tierras.
Cambios normativos y participación mapuche:
El mejoramiento de los vertederos implica cambios en la normativa vigente, la que debe mejorar el control sanitario de éstos. Esta medida, debe incorporar los efectos externos, a lo que debe sumarse la demanda actual de las comunidades, es decir normas que resguarden los lugares de valor cultural, religioso – espiritual, de desarrollo y de vida.
Las demandas de las comunidades denuncian efectos con implicancias socioculturales, las cuales no están incluidas hoy en las disposiciones que regulan a los vertederos. Se debe acordar una forma de participación que les permita a las comunidades incorporar la visión, propuestas, intereses y necesidades.
Medidas de Reparación
Para las familias y comunidades mapuches los vertederos en sus tierras es un perjuicio moral derivado de una política que los discrimina. Esto efectos negativos alteran la vida de la gente, impactan en la productividad de la tierra, provocan mayor empobrecimiento, y el Estado no se ha hecho responsable de ello. No existen programas sociales y de desarrollo por parte del Estado para las comunidades afectadas.
El Gobierno y los organismos del Estado deben comprometerse en el diseño de una política de desarrollo para estos sectores, pero considerando las ideas y propuestas de desarrollo de las propias familias y comunidades afectadas, de acuerdo a sus prioridades con la finalidad de mejorar la calidad de vida que considere su condición de pueblo, y no sean acciones impuestas por los proyectos y programas del Estado.
Para las comunidades debe existir, luego de la erradicación de los basurales y vertederos, un plan de desarrollo que compense y repare la situación y daño vivido por las comunidades durante tantos años. Esta forma de reparación debe permitir rehacer la vida de las actuales familias, eliminar las fuentes de contaminación que existan, iniciar nuevos procesos productivos que permitan además el regreso de otras familias que han emigrado. Para ello deben hacerse estudios específicos.
Tratamiento de la basura que queda:
Para las organizaciones y los propios afectados, debe existir una mayor responsabilidad en el tratamiento de la basura que queda de aquellos recintos que se han cerrado y otros que lo harán, y elaborar, en conjunto con los afectados, nuevas estrategias que intenten revertir dichas condiciones. En Galvarino por ejemplo, el recinto del basural se cerró por un litigio de propiedad que finalmente resultó a favor de una familia Mapuche, sin embargo la basura quedo ahí mismo, y el sector continúa como un depósito de basura clandestina. Lo mismo ocurre con otros lugares que han cambiado sus vertederos como el vertedero anterior de Temuco y de freire, donde la basura quedó en el mismo lugar a su libre destino y consecuencias.
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BASURAL DE BOYECO: HISTORIAL DE UN CONFLICTO QUE DESTRUYÓ UN TERRITORIO E HIPOTECÓ LA VIDA DE CIENTOS DE FAMILIAS MAPUCHE.
Son decenas de reuniones, miles de hojas escritas en notas, comunicados, declaraciones, informes, cartas, artículos, los encuentros, los trawun, el apoyo en el levantamiento de la coordinación de comunidades afectadas por los basurales (desde fines del año 2000), los símbolos de reconstrucción como el levantamiento de los chemamul en Boyeco (febrero 2006), las marchas en Temuco y Santiago, la demanda por daños y perjuicios, el recurso de protección durante el 2002 y 2003, aunque fallidas, contribuyeron respectivamente. La intervención en el foro permanente sobre cuestiones indígenas en la ONU (mayo 2002), las mesas de trabajo, los emplazamientos, las exigencias e intervenciones ante aparatos públicos administrativos y de fiscalización para que cumplan su rol (2004, 2005), la denuncia por racismo ambiental ante un Comité de las Naciones Unidas (enero 2007), todo, absolutamente todo, son parte de exigencias autónomas y por autogestión de muchas para exigir y buscar soluciones. A continuación, una suma de la historia del conflicto Vertedero Boyeco
El vertedero de Temuco inició su funcionamiento en 1992 y se consideró inicialmente una vida útil hasta el 2005, en medio de la resistencia de numerosas familias del sector. Algunas de ellas fueron hasta detenidas por movilizaciones y cortes de ruta.
En medio de mentiras y engaños por parte de autoridades locales, algunos dirigentes del sector firmaron un acuerdo con la Municipalidad de Temuco, en ella el Municipio se comprometía a implementar una serie de medidas sociales para las comunidades y de mantener el funcionamiento del recinto en óptimas condiciones. Obviamente esto nunca sucedió.
En Agosto del año 2000 fallece Aquilas Rodrigo Epul Huitraqueo en extraña circunstancias. Según primeros informes médicos habría sido víctima de la bacteria lo que se atribuyó inmediatamente al basural que afecta a la zona, ya que el menor vivía en el radio de impacto. Desde este momento se reactivan las movilizaciones apoyadas por el aquel entonces diputado y es alcalde de Temuco, Francisco Huenchumilla quien presentó un recurso de protección exigiendo el cierre del recinto lo que a la postre fue rechazado por la corte de apelaciones de Temuco un año más tarde.
Desde el año 2001, con el apoyo de organizaciones solidarias se inician una serie de movilizaciones y denuncias tendiente a erradicar el basural del sector. De este modo, se conforma la coordinación de Comunidades mapuche por la erradicación de basurales en la IX involucrando a varias comunas más e instalando una mesa de trabajo con diversos servicios y entidades públicas que incluso recorrió los recintos, entre ellos el de Boyeco.
En diciembre del años 2001 se aprobó el estudio de impacto ambiental ya que el empresario Guillermo Siles con el respaldo del propio ex alcalde de Temuco y actual diputado, alcalde René Saffirio, ingresaron un proyecto al sistema de impacto ambiental, lo que fue aprobado (estudio de impacto ambiental - EIA) de manera irregular ampliando su plazo de funcionamiento al 2025, lo que luego, producto de la crisis sanitaria y ambiental, en diciembre del 2004, la Corema, como consecuencia de la presión de organizaciones y comunidades decidió revocar la calificación ambiental de dicho recinto.
"La aprobación de lo que se denomina 'relleno sanitario', cuyo basural de la ciudad de Temuco fue un grave revés a los intentos de las comunidades para conseguir su cierre definitivo ante los inminentes daños ambientales, sociales, culturales, de salud y de empobrecimiento de que son víctimas. Con el visto bueno del gobierno de la época al estudio de impacto ambiental [EIA] el basural tenía luz verde para continuar funcionando hasta el año 2025, recibiendo casi 7.000 toneladas (hoy casi el doble) de basura mensual.
Dicha aprobación al “basural” en diciembre del 2001, la encabezó la ex intendenta regional Berta Belmar momentos (1 día) antes de su salida y reemplazo, lo que sin lugar a dudas, para las comunidades demostró la bajeza con que se actuó.
También, formó parte de dicha aprobación, Ricardo Celis, quien era el director del servicio de Salud y luego Intendente. También, la directora de CONAMA a la fecha, Janett Matte, quien posteriormente fue directora del SERNAM en la IX Región.
La Coordinación de comunidades afectadas por basurales en la IX Región sostuvo en la ocasión que dicha aprobación fue un golpe bajo a las conversaciones previas que se venían sosteniendo con el Gobierno regional, lo que fue señal de una categórica traición y la consolidación de una abierta discriminación racial.
El nuevo proyecto se aprobó sin considerar que la maquinaria tecnológica que había sido señalada en él, una maquina compactadora de más de 1.000.000 de dólares, no había sido adquirida y por lo tanto no se había visto en funcionamiento (hoy dicha maquina es una chatarra y nunca se utilizó). Tampoco se consideró la ubicación de las casas, ya que varios hogares se encontraban a 120 mts. de distancia del recinto. Tampoco se consideró la escuela pública ubicada de las panderetas de ambos recintos, a unos 120 mts. Con unos 120 niños en su momengto todos del sector y todos de origen Mapuche. Tampoco, las aguas de los esteros, sin que se realizaran estudios de materiales pesados en la calidad del agua (luego se comprobó que tenía altos índices) , entre muchas otras omisiones e impactos.
El territorio de Boyeco, sus ecosistemas y la vida de las familias se destruyó progresivamente. Se hicieron muchos intentos por frenar la crisis que se vivía. Desde una demanda por daños y perjuicios hasta un recurso de protección presentados durante los años 2002 en noviembre y otro en diciembre 2003, respectivamente, acciones que fueron respaldadas por organizaciones sociales.
Se recurrió a cada una de las instancias públicas, legales, administrativas, autoridades políticas, incluso fue motivo de intervención en el Foro permanente de las Naciones Unidas sobre asuntos indígenas causando polémica por el uso del término etnocidio y ecocidio (mayo 2002). También, se consiguió que los parlamentarios en sesiones espaciales trataran el tema, investigaran y fiscalizaran. Asimismo, se presentaron una serie de peticiones a la Contraloría e incluso el Consejo de defensa del estado hace un par de años tomo conocimiento de los hechos. Se hizo todo y se dijo de todo, en medio de decenas de movilizaciones que iban desde encuentros, clausura simbólica, marchas en Temuco y Santiago, medios de prensa y cuanta acción se podía realizar.
En medio de la destrucción y el desgaste de mucha gente, de los intervencionismos e incluso de las negaciones y de los lavados de mano de varias autoridades, poco a poco el Municipio de Temuco mantenía la irracionalidad: Francisco Huenchumilla, quien había apoyado la oposición al vertedero anunciaba en “hincarle el diente a este problema” y buscar una solución a este grave atentado al Pueblo Mapuche como el mismo señalara al momento de presentar la propuesta del nuevo recinto para un relleno sanitario y que significaría el inicio del proceso de cierre del vertedero de Boyeco. Esto no se cumplió, ya que el nuevo proyecto de recinto afectaba nuevamente a otras Comunidades y ponía en grave riesgo cauces de agua.
Por estas razones principalmente, las comunidades a través de una coordinación, junto a diversas organizaciones, entre ellas, Olca, Rada, el grupo de trabajo por derechos colectivos, decidieron el 2007 acudir al Comité contra el Racismo de las Naciones Unidas, con la intención de buscar su intervención para revertir esta situación, denunciando y sometiendo al Estado Chileno a decisiones de expertos internacionales que demuestren que se ha violado Derechos Humanos y se ha cometido o permitido actos de racismo y discriminación.
Con posterioridad tanto el Comité de la ONU como el Relator sobre Pueblos Indígenas han hecho preguntas y recomendaciones al estado chileno en ese sentido para buscar soluciones al problema. Cabe mencionar que se devela que hay escuelas públicas al lado de la basura, aguas contaminadas, graves daños económicos y de supervivencia, crisis ambiental y sanitaria, son algunos de los embates que las comunidades han debido enfrentar principalmente a causa de la basura descontrolada.
En diciembre del 2011 El Seremi de Gobierno y del medio ambiente anuncian públicamente que vertedero de Boyeco será cerrado “definitivamente” en un plazo de 5 años.
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