En Chile, con tratados internacionales de Derechos Humanos de por medio, continúa la descontrolada expansión de industrias extractivas que generan graves impactos en la población, principalmente rural, con daños sociales, culturales, ambientales y económicos.
A parte de la depredación causada por empresas mineras, en su mayoría transnacionales, en diversas zonas del norte de Chile, con graves impactos por contaminación y profundización de la crisis hídrica, se agrega, que en diversas zonas del centro y sur de Chile, ciertas actividades se vienen expandiendo sin que se estén respetando los derechos humanos.
En el caso de los Pueblos indígenas, desde el año 2008 se ha ratificado el convenio 169 de la OIT y se aprobó la declaración de la ONU sobre los derechos de los Pueblos indígenas, sin embargo, diversos proyectos atentatorios han ingresado al sistema de evaluación ambiental, bajo la complicidad y promoción de la dirigencia política y administrativa del estado, sin que se respeten derechos elementales de las comunidades indígenas.
La gran mayoría de los proyectos que involucran intereses colectivos de Pueblos indígenas, como centrales hidroeléctricas o de la industria salmonera como pisciculturas, emplazadas sobre territorio ancestral, lo han hecho sin que se cumpla la obligación de consulta y sin que se respeten las prioridades de las comunidades en materia de desarrollo, como lo establecen las normas internacionales.
Peor aún es la situación que afecta a lugares sagrados amenazados por proyectos hidroeléctricos que son protegidos por estas normas de Derechos Humanos. Casos como los de Karilafken en las comunas de Pitrufquen y Freire con el proyecto Los Aromos; el de Truful Truful en la comuna de Melipeuco con el proyecto “Rincón”; Añihuarraqui en la comuna de Curarrehue con el proyecto “Añihuarraqui”; El de Neltume en la comuna de Panguipulli; y el de Pilmaiken en la comuna de Rio Bueno y La Unión, involucran, a modo de ejemplo, lugares de enorme significación cultural, religiosa y espiritual, sin embargo, empresas, incluidas transnacionales, bajo el amparo de la institucionalidad pública chilena, arremeten de manera racista en espacios que causarían una grave destrucción y daño al Pueblo Mapuche, cuya extracción de energía hídrica tiene como destino: la gran minería.
Por otra parte, empresarios como los Luksic, con fortunas que superan los 20 mil millones de dólares, acumulada principalmente por la banca y el extractivismo, a través de su empresa Antofagasta Minerals que, de acuerdo al catastro online de Sernageomin, está tramitando la concesión de al menos una decena de paños (de unas 300 hectáreas cada una) en la Región de Los Lagos, en las comunas de Osorno, San Juan de la Costa, La Unión y Fresia, que involucra una buena parte de territorio Mapuche Huilliche.
El discurso del gobierno en la ONU y la realidad en Chile
Bajo esta sistemática transgresión a los derechos humanos en Chile a causa de industrias extractivas, replicado también en otras actividades como las pisciculturas de la industria salmonera en la Región de la Araucanía , las forestales y celulosas en el centro sur de Chile, el Ministerio de relaciones exteriores de Chile a través de su subsecretario, Edgardo Riveros, plantea en el “Foro Anual sobre Derechos Humanos y Empresas”, realizado en Naciones Unidas del 1 al 3 de diciembre, adelantando que “el Gobierno está coordinando esfuerzos para desarrollar un Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos con la convicción de que es la forma más eficaz de implementar los Principios Rectores”, anunciando que dicho proceso debía llevarse a cabo de forma abierta, inclusiva y transparente, “con la participación de todos los actores interesados” y agrega: “La instancia en la que se está impulsando el tratamiento del tema es el Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, foro en el que participan representantes de diferentes Ministerios, empresas, sociedad civil y academia”.
En este contexto, el subsecretario anuncia la existencia y funcionamiento de un “Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible”, aparte de tener un nombre abiertamente capitalista y de seruna instancia mayoritariamente empresarial, se ha excluido de tajo la participación de Pueblos indígenas y sectores sociales defensores de los derechos humanos ante industrias extractivas. Además, su actuar se viene sosteniendo en cuatro paredes y no de forma “abierta, inclusiva y transparente” como señala el subsecretario.
El subsecretario de relaciones exteriores en la ONU, destacó “el importante rol que juegan las empresas en el crecimiento del país”, y subrayó que "no existe un verdadero desarrollo cuando éste se efectúa a costa de los derechos fundamentales de las personas". En este contexto valoró los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas, instrumento basado en tres pilares: el deber de los Estados de proteger contra los abusos a los derechos humanos por parte de terceros, incluidas las empresas; la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos, y el acceso a reparación para las víctimas. En la ocasión, destacó el valor de este instrumento como una guía útil para enfrentar los desafíos que emanan de la actividad empresarial y como un referente para desarrollar un diálogo social inclusivo en la materia.
Los discursos planteados en las Naciones Unidas hacen ver una intención de cumplimiento y respeto por los derechos humanos, pero en la práctica la realidad es otra y más que proyectar una combinación de medidas legislativas, regulatorias y de políticas públicas, que involucraría incentivos a las empresas para que respeten los derechos humanos, como dijo Riveros en el foro ONU, lo que debería hacerse es el cumplimiento de los derechos de acuerdo a las normas que ya están vigentes y que son obligatorias al estado chileno, sin embargo, continúa omitiéndolas.
Alfredo Seguel
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