La pregunta no va considerando la visión del poder político – económico de ciertos grupos que pretenden imponer una desquiciada expansión, doblar la superficie de especies exóticas de pino y eucaliptus y expandir a su vez todos sus impactos depredadores. La pregunta va considerando la conciencia, actitud y acción de quienes dicen asumir posiciones “democráticas” y respetuosas de los derechos humanos y del medio ambiente.
El tema del conflicto de las corporaciones de la industria forestal es un tema urgente, transversal y estructural y requiere una posición clara de sectores políticos disidentes ante este tipo de modelo y a su vez, una reacción más contundente de organizaciones sociales que vienen promoviendo propuestas de sustento de vida.
La afrenta de las corporaciones de la industria forestales, no es un tema que atañe exclusivamente a la gente de la tierra, a quienes viven en los campos, a las comunidades. No es únicamente un tema de resistencia de quienes buscan mantener viva sus culturas, tradiciones, espiritualidad y las fuerzas de la madre tierra; es un tema que concierne a todos y todas las personas que habitamos aquí y tenemos conciencia, ya sea en los espacios rurales o urbanos, porque es una prioridad relacionada con pervivencia y justicia.
Desde las comunicaciones, son diversos los impactos que se vienen registrando, sindicados y dirigidos a la responsabilidad de esta industria, denunciados por diversas comunidades y organizaciones territoriales y que dan cuenta de situaciones que afectan grave y directamente la vida rural, pero a su vez, cercena las posibilidades de desarrollo colectivo en las distintas esferas.
De manera general, algunas de estas consecuencias generadas son: Desplazamiento del Bosque Nativo; Pérdida de los Recursos hídricos, superficiales y subterráneos que ha sido una de las constantes denuncias entre la IX y X regiones (Los monocultivos exóticos actúan como verdaderas bombas de agua); Uso indiscriminado de plaguicidas y contaminación de ecosistemas; Acorralamiento de comunidades rurales por los monocultivos; Destrucción de caminos rurales y polución por el tránsito de la maquinaria pesada, principalmente en tiempos de cosecha; Pérdida de Flora y Fauna (también plantas medicinales y alimenticias); Suelos agrícolas reemplazados para pinos y eucaliptus, lo que conlleva a la pérdida de soberanía y seguridad alimentaria; Transgresión de lugares sagrados; Aumento de emigración (disminuye fuente laboral) y pobreza en lugares de alta concentración Forestal, son parte de sus realidades que demuestran lo inviable.
En el presente, fuera de este modelo, son diversas las iniciativas que versan de sectores campesinos y de comunidades, por ejemplo, en lo agroalimentario y recolección, destacándose quienes buscan fomentar la producción suficiente y la adecuada conservación, junto a la promoción de intercambios, transformación, comercialización y consumo de alimentos sanos, nutritivos, preferentemente provenientes de la pequeña, la micro, y mediana producción, con diversificación, actividades que en general, respetan y protegen la biodiversidad, los conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales, bajo los principios de equidad, solidaridad, inclusión, sustentabilidad social y ambiental,
El modelo de expansión de la industria forestal es absolutamente incompatible con las numerosas propuestas y formas de llevar adelante otras maneras de producción como las señaladas anteriormente, en sus formas solo cabe la expansión, los monocultivos y el lucro insaciable a cualquier costo.
Estos sectores vienen vendiendo y publicitando falsamente, que las plantas de pino y eucaliptus contribuyen a la descertificación y al desarrollo, lo que ningún indicador del propio estado chileno, llámese censo población, encuesta casen, censo agrícola, entre otros, puede demostrarlo. Los lugares donde se concentran la mayor cantidad de plantaciones forestales de estas especies, coincide mayoritariamente, donde están los más altos índices de pobreza, cesantía, emigración, desintegración e intensificación en la falta de agua.
Aun así, conociendo estos antecedentes y con la enorme acumulación de riquezas que ya han hecho, los empresarios insisten y buscan mayores beneficios y ventajas que les brinde el estado y a su vez, sectores políticos totalmente corrompidos insertos en la conducción ejecutiva y legislativa, operan a su favor, hechos que son transversales a los dos bloques que han venido gobernando, la llamada Alianza o también llamada Coalición y por su parte, la llamada Concertación por la democracia.
La complicidad de la dirigencia política binominal
Es sabido, publicado por sus propios medios informativos pro-forestales y que han hecho referencia a los “mecenas”, que los principales empresarios de Chile en la actividad forestal, como Matte (CMPC) y Angelini (Forestal Arauco), son importantes financistas de partidos políticos en sus campañas electorales de ambos bloques. A su vez, estos tienen enorme influencia en diversos aparatos públicos.
Así, con estas formas de cohecho y colusión en la mayoría de los sectores “gobernantes”, es prácticamente imposible pensar en prácticas transparentes que vayan en beneficio de las mayorías o en políticas que vayan acorde con los verdaderos intereses y necesidades de las poblaciones locales, donde se respete el derecho a decidir sobre sus propias formas y propuestas de desarrollo.
Asimismo, este “círculo”, desde la denominada “vuelta de la democracia”, ha venido promocionando internacionalmente dicho modelo como un “éxito”, como “un ejemplo al mundo”, y al vislumbrarse los altos índices macroeconómicos del País, con exportaciones anuales que han estado bordeando los 6 mil millones de dólares, aparecen como un ejemplo a seguir, sin que se considere el enorme lucro y la acumulación de riquezas, crecimiento que es mayoritariamente para dos grupos. Menos se da cuenta, del enorme empobrecimiento que vienen arrojando a los territorios y sus habitantes.
De esta forma, gobernantes en el continente de los denominados grupos “progresistas”, de manera torpe e indocta, sin precisión, han alabado el modelo forestal chileno. Uno de ellos es el Presidente de Ecuador Rafael Correa quien destacó en julio de este año a las agencias de prensa la experiencia en el “desarrollo” de la industria forestal de Chile, país que, según él, invirtió "muchísimo" otorgando incentivos y subsidios y actualmente está recaudando mucho más gracias a los impuestos que genera la actividad”, indicaba el mandatario, lo que hacía recordar los dichos del neoliberal y ex mandatario del Perú, Alan García, quien en su carta el “síndrome del perro del hortelano” daba como ejemplo la industria chilena y sus “suculentas” exportaciones.
Situación similar viene ocurriendo en Brasil, donde se le ha dado luz verde a la expansión de estos grupos que concentran miles de hectáreas para las plantaciones en diversos territorios. Lo mismo, desde hace años, en Argentina, con plantaciones y plantas de papeleras con espacio abierto para los dos principales grupos económicos de Chile en esta actividad.
La violenta ofensiva por expandirse
Las plantaciones, por ser especies exóticas, son vulnerables a plagas, como ha sido la avispa taladradora (Sirex noctilio) que está extendida desde la Región del Maule hasta la región de los Lagos y que ha puesto en jaque a las empresas forestales chilenas. Dicho insecto va provocando la muerte de los pinos que ataca, debido a que las hembras colocan sus huevos dentro del tronco de los pinos, junto con una sustancia tóxica producida por ellas, que mata los árboles y ante esto, el estado chileno ha debido invertir millones y millones para buscar su control, con arcas del estado, desde investigación, controladores químicos y hasta la liberación de insectos exóticos para buscar su control biológico.
En su origen de imposición como modelo, el gobierno del dictador Augusto Pinochet dio absoluta prioridad a los intereses de Angelini y Matte con respecto a establecer políticas de estado que les otorgaran beneficios y ventajas en la instalación del modelo forestal. En efecto, en el año 1974 se establece el decreto Ley 701, que permitió acelerar el proceso de la industria y la expansión de los monocultivos, además de fomentar la concentración de grandes extensiones de tierra en pocas manos.
Desde el segundo semestre del 2012, el Ministerio de Agricultura, a través de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) viene promoviendo un proyecto de Ley que busca fortalecer la forestación a nivel nacional por medio de la prórroga de este decreto.
Esta iniciativa legal de prórroga del Decreto Ley considera ciertas modificaciones que potencian la entrega de incentivos a esta actividad, contemplando un incentivo sobre los costos de producción y agrega nuevas formas como el de “servicios ambientales”. Esta medida ha sido celebrada por diversos sectores políticos legislativos del oficialismo y la oposición y se ha considerado como un importante “beneficio y oportunidad” según han indicado sectores pro forestales.
Cabe mencionar que esta nueva estrategia, beneficia a las grandes compañías, ya que no necesitan adquirir más predios que signifique correr los riegos de conflictos y disputas territoriales con vecinos, como el caso de las comunidades mapuche, sino, anexan de manera encubierta los predios de comunidades y campesinos, incentivados por la oferta que hace el Estado, siendo las propias empresas las que tendrán luego el poder adquisitivo de las cosechas de estas plantaciones y fijarán los precios de compra. Para este fin, los servicios públicos vinculados al quehacer rural, como CONAF, CONADI e INDAP, operan para su servicio.
Uno de los puntos en cuestión sobre esta imposición, es el viciado proceso que se ha llevado adelante transgrediendo normas como el Convenio 169 de la OIT ya que no se han establecido de buena fe la consulta de acuerdo a las obligaciones estatales con las normas internacionales. Estas políticas, en definitiva, no están cumpliendo con la obligación estatal de consulta y participación de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan y tampoco, se está atendiendo el Derecho a decidir las prioridades para el desarrollo.
Hoy, como política de estado, se pretende masificar las plantaciones en familias de comunidades y campesinos, cuyos cálculos oficiales de uso de estas tierras para tales propósitos, supera los dos millones de hectáreas en el centro sur de Chile, quienes llevarán consigo todos los impactos y riesgos de plagas y el aumento de pérdidas de soberanías, autonomías y espacios para el sustento de la vida.
Ante esta realidad, se hace urgente reaccionar, se hace fundamental revertir estas realidades, no tan solo intensificando los procesos de resistencia, sino además, levantando con más fuerza las otras propuestas de desarrollo pensadas en lo colectivo, en un verdadero desarrollo integral, respetuoso e identitario con los territorios y sus poblaciones.
Por Alfredo Seguel
Texto editado publicado en la Agenda 2013 Semillas de Agua
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