Desde el ingreso del proyecto al Congreso Nacional, el cual fue enviado con suma urgencia, tanto comunidades indígenas como agrupaciones técnicas se han visto alarmadas por la irresponsabilidad del ejecutivo de querer discutir en 20 días lo que será el desarrollo forestal de Chile en los próximos 20 años, sin consultar ni evaluar lo que ha significado los 38 años de vigencia del DL 701.
Por Valentina Cortínez O’Ryan
El 2 de Octubre del año 2012 el Ejecutivo envió con suma urgencia al Congreso Nacional un Proyecto de Ley que modifica y extiende por 20 años el controvertido Decreto de Ley 701 de Fomento Forestal (DL 701), el cual ha subsidiado a empresas privadas las plantaciones de árboles exóticos de rápido crecimiento (pino y eucalipto) durante 38 años. Ante este hecho, diferentes actores de la sociedad civil se han manifestado en contra y han logrado postergar su prorrogación. Entonces, ¿qué razones hay detrás de tan férrea oposición?
Origen del DL 701
Desde 1930 el Estado Chileno se orientó a potenciar el sector forestal, en primera instancia, a través de la promulgación de la Ley de Bosques (1930) y en la década de los 60’s a través de la creación de empresas estatales de madera y celulosa (Arauco y Celco), del establecimiento de plantaciones forestales y de la creación de diversas instituciones ligadas al ámbito.
En 1974, y tal como sucedió en todos los ámbitos productivos del país, la dictadura de Pinochet privatizó la industria forestal, dejando en manos de particulares el desarrollo del sector y en manos del mercado su regulación. En este contexto se promulga el Decreto de Ley 701, el cual incentiva, a través de subsidios a privados, la forestación destinada al desarrollo de la industria.
Como consecuencia tenemos que desde el año 1974 al 2009 hemos pasado de 500.000 a 2.500.000 hectáreas plantadas, un éxito desde la perspectiva de los accionistas de las tres empresas dueñas del sector (Arauco, CMPC, Masisa) pero un fracaso para el desarrollo del país debido a los costos sociales y ambientales asociados a este crecimiento vertiginoso.
Los costos no asumidos: destrucción medioambiental
En primera instancia, se observa que la expansión de las plantaciones forestales se realizó a costas de la destrucción del Bosque Nativo, perdiendo biodiversidad y todos los servicios ecosistémicos asociados a este tipo de Bosques, como la detención de la erosión del suelo, provisión de agua, biodiversidad, etc. A partir de datos de CONAF (2008) se verifica que sólo en la Región de Los Ríos hubo una sustitución de Bosque Nativo por plantaciones exóticas de más de 20.000 hectáreas en el período 1998-2006.
Por otro lado, existe evidencia científica que demuestra que los monocultivos de rápido crecimiento requieren un elevado consumo de agua, lo cual ha generado modificaciones en el ciclo hídrico, disminuyendo la cantidad y calidad del agua en los sectores invadidos por este tipo de plantaciones (Huber et al 2008, Little et al 2009), lo cual ha afectado directamente la economía campesina, generando desplazamiento y pobreza rural. Asimismo, el uso permanente de pesticidas y herbicidas en el manejo de monocultivos ha traído consecuencias para la salud humana y de los animales.
Pan para algunos, hambre para muchos
Una de las principales contradicciones del sector forestal en Chile es que su éxito económico no se ha visto reflejado en las comunidades que los rodean. Muy por el contrario, son aquellas quienes pagan los platos rotos de un modelo que hace vista gorda de las consecuencias sociales de su operar. En lo cotidiano, los informes elaborados para la certificación FSC muestran el descontento de las comunidades aledañas debido a la destrucción de caminos y levantamiento de polvo por el tránsito de camiones, la contaminación de aguas debido a las malas prácticas de cosecha y el uso de herbicidas, el impacto visual por la cosecha de grandes predios, entre otras.
Además, el empobrecimiento de los suelos, la disminución del agua y de la biodiversidad, ha generado presión a vender sobre quienes habitan el campo, deteriorándose la agricultura y la economía campesina en general, generando pobreza rural, además de perderse valores y tradiciones propias del campo. Este desplazamiento ha tenido un efecto devastador en la población mapuche la cual ha visto transgredido su derecho a vivir acorde a su cosmovisión.
Éste descenso en la calidad de vida a partir de las apreciaciones de quienes son vecinos de las empresas forestales también se encuentran en los datos duros. La evidencia refleja que aquellas comunas con mayor expansión forestal presentan los Índices de Desarrollo Humano más bajos del país (PNUD 2004). Según datos del gobierno (MIDEPLAN 1998), entre 1990 y 1998 las Regiones del Bio-Bio y la Araucanía han sido aquellas con mayor cantidad de pobres (40,5% en promedio en 1990 y 27,3% en promedio en 1998) e indigentes (15,2% en promedio en 1990 y 8,5% promedio en 1998), además de presentar las peores condiciones de distribución del ingreso en Chile.
¿Cómo se reparte la torta?
El principal argumento de las grandes empresas asociadas a este negocio refiere al gran número de empleos que genera. Sin embargo, la calidad del empleo ofrecido deja mucho que desear. Al año 2008, existían 127 mil empleos asociados a la industria forestal basada en exóticos, pero sólo entre el 25% y 30% de aquellos poseen contrato permanente (Andrade 2007). Además, el 90% del empleo directo generado por las forestales son a través de contratistas, dificultando las posibilidades de negociación colectiva debido a la fragmentación del sector y todos los vicios generados a través de la subcontratación. Por el contrario, la agricultura familiar campesina abastece a 278.000 familias y 1.300.000 personas, bastante más que lo que generan las empresas forestales en 2.5000.000 hectáreas.
Otro elemento relevante es la desigual distribución de las ganancias en la industria forestal. Tomando en cuenta que en Chile la industria forestal se concentra en tres grandes empresas (Arauco, CMPC y Masisa), quienes se encuentran entre los 10 actores más importantes del sector forestal en América del Sur, vemos que su creciente éxito ni siquiera se refleja en sus mismos trabajadores, donde el 82% de aquellos se encuentran bajo la línea de la pobreza (Monsalve 2007). Además, en la industria de la madera, los accionistas se llevan el 54,4% de los ingresos mientras que los trabajadores menos calificados se llevan sólo el 22,4%, y en la industria de la celulosa, el capital se lleva 68,9% de los ingresos generados por la actividad destinando sólo un 14,5% a los trabajadores menos calificados (Monsalve 2007).
¿A quiénes ha beneficiado el DL 701?
El DL 701 ha consolidado la concentración de la tierra y de la riqueza en tres grupos económicos: Arauco, CMPC y Masisa. Estos tres conglomerados en conjunto son propietarios de alrededor de 2.400.000 hectáreas en el país y perciben más del 70% de las ganancias de las exportaciones del sector forestal en Chile (INFOR 2010).
Son a estas grandes empresas a quienes el Estado ha subsidiado por 38 años a través del DL 701. Hasta 1997, del total de plantaciones bonificadas (más de 800 mil hectáreas), sólo un 5,8% correspondió a pequeños propietarios y el 94,2% a medianos y grandes propietarios. En el año 1998 se realiza una modificación para contrarrestar esta tendencia, sin embargo, entre 1998-2004 solo el 38% del total plantado fue forestado por pequeños propietarios y el 62% por medianos y grandes propietarios bajo el componente de suelos degradados.
De este modo, estos tres grandes grupos económicos han llegado a controlar el sector forestal en toda la cadena, dificultando la generación de nuevos encadenamientos en el rubro que puedan beneficiar a pequeños empresarios.
Estado actual del Proyecto
Desde el ingreso del proyecto al Congreso Nacional, el cual fue enviado con suma urgencia, tanto comunidades indígenas como agrupaciones técnicas se han visto alarmadas por la irresponsabilidad del ejecutivo de querer discutir en 20 días lo que será el desarrollo forestal de Chile en los próximos 20 años, sin consultar ni evaluar lo que ha significado los 38 años de vigencia del DL 701.
La Agrupación de Ingenieros por el Bosque Nativo (AIFBN) ha hecho una serie de indicaciones al proyecto, sugiriendo una ley de fomento forestal orientado a la conservación y la recuperación de procesos ecológicos, mejor provisión de agua y recuperación de terrenos erosionados. Todas fueron rechazadas.
Por otra parte, las organizaciones indígenas han manifestado su rechazo a la Consulta Indígena realizada por la CONAF para dar cumplimiento al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, debido a que un gran número de comunidades no fueron consultadas, y en las cuales se realizó, fue llevada a cabo de manera incompleta y viciada, puesto que se consultó acerca de un proyecto de Ley distinto al que actualmente se está discutiendo. En este sentido, la consulta no cumple con los estándares que el convenio exige, particularmente en el artículo 6°. Además, el proyecto en su conjunto contradice lo que declara la OIT en el artículo 7 en relación a la soberanía de los pueblos indígenas sobre su desarrollo.
Al día de hoy, el proyecto fue despachado de la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados sin las indicaciones sugeridas y se encuentra en la Comisión de Hacienda para discutirse en Sala el día 23 de Enero, donde diputados deben nuevamente discutir la idea de legislar.
Es importante que sumemos voluntades desde todos los sectores sociales para que se rechace la idea de legislar sobre este decreto puesto que su prorrogación por veinte años significa continuar con un desarrollo forestal sin regulación, con normas ambientales permisivas, a costa del mundo rural que poco y nada nos va quedando. Porque significa seguir promoviendo el monopolio, la concentración de la tierra y la riqueza en beneficio de unos pocos a costa de muchos.
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