El balance es negativo, y da cuenta de algunos aspectos críticos, como la criminalización de la protesta social, déficit en materia de participación política y electoral, y en la protección de recursos tan esenciales, como el agua.
Por Comunicaciones Observatorio Ciudadano http://www.observatorio.cl/node/5111
Organizaciones de la sociedad civil y de pueblos indígenas, por segundo año consecutivo, se organizaron para hacer un balance anual de la situación de los derechos humanos en Chile, en diversos ámbitos.
El informe, denominado “El Estado de los Derechos Humanos en Chile 2011”, fue dado a conocer esta mañana en conferencia de prensa y nuevamente arroja un saldo negativo en el cumplimiento por parte del Estado de su deber de promover y garantizar los derechos fundamentales de las personas.
Entre las organizaciones que participaron en la confección del informe se encuentran; Acción AG/ Agrupación Liberar/ Agrupación Nacional de Familiares de Ejecutados Políticos/ Amnistía Internacional Chile/ Asesoría Ciudadana/ Asociación Ayun Mapu/ Cinprodh Temuco/ Cintras/ Codepu/ Coordinadora Aymara por la Defensa de los Recursos Naturales de Arica y Parinacota/ Coordinadora de la Memoria y Derechos Humanos de Valdivia/ Corporación de Desarrollo y Comunicaciones Mapuche Xeg Xeg/ Corporación Humanas/ Corporación La Morada-Radio Tierra/ Fundación Terram/ Grupo de Trabajo Mapuche por los Derechos Colectivos/ Observatorio Ciudadano/ Parlamento de Koz Koz/ y Wallmapuwen.
En un año marcado por los reclamos ciudadanos, expresados en las continuas movilizaciones sociales a lo largo del país, el informe comienza haciendo un análisis crítico al estado actual de los derechos individuales y colectivos reconocidos en tratados internacionales ratificados por Chile. Afirmando que no se identifican “avances significativos en su vigencia efectiva en el país”.
En esta línea, y de acuerdo al análisis realizado, se observa que a lo largo del año, “el Estado chileno ha seguido sin adoptar las medidas necesarias para implementar las recomendaciones que la comunidad internacional le ha formulado en materia de derechos humanos, en particular aquellas formuladas en el 2009 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el Examen Periódico Universal”, y luego detalla los rezagos en la adopción de otros estándares internacionales, como “la ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU, la ratificación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de la ONU, el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, y sigue pendiente un cumplimiento adecuado del Convenio 169 de la OIT para Pueblos Indígenas”.
Entre los déficit más relevantes durante el año 2011, el informe releva las violaciones de derechos humanos cometidas bajo la dictadura militar, donde “sigue pendiente la derogación de legislación que facilita la impunidad. Como es el caso de la Ley de Amnistía, cuya derogación ha sido solicitada reiteradamente diversos órganos de Naciones Unidas y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Otro de los puntos críticos tiene que ver con “la competencia de la justicia militar para juzgar casos que involucran a militares que cometan delitos en contra de civiles, manteniéndose en impunidad los delitos que los agentes policiales del Estado cometen en contra de la población civil”, indica el documento.
En materia de derechos políticos y ciudadanos, el informe da cuenta que no ha concluido en el Congreso la tramitación de importantes iniciativas, tales como “el proyecto de ley que establece la inscripción automática y el voto voluntario, y el proyecto de elección directa de los Consejeros Regionales”.
Continuando con el análisis a la gestión parlamentaria, hace referencia al proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, lo que si bien “constituye un importante avance y un principio de cumplimiento de las obligaciones que Chile ha suscrito a nivel internacional, la norma aprobada adolece de un conjunto de falencias que impiden calificarla como una respuesta estatal adecuada y eficaz para erradicar y reparar la discriminación, en conformidad a los estándares internacionales en materia de igualdad y no discriminación”, sostienen las organizaciones firmantes.
Mientras que en el ámbito de los derechos de los indígenas, sostiene que “se mantuvo la exclusión política de los pueblos indígenas, los que siguen sin contar con una representación en el parlamento y continúa la política de criminalización de la protesta social mapuche”, agrega el informe.
En cuanto a los derechos de la población migrante, asegura que sigue pendiente “el desafío de la integración de este número creciente de población. Rigiendo todavía la actual ley migratoria de 1975, incoherente con los tiempos de intercambio global e integración regional existentes”, asegura el informe.
Por otro parte, en lo que se refiere a la política ambiental, indica que ésta continúa marcada por la fuerte influencia empresarial y denuncia la falta de “consulta ciudadana por parte del gobierno en el proceso de elaboración de un anteproyecto de ley para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que el ejecutivo envió al Congreso en enero de 2011”.
En tanto que en materia de institucionalidad de Derechos Humanos, “continúa la falta de voluntad política para legislar en favor de una Defensoría de las Personas (Ombudsman) verdaderamente autónoma y conforme con los llamados ‘Principios de París’”.
Otra cuestión preocupante en el año que concluye fueron los intentos de la autoridad política por criminalizar la protesta social estudiantil, a través de la presentación de un proyecto de ley que busca castigar con penas de cárcel acciones de toma de colegios y convocatorias a manifestaciones públicas.
Asimismo, asegura que en el ámbito de los derechos económicos sociales y culturales, quizás lo más preocupante es la persistente “desigualdad en el país”, y que “en el campo de libertad de expresión, el 2011 se ha caracterizado por un marcado clima de intolerancia e inseguridad, esta política ha tenido entre otras consecuencias la represión contra comunicadores y periodistas e intentos de cierres de medios de comunicación comunitarios”, afirman.
Finalmente, las instituciones realizan una interpelación al Estado chileno, emplazando al poder ejecutivo, legislativo y judicial a “respetar los derechos humanos a los que se ha obligado en virtud de tratados internacionales ratificados y que se encuentran vigentes. La orientación de la actuación de los órganos del Estado sobre la base de las directrices del derecho internacional de los derechos humanos resulta a nuestro entender fundamental para avanzar en la introducción de las transformaciones que la ciudadanía viene demandando sin ser hasta ahora escuchada, así como también, para hacer posible una convivencia social más armónica, que permita la superación de la conflictividad hoy existente”, concluye el informe.
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