Navarro denunció ante la OEA persecución contra abogados defensores de la comunidad de Caimanes

El senador y presidente nacional del Movimiento Amplio Social acusó “abuso procesal y violación del debido proceso” ante “acusación ilegal contra abogados defensores de comunidad afectada por tranque contaminador”.

Y señaló: “Defender judicialmente a una comunidad afectada por la contaminación minera no puede ser jamás sancionado por el delito de asociación ilícita”.

Fuente: http://www.pnews.cl
“Existe una grave situación que afecta seriamente la seguridad, salud, y el abastecimiento de agua necesaria para la subsistencia de la comunidad de Caimanes, ubicada al interior de los Vilos en la zona pre cordillerana, que cuenta con una población de alrededor de 1.800 personas, quienes durante años dieron una batalla frontal a la construcción del Tranque de relaves tóxicos El Mauro, propiedad de Minera Los Pelambres, que contiene más de 2.700 millones de toneladas de relave, sostenido por peligroso un muro de arena de 300 metros de altura y 1.500 metros de largo, 3 veces la longitud de la represa Hoover en USA, que es de concreto”, denunció el senador Alejandro Navarro.

Y señaló: “La lucha judicial de los habitantes de Caimanes contra el tranque El Mauro, concluyó en 2006 con un fallo favorable a la comunidad. Lamentablemente, este fallo fue revertido en virtud de un acuerdo judicial entre su abogado representante y la empresa minera, junto a dirigentes vecinales que aparentemente no acataron a su asamblea, previa firma de una supuesta donación de la empresa, que alcanza los cinco millones de dólares a repartir entre ellos y su círculo más cercano. Cada uno podrá sacar sus propias conclusiones”.

El miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, relató que “la comunidad reorganizó su defensa judicial con los abogados pro bono Ramón Ossa, Sandra Dagnino y Roberto Arroyo, y con el dirigente Cristian Flores Tapia, mediante diversas acciones judiciales, incluso criminales, que se han tramitado muy lentamente, y con franca oposición de los fiscales. No obstante, la minera contra demandó a los abogados y el nuevo dirigente, por los delitos de asociación ilícita, prevaricación, suscripción engañosa de documentos y desordenes públicos, sólo por la defensa de la comunidad”. Y continuó: “Esta querella, investigada por los mismos fiscales se tramita rápidamente, y se decretan escuchas ilegales entre el dirigente y los abogados que violan el derecho a la defensa, y se pide penas que no bajan de los 10 años de cárcel para todos, y en el caso de los abogados, también inhabilitación perpetua para el ejercicio de la profesión”. Para Navarro, entonces, cabe la conclusión de que “la Fiscalía y los Tribunales penales se encuentran protegiendo las grandes inversiones y persiguiendo a las víctimas de la contaminación”.

El presidente del MAS, a su vez, sostuvo que “para peor, el primer fiscal del Ministerio Público de la causa, Felipe Ravanal Kalergis, citó a audiencia para formalizar y reformalizar a profesionales y dirigentes, para luego dejar su cargo e iniciar funciones en el Ministerio del Interior, tal como ocurrió con el ex Fiscal Peña, del Caso Bombas, lo que revelaría los apoyos de la empresa. Este mismo ex fiscal decretó escuchas telefónicas de las conversaciones entre los abogados Ossa, Dagnino y Arroyo y la comunidad afectada”, afirmó Navarro.

De acuerdo al vicepresidente del Senado, “nos parece que existe una relación incestuosa entre la Fiscalía local y la empresa, una impunidad ambiental que enturbia de aquí para siempre al sistema, y que esperamos sea detenida con los nuevos tribunales ambientales. La comunidad de Caimanes solo quiere recuperar en parte la dignidad que les han arrebatado al quitarles el agua, transformar su forma de vida, dividir a su comunidad, desintegrar sus redes sociales, dejarles sin la posibilidad de ejercer las actividades de agricultura y ganadería que históricamente desarrollaron y poner en peligro su vida por el posible derrumbe del tranque de relaves construido con muro de arena en el país más sísmico del planeta. Nada les devolverá la vida que llevaban antes, pero al menos, si cuentan con una defensa adecuada, podrán aspirar a contar con los medios necesarios para abandonar el pueblo y evitar los riesgos que hoy les amenazan”.

Por último, el Vicepresidente del Senado señaló que “lo ocurrido es un mensaje a todos los profesionales que pretendan asumir en el futuro defensas colectivas de pobladores en contra de empresas poderosas. Lo que se está haciendo aquí, es inhibir que las comunidades ejerzan sus legítimos derechos mediante el amedrentamiento a dirigentes y profesionales y es por ello que he denunciado este caso a José De Jesús Orozco Henríquez, Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, a efectos de que haga un llamamiento urgente al Estado de Chile, pues no podemos tolerar este grado de complicidad entre instituciones del Estado y las grandes inversiones. No es posible que una comunidad sea criminalizada por ejercer sus derechos constitucionales de presentar demandas en los tribunales, eso es el fin de la democracia. Esperamos que la denuncia internacional inhiba a esta baja intentona por desactivar ilegalmente, una lucha legítima por la supervivencia de un pueblo afectado por la mega minería”.