Y si nos remontamos al período en que finaliza la dictadura pinochetista chilena, habría que identificar que numerosos líderes de diversos pueblos originarios-confiando en la palabra empeñada en el llamado “Acuerdo de Nueva Imperial de 1989”(2)- cifraron esperanzas en que un nuevo marco regulatorio podría canalizar las demandas levantadas por el movimiento indígena, uno de cuyos reclamos desde la dictadura pinochetista, fue la restitución de tierras y el cese de la ya entonces, creciente expansión forestal(3).
Sin embargo, la respuesta posterior de los gobiernos concertacionistas y de la derecha, no variaron en impulsar políticas públicas con un sello marcadamente paternalista, entrando a escena, entidades y programas propiciados desde el estado chileno, como CONADI(Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), el Programa Orígenes, o las creadas Áreas de Desarrollo Indígena (ADI). Todas, instancias que han ido acentuando un mayor divisionismo al interior de comunidades mapuche, con el consecuente resultado de empoderar aún más al “pater-estado” en las diversas administraciones gubernamentales chilenas de turno, a falta de la voluntad política de establecer puentes, con verdadera participación del movimiento indígena organizado, escuchando a los/as representantes, que han sido verdaderamente validados por sus respectivas comunidades.
En este punto, es ilustrativo recordar las intempestivas remociones en el período concertacionista de algunos profesionales mapuche, que incluso habiendo sido designados como Directores de CONADI (4), fueron posteriormente destituidos tras la negativa de la puesta en marcha del Proyecto Hidroeléctrico Ralco en el Alto Bío Bío, zona posteriormente declarada por la administración concertacionista como ADI (Área de Desarrollo Indígena).
No es de extrañar entonces que, para un sector organizado del pueblo mapuche, la percepción de una relación crítica con el estado chileno, a través de decretos como los promulgados bajo la dictadura pinochetista (Decreto Ley 2.568, o de “División de Comunidades”), hasta las llamadas “Políticas del Nuevo Trato”, impulsadas por la ex administración concertacionista, hayan sido ineficaces. Basta comparar a dichas regulaciones jurídicas, con la notoria desregulación legal, en torno a la expansión de empresas forestales en la zona sur, impactando socio-ambientalmente la existencia y proyección de diversas comunidades mapuche en sus respectivos territorios históricos.
En este marco, también el divisionismo mapuche, aporta su cuota a la política indigenista de corte proteccionista emanada desde el estado chileno. Y con provecho de aquello, asoma a escena en período electoral, el objetivo de acaparar también el voto mapuche en todas aquellas regiones donde habitamos descendientes directos de pueblos originarios. Esta tarea hábil y cortoplacista, se traduce en promesas de entrega de fondos a proyectos, vía proliferación de entidades estatales como CONADI, administradas por consultoras externas. Todo ello, a fin de asegurar el plan de control etno-social, que permita mantener las relaciones de poder asimétricas para con nuestro pueblo, y donde por supuesto, le cabe a los medios de “des-información” pública un papel crucial, en la preservación del statuo quo.
En este ámbito también ha aportado su cuota de paternalismo la percepción romántica y victimizante de los mapuche, lo que contribuye a representarnos como seres incapaces de construir propositivamente nuestro propio discurso y por ende, nuestra propia institucionalidad pública.
A este nivel de relación desigual y proteccionista, se han ido instalando en el inconsciente colectivo una serie de estigmas, difíciles de desterrar. Por ello, no es de extrañar que una decisión, como la asumida hace más de dos meses atrás, por la Municipalidad de Galvarino, liderada por el alcalde mapuche, Fernando Huaiquil Paillal, en orden a decretar vía Ordenanza Municipal, que el mapudungun sea lengua co oficial al castellano, haya pasado como una noticia absolutamente inadvertida e invisibilizada por la casi totalidad de los medios de comunicación en Chile.
Sin embargo, esta importante Ordenanza Municipal decretada el pasado 7 de agosto del 2013, en la comuna de Galvarino, sin duda es un hito histórico para nuestro pueblo, disposición pionera a nivel de todo el Gulumapu. En este sentido, es destacable la conducción del alcalde Fernando Huaiquil Paillal, quien -consciente que su cargo responde a la delegación soberana de una población mapuche que alcanza el 70% de los casi 13.000 habitantes chileno-mapuche en dicha zona- acogió junto al concejo municipal, una propuesta surgida desde organizaciones políticas y sociales mapuche, quienes -trabajando desde fuera del Municipio- recogieron el sentir de las comunidades y lo traspasaron de forma propositiva, al gobierno local de Galvarino.
Visionaria decisión en el ejercicio del poder local mapuche de carácter comunitario, algo bastante alejado de otras prácticas winkas que operan en diversas partes de Chile, y donde la demencia maquiavélica de algunos ediles, por querer resolver los problemas de los representados, se anclan sobre prácticas trilladas de populismo barato y asistencial. Ejemplos de ello, sobran y quizás eso ya, marca el sello diferenciador, cuando el poder local es liderado por un alcalde mapuche que asume su identidad con toda la responsabilidad que ello implica, contando con el respaldo de una comunidad mapuche con vocerías debidamente validadas.
En este punto, cabe destacar el papel relevante, ejercido por tres organizaciones mapuche: el Consejo Territorial de las comunidades de Galvarino, la Red por los Derechos Educativos y Linguísticos (5), así como el rol del emergente Partido Nacionalista Mapuche Wallmapuwen. Todas organizaciones, nacidas de forma autónoma, con objetivos precisos en cuanto a ir recuperando elementos claves para la conformación del anhelado autogobierno mapuche y los derechos lingüísticos inherentes a este objetivo, en un país como Chile, que presenta atrasos severos en estas materias, respecto a países vecinos como Bolivia, Ecuador y Argentina (6).
Al acoger entonces el Municipio de Galvarino, la propuesta por la cual el mapuzungun ha sido decretado como lengua co-oficial, se marca una señal potente en cuanto a ir recuperando derechos lingüísticos, en un mundo donde –según cifras de la UNESCO- sólo hasta el 2009, ya se habían extinguido a nivel mundial “cerca de 200 lenguas”(7), con todo el empobrecimiento cultural y social que ello acarrea.
De ahí, que la apuesta vertida, por las comunidades mapuche de Galvarino por fortalecer el uso de su lengua vernácula, hasta obtener, el estatuto institucional en su propio territorio, sea un paso fundamental en el avance de los derechos colectivos.
De lograr ahora, los apoyos económicos que implica la implementación de esta normativa municipal, las comunidades mapuche de Galvarino, sin duda, estarán aportando a restituir la unidad de todo un pueblo, que ha sido por décadas, continuamente intervenido y desmembrado en varios frentes, entre los que la imposición del castellano, ha operado de manera eficaz. Aquí, es necesario recordar que generaciones completas de mapuche, a través de la educación castellana monolingüe impartida desde el Estado de Chile, fueron obligadas a ir asimilándose a la sociedad chilena, y no por voluntad propia, sino por la necesidad de desenvolverse en los espacios de sobrevivencia que les implicaban subsistir con las reglas del mundo winka (8), so pena de sufrir con mayor rigor el abuso y la burla, sobre la que se sustenta hasta hoy, la discriminación racial en Chile.
De ahí que el acontecimiento sucedido en Galvarino, a través del consenso democrático por recuperar el mapuzungun en un territorio específico de la novena región, no importe mayormente a los medios informativos chilenos, ni mucho menos a las diversas candidaturas, en período pre electoral. La ignorancia y desinterés de estos líderes, en torno a temas que atañen a los pueblos originarios, los delata y más aún los comprometería, algo que está alejado de sus verdaderos intereses político-partidarios(9).
No obstante aquello, lo cierto es que la referida Ordenanza Municipal de la comuna de Galvarino, ya marcó un hito para los procesos de autodeterminación mapuche, y como señal potente, se aleja del porfiado asistencialismo con el cual las instituciones chilenas y la prensa a su servicio, han querido borrar de la escena pública, el protagonismo en las apuestas de desarrollo, que el pueblo mapuche se ha ganado históricamente por derecho propio.
Notas Referenciales:
(1) Gulumapu: Parte del gran territorio histórico mapuche (wallmapu), situado en el sector ocupado por la llamada República de Chile.
(2) Acuerdo de Nueva Imperial de 1989: Acuerdo que buscó establecer un primer pacto en democracia, entre líderes del movimiento indígena y el abanderado de la llamada Concertación, Patricio Aylwin Azócar.
(3) Decreto 701, creado el año 1974 por la dictadura militar, buscó duplicar los monocultivos de pinos y eucaliptus, lo que acarreó nefastas consecuencias para comunidades mapuche y campesinos chilenos.
(4) Gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle: Durante los años 1997 y 1998 se producen las remociones de los directores mapuche de la CONADI; Mauricio Huenchulaf y Domingo Namuncura, tras los reparos presentados por ambos a la concreción del Proyecto Hidroeléctrico Ralco, que afectó a comunidades mapuche-pewenche del Alto Bío Bio.
(5) Red por los Derechos Educativos y Linguísticos: Red surgida en el año 2007, tras la necesidad de una autoconvocatoria representativa indígena que permitiera construir propuestas políticas-educativas -que siendo discutidas en dicho año en el Parlamento Chileno- no consideraban la debida participación y consulta de los pueblos originarios.
(6) El impulso de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en países latinoamericanos que han reconocido a nivel constitucional la existencia de derechos lingüísticos para con sus pueblos originarios, ha avanzado en forma ascendente en los referidos países. Véase: http://www.ssrc.org/workspace/uploads/docs/Ana%CC%81lisis_Comparado_del_Reconocimiento_Constitucional_de_los_Pueblos_Indigenas_en_Ame%CC%81rica_Latina%20_Dec%202010_CPPF_Briefing_Paper_f.pdf
(7) Lenguas en Peligro. El Pensamiento Amenazado. (disponible online)
(8) Intersección Mujer Mapuche/Género. Coñuecar, Andrea (disponible online)
(9) Entre las candidaturas presidenciales, sólo Marcel Claude alude en su programa a demandas mapuche. Sin embargo, sólo circunscribe la demanda indígena al tema de la “judicialización”, algo que reproduce la vinculación o el estigma ampliamente difundido por la prensa chilena, la que sólo exclusiviza los temas noticiosos mapuche, cuando se abordan temas de carácter judicial.
(*) La autora es periodista titulada de la Universidad de la Frontera de Temuco. Integró hasta el año 2006, la Corporación de Mujeres Mapuche Aukiñko Zomo de Temuko y fue becaria del Programa de Derecho Indígena financiado por ONU durante el año 2002.
http://mapuexpress.org
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