Humala cambia más de la mitad de su gabinete a casi cinco meses de haber asumido con una severa crisis luego del conflicto de Cajamarca. El Gobierno se sacó su mascara “democrática” y se inclina por el autoritarismo militar. Declaración de estado de emergencia en las provincias de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Contumazá del departamento de Cajamarca es una extrema que constituye un serio atentado contra la libre expresión de una población en defensa de sus recursos y su derecho a vivir en un entorno sano y libre de contaminación.
Ahora Cajamarca es una ciudad tomada "por las fuerzas del orden", mientras diversos organismos internacionales de Derechos Humanos le han solicitado al Gobierno levantar el estado de emergencia y terminar con la militarización de los territorios ante las legítimas manifestaciones que reclaman el derecho más fundamental de todos, la vida, frente a actividades mineras que han traído muerte, depredación y que están dejando sin agua a la población.
El presidente Ollanta Humala decretó el estado de emergencia la madrugada del pasado lunes, militarizando dichas provincias, situación que durará 60 días.
Al respecto, El Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS) denunció que se están cometiendo violaciones a los derechos colectivos e individuales, con la reciente declaratoria de emergencia en Cajamarca y la criminalización de los dirigentes que se oponen al proyecto minero Conga, publicaba la agencia peruana SERVINDI.
Publica asimismo la agencia que a través de un pronunciamiento suscrito el 6 de diciembre, el instituto declara que el decreto de estado de emergencia para cuatro provincias de la región Cajamarca (Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Contumazá), “da cuenta de la poca voluntad de poner fin al conflicto por parte del Estado”.
“Se vienen produciendo detenciones arbitrarias e ilegales y amedrentamientos contra líderes de las provincias afectadas en la ciudad Lima”, señala el pronunciamiento.
En tanto que el Perú se aplica a las comunidades campesinas y nativas el Convenio sobre Pueblos Indígenas N° 169 de la Organización internacional del Trabajo (OIT), se debe respetar su derecho a definir sus prioridades de desarrollo, advierte el pronunciamiento.
De la misma forma, se tiene que respetar su derecho de participación en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional
FIDH envía petitorio a Humala
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) instó al Estado peruano a levantar de inmediato el estado de emergencia en cuatro provincias de Cajamarca por considerarla una medida “excesiva”.
“La declaración del Estado de emergencia, aunada a la intervención de las fuerzas armadas, no responde al principio de proporcionalidad”, dijo Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH. “Se trata de una medida excepcional, que en ningún caso debe utilizarse como alternativa al diálogo con los sectores sociales movilizados”, agregó.
También pidió entablar un diálogo con la población afectada para encontrar una solución consensuada al conflicto socioambiental generado por el proyecto minero Conga.
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a.s / mapuexpress
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A continuación extendemos convocatoria de diversas organizaciones sociales del Perú que comenzarán una creciente movilización.
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Ver
http://sinpatronesperu.blogspot.com/
Convocatoria a la Gran Marcha Nacional
POR LA DEFENSA DEL AGUA Y DE LA VIDA
Desde Cajamarca, 10 de Diciembre 2011
A todos los ciudadanos y ciudadanas que defienden el derecho al agua y la vida digna en el Perú.
A todos los Frentes de Defensa Ambiental;
A los colectivos ecologistas nacionales e internacionales;
A las Rondas Campesinas;
A todos los Colectivos de la Sociedad Civil Organizada;
A las Juntas y Comisiones de Regantes;
A los Productores Agropecuarios;
A los Frentes de Defensa de los Intereses del Pueblo;
A las Federaciones de Estudiantes de Universidades e Institutos;
A las organizaciones gremiales y sindicales;
A las diferentes iglesias, autoridades electas, gobiernos locales y regionales;
A los intelectuales, artistas y líderes de opinión…
Los que estamos comprometidos con un Perú socialmente justo y ecológicamente sostenible y que pensamos que el desarrollo no es solo crecimiento económico, sino respeto de los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y ambientales; más aún en un contexto en que el cambio climático amenaza el acceso al agua en calidad y cantidad, la agricultura y la alimentación, así como la salud de la mayoría de los peruanos y peruanas que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza;
Los que trabajamos porque el Perú se democratice, se oiga y respete la lucha de los pueblos indígenas para defender la amazonía, su derecho a vivir en un país en que la diferencia no sea despreciada; que se promueva el derecho de los pequeños y medianos empresarios, agricultores y ganaderos para asegurar que el país no dependa de una única actividad económica como es la extracción de recursos naturales que son por definición agotables y que aspiramos a que las decisiones económicas y políticas que tomamos hoy dejen un Perú mejor para los niños y jóvenes que vendrán después de nosotros,
Los que pensamos que sin el agua ninguna actividad humana es posible y que no se la puede seguir dañando más de lo que ya lo hemos hecho y que admiramos la sabiduría andina amazónica y costera de nuestros ancestros que supieron ver a la Tierra y el Agua no solo como objeto de expoliación y comercio, sin como Madre Tierra (Pachamama) y Madre Agua (Yacumama) lo que nos permitirá caminar hacia un futuro de paz en que los pueblos no luchen ni hagan guerras por el agua, sino que se convoquen para vivir en armonía duradera;
Los convocamos a la Gran Marcha Nacional por el Agua y por la Vida que se iniciará como caminata en Cajamarca y en todos los pueblos del Perú el día sábado 21 de Enero de 2012 y que, como un gran río fluirá acrecentándose con adhesiones de todos los pueblos hasta confluir en Lima a mediados del mes de febrero para exigir los siguientes cambios normativos y jurídicos:
1. Modificatoria constitucional: para recuperar la soberanía de nuestros recursos naturales y obtener la declaración constitucional del agua como derecho humano, libre de privatización, la prohibición de actividades mineras en cabeceras de cuencas, glaciares y ecosistemas de alta vulnerabilidad ecológica, así como la prohibición del uso del cianuro y mercurio en actividades mineras de gran y pequeña escala como ya ha ocurrido en muchos países del mundo.
2. Elaboración del Plan Nacional de Protección y Gestión de Recursos Hídricos con prioridad para uso de personas, agricultores, actividades económicas sostenibles y demás usos industriales.
3. Concordamiento del marco normativo ambiental; forestal, agrícola, hídrico, pesquero, minero, energético, petrolero; económico, de consulta de los pueblos, ordenamiento territorial y de descentralización para evitar sobreposición de funciones así como conflictos entre gobierno nacional y gobiernos regionales y locales.
4. Reforma tributaria para que paguen más los que más ganan y la renta de los recursos naturales se orienten a educación, investigación, desarrollo biotecnológico y proyectos de inversión y desarrollo humano sostenible de manera que el Perú no se vea condenando una vez más a un futuro de pobreza y contaminación.
5. Creación del Fondo Nacional de compensación para recuperación de pasivos ambientales generados por actividades mineras, petroleras y de apoyo a los municipios locales para el tratamiento de aguas servidas, residuos sólidos y creación de conciencia ambiental para dejar un Perú mejor para los que vienen después de nosotros.
Comisión Organizadora de la Marcha Nacional por la Defensa del Agua y de la Vida
Comité Unitario de Lucha por la Defensa del Agua y la Vida – Cajamarca
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