mercredi 24 décembre 2014

Encuentro con tres dirigentes del pueblo Mapuche en París: "La lucha mapuche no se detiene"


Por M.B. - Fuente: mapuche.nl

Juan Pichun es hijo del Lonko Pascual Pichun, fallecido en Marzo del 2013, luego de haber estado encarcelado varios años por el Estado chileno, condenado por ley antiterrorista bajo la inculpación de “amenaza terrorista” por 5 años y 1 día, a raíz del conflicto con el agricultor y político radical Juan Agustín Figueroa propietario legal del fundo Nancahue, reivindicado por la comunidad de Temulemu como parte de su territorio ancestral. El juicio conocido como el “juicio de los Lonkos” en el cual Pascual Pichun estuvo acusado junto con el Lonko de la comunidad vecina de Didaico, Aniceto Norin, estuvo plegado de irregularidades. Tras un primer fallo absolutorio, los Lonkos fueron condenados después de la anulación del primer juicio por la corte suprema. Luego de la muerte de su padre, Juan Pichun asume como Lonko de la comunidad de Temulemu. Vive hoy en su comunidad junto con su familia donde es profesor de la pequeña escuela básica del lugar.

Juan Ciriaco Millacheo es Lonko de la comunidad de Chequenco. Ha dedicado la mayor parte de su más de 60 años de vida a la lucha del pueblo mapuche, especialmente la lucha por las tierras y el territorio usurpado por latifundistas y empresas forestales. Dio sus primeros pasos en la lucha en el tiempo de la reforma agraria cuando su comunidad, y especialmente su padre, se movilizaba para recuperar el fundo Chihuaihue de 4.000 hectáreas a mano de la familia Silva Correa. A partir del año 1999 se involucra juntos con Mapuche de las comunidades de San Ramon y de Tricauco en la reivindicación del fundo Poluco-Pidenco a mano de la empresa Forestal Mininco. Varios años después, en 2003, a raíz de la presión de la empresa Mininco, la fiscalía abre un juicio en contra de varios dirigentes mapuche que lideran la lucha por la recuperación del fundo Poluco-Pidenco. Entre ellos Juan Ciriaco Millacheo a quien se imputa el delito de “incendio terrorista” y para llevar a cabo la investigación se hace uso de la ley de conductas terroristas, más conocidas como “ley antiterrorista”. En este juicio, se lo condeno a 10 años y 1 día de cárcel por “incendios terroristas”. Juan Ciriaco Millacheo, convencido de su inocencia rechaza la condena y decide asumir la clandestinidad en Argentina, hasta el año 2013 cuando fue capturado por la policía argentina y entregado a la justicia chilena.

En el mismo caso, se encontraba un joven mapuche de apenas 25 años en este entonces, Jaime Marileo. Jaime Marileo proviene del sector San Ramon, de la comunidad Cacique José Guiñon. Es el noveno de los hijos de una familia de 12 integrantes. Siguiendo el modelo familiar, marcado por las luchas de sus padres en el tiempo de la reforma agraria, decide involucrarse en las acciones de recuperación de tierras que sacuden su territorio a partir del final de los años 90. Está acusado de los mismos cargos que el Lonko Millacheo, y condenado a 10 años y 1 día de cárcel por “incendio terrorista”, sin poder arrancar la condena puesto que estaba mantenido en prisión preventiva durante su juicio.

Luego de una larga batalla política jurídica en el año 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acoge tres casos de Mapuche condenados por ley antiterrorista bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Se tratan de los casos de los Lonkos Pichun y Norin, el caso de Victor Ancalaf y el caso Poluco Pidenco, en el cual estuvieron condenados Juan Ciriaco Millacheo y Jaime Marileo. Luego de la muerte de su padre Pascual, Juan Pichun asume la representación de su padre ante la CIDH. Junto con Juan Ciriaco Millacheo, Jaime Marileo y otros de los imputados se presentan en la corte en Costa Rica para dar a conocer a la Corte el sufrimiento provocado en sus vidas por la aplicación de la ley antiterrorista y reafirmar su condición de luchadores sociales y políticos del pueblo mapuche. Asesorados por la Federación Internacional de las Ligas de Derechos Humanos (FIDH), en Julio del 2014, obtienen de la corte una condena del Estado chileno por violaciones a los derechos humanos de integrantes del pueblo Mapuche.
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