Tras exponer en audiencia pública y observar los alegatos en el Tribunal Constitucional (TC), los dirigentes de la Identidad Territorial Lafkenche valoraron la instancia como una oportunidad histórica para que esta alta magistratura vele por el cumplimiento de la Constitución y de los instrumentos jurídicos internacionales vigentes en Chile, considerando los vicios de la aprobada Ley de Pesca que no reconoce a los Pueblos Originarios como sujetos de derechos, y excluye su participación en las cuotas de captura.
También se refirieron al doble estándar que nuevamente evidencia el Gobierno, que “declara su voluntad de apoyar el desarrollo de los Pueblos Originarios y que, al mismo tiempo, invierte altas sumas estatales en la contratatación de abogados constitucionalistas para defender el patrimonio de cuatro empresas, y para marginar a nuestra gente del uso productivo del borde costero”.
Los representantes de la organización mapuche lafkenche asistieron al TC el pasado miércoles y jueves, en apoyo a los tres requerimientos presentados por parlamentarios de oposición que impugnan disposiciones de esta nueva normativa.
Contradicciones del Ejecutivo
Adolfo Millabur, presidente de la Identidad Territorial Lafkenche y alcalde de la comuna de Tirúa, instó a los ministros del TC a declarar la inconstitucionalidad de la nueva Ley de Pesca, “porque ha vulnerado los derechos culturales y colectivos de los Pueblos Originarios, con lo que se está heredando nuevos conflictos, de violencia y represión, a las nuevas generaciones”.
Por su parte, Miguel Cheuqueman, dirigente lafkenche de la Región de Los Ríos, reparó en la contradicciones del actuar del Gobierno. “Ante la realidad que estamos viviendo, vemos al Ejecutivo destinando una inversión millonaria en abogados constitucionalistas para defender el patrimonio de cuatro empresas, propiedad de siete familias, y no el patrimonio de Chile, recurriendo al argumento básico que no se puede incluir a los Pueblos Originarios en la Ley de Pesca, porque simplemente no existimos”.
En ese sentido, el dirigente lafkenche de la Región de la Araucanía, Moisés Vilches, dijo que resulta paradódija la postura del Gobierno cuando se defiende la soberanía del Estado sobre el mar. “En La Haya se alega que la soberanía del mar es de todos los chilenos, pero al momento de definir cómo se distribuyen los recursos del mar, no duda en entregar más de un 90% a un reducido número de empresas, con la abierta posibilidad que la pesca chilena termine en manos de empresas extranjeras. Esto nos parece grave”.
Finalizadas estas instancias de debate, el TC podría presentar una sentencia a fines de enero, por lo que hasta esa fecha el Gobierno no podrá promulgar la nueva Ley de Pesca.
PRENSA LAFKENCHE
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