"A raíz de la ola de violencia contra el Pueblo qom queremos manifestar nuestra preocupación por la situación de los integrantes de la comunidad Potae Napocna Navogoh y de todas aquellas comunidades indígenas que están defendiendo sus derechos humanos básicos y sus derechos territoriales ante las nuevas modalidades de ocupación."
A la opinión pública:
Ante las reiteradas muertes y episodios de violencia contra miembros del Pueblo qom, investigadores, docentes, graduados y estudiantes universitarios de diferentes universidades nacionales e internacionales y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) que desarrollamos nuestras actividades junto a los Pueblos indígenas queremos, una vez más, manifestar nuestra más profunda preocupación por la situación que vive el Pueblo qom, y particularmente la comunidad Potae Napocna Navogoh (conocida como La Primavera) en la provincia de Formosa.
Esta comunidad padece una situación de vulnerabilidad asociada al hostigamiento que reciben desde que sostienen reclamos por la restitución de su territorio. El hecho emblemático y más grave ocurrió con la represión policial del 23 de noviembre de 2010, que terminó con la vida del qom Roberto López, así como con graves heridos, entre los que se encontraron mujeres, ancianos y niños. En dicha represión las viviendas de los manifestantes fueron incendiadas por la policía provincial así como todas sus pertenencias. Este hecho tuvo grandes repercusiones a nivel nacional cuando Félix Diaz, qarashe de la comunidad, se trasladó a Buenos Aires para pedir justicia al gobierno nacional. A mediados del 2011 el gobierno nacional acordó avanzar en la resolución del conflicto territorial y garantizar la seguridad de la comunidad.
No obstante, en estos dos años no se ha avanzado en la restitución del territorio usurpado a la comunidad. El territorio tradicional de la comunidad continúa ocupado por una familia no-indígena, por la provincia de Formosa y por el Estado Nacional, a través del Parque Nacional Río Pilcomayo.
A su vez, en estos dos años numerosos miembros de la comunidad han sufrido agresiones y amenazas de manera constante y creciente. A ese cuadro de situación se suma el hecho de que los miembros de esta comunidad siguen enfrentando múltiples investigaciones penales en las que resultan criminalizados por las luchas y protestas que emprendieron.
Los permanentes actos de violencia que padecen difícilmente pueden ser desvinculados de su reclamo por la restitución de su territorio tradicional. La falta de implementación del derecho a la propiedad comunitaria de su territorio ha generado las condiciones para la reiteración de agresiones contra la comunidad. Desde entonces, la persecución, las amenazas y las agresiones físicas contra miembros de la comunidad se incrementaron de forma alarmante. Cabe señalar que esta situación ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual el 21 de abril de 2011 exhortó al Estado a proteger la vida de Félix Diaz, su familia y los miembros de la comunidad “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”. No obstante, la violencia contra la comunidad continua.
Gran parte de los territorios donde se asientan comunidades indígenas están siendo disputadas por intereses ligados al modelo de desarrollo extractivista en su modalidad agroindustrial y a los negocios inmobiliarios, incluso estando vigentes leyes nacionales que protegen a los territorios indígenas. Los derechos territoriales quedaron plasmados en el derecho argentino cuando en 1994 se incorporó el nuevo art. 75 inc. 17 a la Constitución Nacional y con la ratificación o adopción de un conjunto de instrumentos de derechos humanos entre los que se destacan el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, lo que prevalece es una brecha de implementación entre la normativa indígena y la realidad que viven los Pueblos indígenas en nuestro país.
Claro ejemplo de ello lo constituye la falta de implementación en la provincia de Formosa de la ley 26.160/26.554 de Emergencia Territorial de las Comunidades Indígenas que dispuso el inicio de un proceso de relevamiento dominial de las comunidades indígenas y la suspensión del desalojo de sus tierras. Las comunidades indígenas de la provincia continúan reclamando que se realice el relevamiento territorial con participación indígena y bajo la modalidad centralizada, sólo a cargo del INAI dada la desconfianza en las autoridades provinciales.
Finalmente, queremos denunciar que la violencia que padecen los indígenas qom no se manifiesta sólo en la agresión física y el hostigamiento. También es ejercicio de la violencia la discriminación y la vulneración de sus derechos más básicos como el acceso al agua, a la alimentación, a la salud, a la justicia, a la educación y a la libre determinación de sus autoridades. Esta es una situación extendida y lejos de vivirse con pasividad, es el foco de reclamos de las comunidades y sus líderes, en distintos puntos de la región Chaqueña, quienes generan modos de auto organización logrando resolver algunos de los problemas puntuales con escasos recursos.
A raíz de la ola de violencia contra el Pueblo qom queremos manifestar nuestra preocupación por la situación de los integrantes de la comunidad Potae Napocna Navogoh y de todas aquellas comunidades indígenas que están defendiendo sus derechos humanos básicos y sus derechos territoriales ante las nuevas modalidades de ocupación.
Por todo ello reclamamos:
‐ La inmediata investigación de las muertes y accidentes ocurridos en los últimos días.
‐ La intervención de organismos públicos nacionales y de derechos humanos para garantizar la transparencia de las investigaciones sobre dichos casos.
‐ El cese de las persecuciones y amenazas a los integrantes de la comunidad Potae Napocna Navogoh.
‐ Que las autoridades garanticen la seguridad de todos sus miembros.
‐ Se respete el derecho territorial de la comunidad Potae Napocna Navogoh.
‐ La implementación de la Ley 26.160/26.554 con efectiva participación indígena y bajo la modalidad centralizada que ellos reclaman.
‐ El respeto irrestricto a los derechos indígenas.
‐ La implementación de programas nacionales que promuevan el etno-desarrollo de la vida comunitaria indígena.
La violación y/o el no cumplimiento de los derechos de los Pueblos indígenas consagrados en la Constitución Nacional Argentina, constituyen un grave retroceso en la vida democrática de la sociedad argentina. Como ya lo hemos manifestado en otras oportunidades, mediante la presente, ponemos a disposición nuestras experiencias de investigación a fin de efectuar los aportes que contribuyan a lograr una solución definitiva a la vulneración del estado de derecho que ha afectado no sólo a los qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh, sino también a otras comunidades y Pueblos indígenas del país.
Adherir a solicitud en: https://www.change.org/en-CA/petitions/repudio-contra-la-violencia-que-padecen-los-miembros-del-pueblo-qom?utm_source=share_petition&utm_medium=url_share&utm_campaign=url_share_after_sign#
http://www.mapuexpress.net/
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