Alarmado por la situación que vive el Pueblo Mapuche en un contexto provincial donde el gobernador neuquino se niega a implementar la ley nacional 26.160 de relevamiento territorial indígena y donde el conflicto se acrecienta en territorio mapuche con la invasión de empresas extractivas, el Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, fue recibido hace algunos días por autoridades de la Confederación Mapuche de Neuquén, en un encuentro donde las denuncias alcanzan al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Gentileza: Kvrruf Nawel
No se encontraron desconocidos. En los últimos años la Confederación Mapuche de Neuquén ha presentado en las instancias internacionales una innumerable lista de casos en los que se detalla la violación a los Derechos Humanos de las comunidades mapuche. Los mismos werken de la Confederación Mapuche han expuesto los casos más severos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el Foro Permanente de la ONU. De hecho, el mismo Relator Especial envió al Estado argentino puntales recomendaciones para resguardar la vida y la integridad física y cultural de las comunidades mapuche en la provincia de Neuquén. Sin embargo, en ésta provincia donde jueces, diputados, intendentes, empresarios y funcionarios están involucrados en la usurpación a las tierras comunitarias mapuche, es todo un desafío que esas recomendaciones se hagan realidad.
“Mari mari Relator, mi nombre es Maripan Elías, soy logko de las 56 comunidades mapuche de la provincia de Neuquén. Usted aquí ha venido a observar la situación que vivimos, ha venido a escuchar y agradecidos estamos” inició el encuentro la máxima autoridad mapuche proclamada en el ultimo Parlamento Mapuche realizado en noviembre pasado.
Refiriéndose a la visita del Relator Anaya, Maripan dijo que “así debería hacer el gobierno provincial, así debería hacer el gobierno nacional. Y cuando a uno le niegan el diálogo, nuestros derechos se atropellan”. Sin muchas vueltas el Ñizol logko comento las respuestas que reciben de los gobiernos. “Nos mandan a las petroleras como si nosotros no existiéramos. Nos mandan a las mineras para destruir el waj mapu, destruir el agua, los ríos y los lagos y así destruir a nuestro pueblo”.
Luego de agradecer las palabras del Ñizol Logko Maripan, el Relator Especial de la ONU dio cuenta de su tarea y del objetivo de su visita. “El Consejo de Derechos Humanos me nombra a mí para recibir información, promover los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, responder las preocupaciones indígenas haciendo comunicación con los gobiernos cuando ello lo amerita y realizando visitas de este tipo llegando al territorio para conocer directamente la realidad que están viviendo. Y ayudar a que los gobiernos sepan de sus preocupaciones para ver cómo se encuentran las soluciones a los problemas que ustedes plantean.”
Y es que los problemas que los Estados y gobiernos generan hacia el Pueblo Originario Mapuche son muchos y de todo tipo, pero como las cucarachas, todos se esconden cuando prenden la luz. Sobre la invasión de empresas extractivas y la violenta contaminación diaria que éstas originan en territorio comunitario, “son inventos de dos mapuche” dice el fiscal de la provincia de Neuquén. Por la usurpación de terratenientes que adjudican títulos otorgados por la Dirección Provincial de Tierras, “se debe respetar la propiedad privada, así lo dice la ley” sostienen algunos diputados. Referente a las empresas turísticas que arrasan y destruyen las tierras de las comunidades, “son proyectos de desarrollo” afirman los funcionarios.
En las últimas décadas el Estado neuquino solo ha tenido dos respuestas ante las demandas del Pueblo Mapuche. Alguien podría decir que es un gobierno ejecutivo, pero no se trata de eso, sino de un fuerte racismo y discriminación institucional. Una opción es acusar a lo mapuche y enjuiciarlos; y la otra más rápida y eficaz, es la represión.
Hecha la ley, hecha la trampa
Un capítulo aparte merece la denuncia que la Confederación Mapuche elevo al Relator ante la nula implementación de la ley 26.160 de relevamiento de los territorios indígenas en la provincia de Neuquén.
El Congreso argentino sancionó dicha legislación en el año 2005 con el objetivo de frenar los desalojos hacia las comunidades originarias y realizar, en el lapso de 4 años y con un presupuesto de treinta millones de pesos, un urgente y rápido relevamiento técnico, antropológico-catastral de los territorios en los que viven los Pueblos Originarios en el país. Pero en plena vigencia de esta ley persistieron los desalojos violentos a las comunidades originarias y fueron asesinados cuatro indígenas. Ya pasaron seis años de la sanción de esta ley, incluyendo una prorroga de cuatro años y el dinero sin usar, y hasta la fecha se aplico en menos de la mitad del país. Parece cómico, si no fuera demasiado trágico, que el Congreso haya denomino a la 26.160 como “ley de emergencia de los territorios indígenas”.
“Nosotros queremos y necesitamos con urgencia la implementación de la ley de relevamiento territorial. El gobierno ha boicoteado la presencia del Pueblo Mapuche en la implementación de la ley, quiere acomodarla para beneficio de los intereses de estancieros y nos siguen desplazando” le dijo al Relator, el Werken de la Confederación Mapuche, José Kintriqueo.
“Los que vamos a la veranada ya no tenemos espacios, los terratenientes nos están encerrando. Nos están dejando sin espacio para criar a nuestros animalitos. Todo eso lo genera el gobierno provincial” afirmo contundente el Ñizol Logko Maripan.
Es un secreto a voces el listado de funcionarios públicos que se han apropiado de las tierras mapuche, desplazando a las comunidades a territorios secos y rocosos; pero el gobernador neuquino, Jorge Sapag, fiel al refrenan popular “haz lo que yo digo pero no lo que hago”, insiste en que todos debemos ser “esclavos de las leyes”.
“El propio gobernador tiene estancias a lo largo y ancho de la provincia que atraviesan territorio comunitario, y por eso el gobierno se niega a que el relevamiento sea con participación mapuche, porque justamente la participación de nuestra organización generaría condiciones para abrir esa olla de información que está tapada por el gobierno” denunció la Werken Verónica Huilipan, integrante del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas.
El Movimiento Popular Neuquino (MPN) es el partido que se instalo en el poder provincial hace medio siglo, solo las dictaduras militares interrumpieron sus gobiernos. En algunos países a ese tipo de poder le dicen dictadura, y aquí le llaman democracia.
Las últimas declaraciones del actual gobernador del MPN, Jorge Sapag, son elocuentes y cargadas de desprecio al afirmar que el relevamiento se realizara pero diseñado por el propio gobierno sin la Confederación Mapuche.
La legislación nacional establece que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es el responsable de la aplicación del programa que estipula el relevamiento territorial indígena. Y es clara la ley cuando sostiene que el INAI debe aplicarla con la necesaria participación de los Pueblos Indígenas de las provincias, respetando así el Derecho a la Consulta. Pero dicho Instituto del gobierno nacional, una vez mas muestra su inoperancia y después de 6 años de promesas, el programa de la ley de relevamiento de los territorios indígenas brilla por su ausencia.
Sobre la nula aplicación de la ley, la werken Huilipan fue directa en apuntar a los responsables. “El relevamiento está frenado porque los gobiernos provincial y nacional se han puesto de acuerdo en que la Confederación Mapuche de Neuquén no debe participar, existe una clara cooperación entre ambos gobiernos para que la institución mapuche no sea parte.”
Que el gobierno provincial del MPN se niegue tajantemente a reconocer a la organización mapuche no es novedad, lo que genera preocupación es la actitud del gobierno nacional. Y es que el INAI ha optado por paralizar cada acción que genere la implementación del relevamiento en la provincia de Neuquén. “Se está en un proceso de firmas de convenio entre el gobierno nacional y provincial” viene repitiendo hace dos años el presidente del INAI, Daniel Fernández.
La alianza que existe entre los gobiernos nacional y provincial se basa en un único interés que no es precisamente sentimental. Y es que esta relación de matrimonio sin amor solo se sostiene por la rentabilidad de las industrias extractivas de petróleo, gas y el nuevo yacimiento de hidrocarburo no convencional anunciado hace unos meses con bombos y platillos por la presidente Cristina Fernández y el gobernador Jorge Sapag. ¡Oh casualidad!, dicho yacimiento se encuentra en territorio mapuche y las investigaciones afirman que el sheil gas es 300 veces más contaminante y destructivo que el hidrocarburo convencional.
¡Elemental Watson! diría un conocido investigador. Son muchos intereses del poder que están en juego. Son muchos negociados políticos y económicos los que se destaparían con los resultados que arroje el relevamiento de territorios indígenas. Y por eso la negativa de los gobiernos a la participación de la Confederación Mapuche.
Listado de atropellos
En la capital de Neuquén las autoridades de la Confederación Mapuche le entregaron al Relator Especial de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas un completo documento que detalla la grave situación de vulneración que sufren los derechos del Pueblo Mapuche en la provincia de Neuquén.
La feroz contaminación generada en territorio mapuche por la explotación petrolera fue crucial en la reunión. Además, James Anaya recorrió la comunidad mapuche Kaxipayiñ (ubicada en el centro de la provincia) y constato personalmente el daño extremo que ha provocado el yacimiento Loma de la Lata en el territorio comunitario. Caños rotos que vierten crudo diariamente, camiones que entran y salen permanentemente volcando en piletas a cielo abierto los desechos tóxicos, derrames constantes, napas completamente contaminadas, animales muertos en el camino por ingerir agua intoxicada de los arroyos, fuertes ruidos de turbinas de gas y el aire con olor a gasolina, fueron algunas de las observaciones del Relator. “¿Cómo les afecta todo esto a sus vidas?” le pregunto Anaya al werken Rolando Cherqui. “Esto nos está matando, y no hay dinero que pueda remediar lo que Repsol-YPF ha destrozado” respondió el werken.
Otra de las denuncias que las autoridades mapuche le expresaron al Relator fue la situación de la comunidad Lof Paichil Antriao. Es que ésta comunidad ha sido víctima de mentiras, engaños y usurpaciones de funcionarios, intendentes, abogados y empresarios desde la misma creación de la ciudad de Villa la Angostura. De hecho, tras la fundación de la villa fue constante la invasión municipal a las tierras de la comunidad. En este caso también James Anaya vivió en carne propia la violencia y el racismo de quienes despojaron a los mapuche de sus tierras. Y es que durante la visita, el empresario norteamericano William Fisher, quien usurpo el rewe de la comunidad y desalojo con la policía a dos familias de Paichil Antriao, intento evitar a los golpes que la comitiva del Relator junto a la comunidad ingresaran al espacio sagrado para realizar una ceremonia espiritual. “¿Cuando fue el ultimo hecho de violencia que ustedes han vivido?, consulto el Relator. “Esto es así todos los días. A mi me quemaron la casa y realmente nadie hace nada. Peligramos nuestra vida y no hay justicia. Jueces, policía, intendente, todos están juntos y la policía nos maltrata a todo momento. Después que desalojaron a las familias, nosotros tuvimos en nuestras tierras 50 parapoliciales de la GEOP amedrentándonos durante tres meses. Y aquí no tenemos luz, agua, nada. Somos discriminados por el solo hecho de ser mapuche. Y además de ser discriminados, un día matan a un mapuche y nadie hace nada, esa es la verdad en este pueblo”, respondió Ester, pobladora de la comunidad Paichil Antriao.
Ambos lugares que Anaya recorrió fueron de suma relevancia para observar y sentir la desgarradora realidad que son empujadas a vivir las comunidades mapuche.
Cuando las comunidades ya hartas de ser despojadas deciden recuperar su territorio, son acusadas de usurpadoras y hasta de “terroristas”. Cuando los mapuche se cansan de la contaminación que generan las industrias extractivas multinacionales y realizan una medida de protesta, son acusadas de daño a la propiedad privada. En todos los casos el gobierno nunca resuelve los conflictos que el mismo Estado genera.
La organización del Pueblo Mapuche de Neuquén expreso al Relator Anaya que los 250 mapuche procesados, con causas civiles y penales, que desfilan por los tribunales de la justicia neuquina son acusados de “usurpación”, “desobediencia a una orden judicial”, “coacción”, “instigación”, “daño a la propiedad privada”, todas acusaciones que contradicen fuertemente el marco normativo actual.
La raíz de todos esos conflictos se encuentra en la violación que realiza el Estado al Derecho a la Consulta que tienen los Pueblos Originarios. Y es que el Derecho a la Consulta que poseen los pueblos preexistentes se traduce en que cualquier tipo de proyecto que pretenda instalarse en tierras indígenas debe obtener la aceptación o no, información mediante, de la comunidad originaria del lugar. Pero los gobiernos entregan concesiones a las empresas extractivas y turísticas y títulos de propiedad a terratenientes en los territorios de las comunidades mapuche sin ningún tipo de consulta previa, libre e informada.
“En 2006 le entregamos al gobierno federal una propuesta para establecer el derecho a la consulta, pero hasta el día de hoy no recibimos ninguna respuesta” le dijo la werken Verónica Huilipan al Relator Anaya.
La werken Pety Piciñam, quien representa al Pueblo Mapuche de Neuquén en el Consejo de Participación Indígena (CPI), instancia con facultad para establecer el derecho a la Consulta dentro del INAI, denunció que “es repudiable la manipulación que hace el INAI a los indígenas. Nos quiere hacer creer que con solo informándonos están respetando la Consulta y es lamentable ver que algunos indígenas confundidos se prestan para ese manejo. El INAI creó una organización indígena para desestructurar al CPI. Esa operación política de división dentro de las organizaciones originarias es lo que el INAI genera como política pública.”
Con todas las denuncias recibidas que involucran a los gobiernos nacional y de Neuquén, el Relator de la ONU dijo que “mi compromiso es generar ámbitos de concertación y dar luz a los problemas para superar los desafíos que ustedes me acaban de plantear.”
El Relator James Anaya elaborara en los próximos meses un Informe de situación de cada región que visito en el país y enviara al Estado nacional sus observaciones y recomendaciones pertinentes.
Es importante resaltar que la sola presencia en Argentina del Relator Especial de ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas indica que los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios están siendo vulnerados en el país. La visita de Anaya no es de carácter vacacional. El Estado argentino continúa adeudando las recomendaciones que el Relator envió en 2010 y 2011 para resguardar y proteger la integridad de los hijos e hijas de la tierra. Los Derechos de los Pueblos Indígenas es una materia pendiente en el actual gobierno “nacional y popular”, y aparentemente no existe interés en sacar un 10.
Sin embargo, empujada por la fuerza del antiguo viento, la Confederación Mapuche de Neuquén avanza por sus derechos. Como el pewen milenario se mantiene erguida ante los atropellos wigka y la desidia de los gobiernos. Porque el sol clarifica su camino y el corazón de la tierra le da fortaleza para enfrentar traiciones miserables y enemigos poderosos. Y allí se encuentran ahora, mujeres y hombres, niños y ancianos defendiendo la tierra y el agua que les dieron vida y luchando por el futuro de su Pueblo ancestral.
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