Canadá figura entre las naciones más prósperas del planeta, pero su población aborigen vive en condiciones similares a las de los países extremadamente pobres. El 50% de los niños indígenas de Canadá vive en hogares de extrema pobreza y en comunidades sin infraestructura ni servicios adecuados. El relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas James Anaya aseguró que las comunidades aborígenes están en crisis y urgió al Gobierno a revertir los problemas socioecónomicos de ese sector.
Canadá es hogar de un millón 400 mil 685 nativos distribuidos en las comunidades mestizas o Metit, las esquimales o Inuit, y las Primeras Naciones. En estos momentos, ese segmento constituye el 4,3% de los habitantes del país -muy por encima del 3,8% reportado en 2006- y es el de mayor densidad y crecimiento de niños y jóvenes.
El 50% de los niños indígenas de Canadá vive en hogares de extrema pobreza y en comunidades sin infraestructura ni servicios adecuados de educación y salud, reveló una investigación del Centro canadiense para políticas alternativas. Ese índice llega hasta 64% en Saskatchewan y Manitoba, dos de las cuatro provincias con la mayor cantidad de población originaria en el país norteño.
La situación es peor para los infantes de las familias asentadas en zonas de reservas y éstos enfrentan un riesgo más elevado de desarrollar enfermedades por malnutrición y trastornos de conducta. “Un típico niño de una reserva vive dentro de un hogar hacinado, probablemente rodeado de árboles, moho, con necesidad de grandes reparaciones, sin agua potable ni escuela a dónde asistir”, dijo Daniel Wilson, uno de los autores del texto.
La investigación sugirió que el Gobierno puede prevenir, combatir y frenar la pobreza infantil entre los originarios con solo destinar mil millones de dólares al año para asegurarles mejores condiciones de vivienda, alimentación sana, educación y atención sanitaria. Además, recomendó aumentar otros beneficios sociales, así como las oportunidades de capacitación, superación profesional y empleo para que la juventud aborigen pueda elevar su calidad de vida en el futuro.
Por otro lado, de acuerdo con un informe de la Oficina de Investigación Correccional presentado en la Cámara de los Comunes en marzo de este año, la proporción de prisioneros indígenas en cárceles de Canadá aumentó en 40% en el periodo 1991-2011 y ese sector enfrenta sentencias más fuertes bajo extremas medidas de seguridad. Los originarios constituyen el 23% de la población carcelaria del país -uno de cada cuatro reos- son condenados a plazos más largos y permanecen más tiempo confinado-.
El director de esa entidad, Sapers Howard, consideró discriminatorias las políticas del Estado en esa esfera porque los aborígenes tienen menos posibilidades de obtener la libertad condicional y son más propensos a que se les revoquen por problemas menores. Para revertir la situación, el investigador urgió a las autoridades desarrollar una estrategia a largo plazo que permita la reinserción efectiva de los presos nativos en sociedad así como capacitar al personal penitenciario para garantizar el respeto a la cultura y tradiciones de los indígenas.
El opositor Nuevo Partido Democrático de Canadá (NPD) exigió una investigación nacional sobre los casos de mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas en el país, tras denuncias sobre abusos cometidos por la policía federal contra féminas nativas. Niki Ashton, diputada de esa agrupación política, dijo que la pesquisa será la única manera de conseguir justicia para las víctimas y sus familiares.
La legisladora planteó la demanda luego de conocerse ayer un informe de la organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch, que denunció a oficiales de la Real Policía Montada de Canadá de abusar física y sexualmente de niñas y mujeres indígenas en el norte de Columbia Británica. Esas revelaciones afloraron durante una indagación abierta sobre acusaciones de negligencia sistemática por parte de los agentes en los casos de asesinato de varias féminas en una carretera de dicha provincia.
La situación carcelaria de los nativos, junto a problemas como la discriminación, desigualdades socioeconómicas y altos niveles de desempleo, conllevaron a los originarios a agruparse bajo el movimiento Idle no More (no más pasividad) a finales de 2012. El levantamiento se expandió a nivel nacional para demandar respuestas a esas problemáticas y respeto a los derechos ancestrales de los aborígenes.
Los originarios desde el año pasado arreciaron las presiones contra la administración conservadora del primer ministro Stephen Harper en busca de respuesta federal a sus múltiples problemáticas socioeconómicas. En respuesta a los reclamos, el relator de la ONU James Anaya visitó desde el martes anterior comunidades de Ontario, Columbia Británica, Quebec, Manitoba, Saskatchewan y Alberta, dialogó con representantes indígenas, ejecutivos de esas provincias, la policía y líderes partidistas sobre temas como el acceso al agua potable, la vivienda y la educación.
Según Anaya, durante su recorrido de nueve días por diferentes reservas del país constató que uno de cada cinco nativos enfrenta serias dificultades habitacionales y la tasa de suicidios entre los jóvenes es alarmante, cinco veces mayor que en la población no autóctona. “Uno de esos asentamientos registra un suicidio cada seis semanas desde el comienzo de 2013”, dijo Anaya en una conferencia de prensa, convocada para informar los resultados preliminares de su investigación.
El experto contrastó que mientras Canadá figura entre las naciones más prósperas del planeta y ostenta un alto nivel de desarrollo humano, su población aborigen viven en condiciones similares a las de los países extremadamente pobres.
Anaya también evidenció muchas secuelas del período de las escuelas residenciales, donde al menos 150 mil niños originarios estuvieron años segregados para ser “educados” en los usos y costumbres de la sociedad occidental. El Gobierno y la Iglesia dirigieron esos centros, los cuales funcionaron de 1883 a 1990 y están acusados de tortura, abuso psicológico y físico a los menores internados en contra de su voluntad y las de sus familias.
El relator de la ONU exhortó a las autoridades de Ottawa a extender por tiempo indefinido el mandato de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para esclarecer los hechos ocurridos en ese tipo de instituciones. Entre otras recomendaciones, pidió lanzar una investigación nacional sobre el asesinato y desaparición de al menos 600 mujeres y niñas indígenas en los últimos años.
Según un informe internacional muchas de las víctimas fueron asesinadas, maltratadas y violadas por agentes de la policía, pero el Gobierno no indagó lo suficiente en ningún caso, no buscó culpables y sigue sin adoptar recursos legales para evitar esos crímenes.
Experimentos con indígenas canadienses al estilo nazi
Revelaciones sobre el uso como cobayas de 1.300 niños y adultos aborígenes desnutridos en experimentos alimenticios ilustran algunos de los pasajes oscuros de Canadá y sus escuelas residenciales, donde muchos originarios estuvieron años segregados para ser “civilizados”, describe la periodista de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina Yolaidy Martínez.
El historiador Ian Mosby desveló recientemente cómo investigadores del Gobierno y de Estados Unidos durante una década probaron en humanos sus teorías sobre la relación entre las dietas básicas y lo que llamaban el “problema indígena”. Por esa época se consideraba la pereza, la indolencia, la imprevisión y la inercia como “rasgos inherentes” de las Primeras Naciones, como se le denominan a las diferentes etnias nativas del país norteamericano.
Según el informe de Mosby, titulado “La administración de la Ciencia Colonial”, los expertos visitaron en 1942 una comunidad Cree de la provincia de Manitoba donde prevalecía una crisis alimentaria producto de la post-guerra, la falta de apoyo federal y la caída de los comercios. El equipo -liderado por el entonces Superintendente de Servicios Médicos de Asuntos Indígenas, Percy Moore, y el nutricionista Frederick Tisdall- decidió aislar a esa población para someterla a ensayos de diferentes dietas, en vez de solucionar los problemas detectados.
Los primeros exámenes comenzaron ese mismo año e incluyeron la aplicación de suplementos vitamínicos a 300 individuos para observar los efectos causados por la presencia o ausencia de los mismos en el cuerpo humano. Luego se extendieron los estudios en 1947 a mil niños indígenas con deficiencias nutricionales de seis escuelas residenciales de Port Alberni (Columbia Británica), Kenora (Ontario) Shubenacadie (Nueva Escocia) y Lethbridge (Alberta).
Algunos infantes fueron sujetos involuntarios de tests a base de leche, vitaminas, suplementos de hierro y yodo, entre otros elementos, mientras otro grupo continuó mal alimentado y sin asistencia odontológica por temor a que los tratamientos bucales afectaran los resultados de las pesquisas.
Mosby denunció que los experimentos solo tuvieron como fin impulsar las carreras de los investigadores en “una etapa de incertidumbre científica” y no modificaron las condiciones que dieron lugar al hambre y a la desnutrición de los originarios. “Esto demuestra a los canadienses la mentalidad de la Administración respecto a las Primeras Naciones durante este período. Parece que nada bueno salió de los estudios en términos de conocimiento científico”.
Las revelaciones del intelectual desataron una polémica en Canadá y conllevó a establecer comparaciones con prácticas inhumanas realizadas bajo el fascismo alemán en la misma época, pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial. “Fue igual que los nazis. Hay una minoría étnica. Hay actitudes coloniales. Estas son las personas más vulnerables que pueden ser aisladas y ‘ayudar’ a los científicos, ya que no son capaces de negarse”, dijo Arthur Shafer, director del centro de ética profesional en la universidad de Manitoba.
Líderes indígenas exigieron una respuesta federal urgente al tema y también soluciones a los problemas actuales de asistencia alimentaria de la población autóctona. “Nuestros ancestros se convirtieron literalmente en ratas de laboratorio en las pruebas más desmedidas y terribles”, denunció Shawn Atleo, jefe de la Asamblea de las Primeras Naciones, tras demandar a Ottawa entregar todos los documentos que contengan evidencias de ese y otros tipos de abusos.
Al principio, el Estado mostró “sorpresa” por el informe de Mosby y dijo que investigaría el caso sin permitir, hasta el momento, el acceso a los registros experimentales. Pero la cadena CBC sacó a la luz evidencias sobre el conocimiento del Gobierno de los estudios. Ese medio de prensa obtuvo los documentos de un comité de la Cámara de los Comunes que en 1944 aceptó la solicitud de los científicos para seguir adelante con los trabajos.
El propio ministro de Asuntos Aborígenes, Bernard Valcourt, confirmó a la CBC que las pruebas tuvieron lugar en las escuelas residenciales, centros dirigidos por el Gobierno y la Iglesia, y acusadas de tortura, abuso psicológico y físico a niños nativos internados en contra de su voluntad y las de sus familias. Valcourt incluso calificó los ensayos como “ejemplos repugnantes de las páginas oscuras” de dichas instituciones, las cuales funcionaron desde 1883 a 1990 con el fin de “educar” a 150 mil menores reclutados en los usos y costumbres de la sociedad occidental.
Según cifras del Estado, en las escuelas residenciales murieron al menos 50 mil alumnos a causa del mal tratamiento de enfermedades como la gripe y la tuberculosis, así como de accidentes y maltrato. Dicho proyecto generó un trauma social y personal porque a los menores se les obligaba a trabajar entre 10 y 12 horas diarias sin recibir remuneración alguna ni alimentación adecuada.
La noticia sobre las experimentaciones se sumó a una serie de controversias surgidas entre el sector aborigen y el Estado canadiense por la mala gestión federal a problemáticas que golpean la población nativa como los altos índices de desempleo, las desigualdades socioeconómicas y la pobreza.
“A lo largo de la historia, las Primeras Naciones han sido tratadas como objetos, como cosas para usar (…) Incluso hoy en día somos considerados ciudadanos de segunda clase. Esto es triste”, dijo la activista indígena Vivian Ketchum, cuya madre fue víctima de los tests y sufrió muchos problemas de salud relacionados con la desnutrición.
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