Es el pronunciamiento de la vocería internacional del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile, de la Comisión ética contra la Tortura y de los Observadores de Derechos Humanos Verdad y Castigo, quienes han manifestado su alarma por los intentos del ministerio público de utilizar nuevamente testigos sin rostros en el caso del Preso político y solidario con la causa Mapuche, Emilio Berkhof. Asimismo, se inició una campaña de firmas.
Diversos pronunciamientos de organizaciones de Derechos Humanos se han referido a la petición por la libertad de Emilio Berkhof, preso político encarcelado por ser solidario con las causas del Movimiento Mapuche por sus derechos, quien fue encarcelado con montajes y la utilización de “testigos” protegidos. Es decir, sin rostro y varios de ellos lo hacen por el pago de coimas o son delincuentes a los que les ofrecen rebajas de sus propias condenas, como señaló José Venturelli, vocero internacional del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile.
Cabe consignar que el día viernes 14 de marzo el Fiscal del Ministerio Público, Álvaro Hermosilla, presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Concepción buscando restituir la reserva de identidad de catorce testigos protegidos en el juicio que se sigue en contra Berkhoff Jérez. La resolución había sido adoptada por la Magistrado del Juzgado de Garantías de Cañete, señora May Lin Wong, y ratificada el día miércoles 12 de marzo. En este contexto, a modo de presión a la corte penquista, el Fiscal Hermosilla condicionó el futuro de la acción judicial del organismo persecutor en base a la restitución de la reserva de identidad de los testigos, señalando además que son sus únicas pruebas en contra de Berkhoff.
Ante estos hechos la Comisión Ética Contra la Tortura declaró que: “Valoramos la resolución adoptada por la magistrada May Lin Wong, que en tanto operadora de un sistema que pretende impartir justicia, desea evitar con esta medida que no se cometan errores y resuelve por tanto, retirar la reserva de identidad de catorce testigos presentados por el Ministerio Público. A nuestro juicio este hecho que propone contar con condiciones mínimas de respeto al debido proceso pavimenta el camino para la obtención de libertad inmediata del Sr. Berkhoff, y por ende, de mantener dicha resolución quedará en clara evidencia que este ciudadano ha sido objeto de prisión indebida, con todos los costos humanos y familiares que ha significado privarlo de libertad, dejarlo expuesto a castigos intrapenitenciarios, castigos físicos y tortura; reclusión en presidios alejados de su familia, agregando al castigo arbitrario perseguido por el Fiscal del Ministerio Público y el Ministro del Interior del entonces Gobierno de Piñera, la imposibilidad de ser visitado permanentemente como cualquier recluso por su familia”.
La organización de “Observadores y Defensores de Derechos Humanos Verdad y Castigo”, solidarizaron con Berkhoff y se hicieron parte del rechazo y repudio total a las condiciones arbitrarias en que se ha llevado adelante el proceso en su contra que sustenta la fiscalía, según indicaron y agregaron: .”Nos parece repudiable el constante hostigamiento penitenciario que ha sufrido Emilio Berkhof. En este sentido, es igualmente preocupante la extensión excesiva de su prisión preventiva, con la investigación de fiscalía bajo secreto judicial, el uso de testigos sin rostro como única prueba (utilizados sólo para imputados bajo ley antiterrorista, lo cual no es el caso) y con querellantes en su contra de la envergadura de Forestal Arauco, Forestal Mininco, Forestal Volterra y el Ministerio Público”.
En este contexto, José Venturelli explica que el constante acoso a los luchadores por los derechos humanos en Chile es el resultado de la aplicación de una Constitución inmoral y que fuera hecha por el dictador Pinochet mismo. “El último Ministro del interior, Andrés Chadwick, conocido ultra-derechista y “regalón” de Pinochet cuando joven, mantuvo una política de usar la Ley Anti-Terrorista y de perseguir al pueblo Mapuche mediante violaciones del Debido Proceso. Por ello se ha permitido acusar a todos aquellos que luchan por los Derechos Humanos, a quienes sigue considerando agentes del terrorismo…”
En esta línea, la Comisión Ética Contra la Tortura manifestó: “Reiteramos lo dicho por el Relator de Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos en la Lucha Contra el Terrorismo, señor Ben Emerson, que los testigos con reserva de identidad no sólo hacen imposible el ejercicio de un debido proceso, sino que la reserva de identidad de los testigos no permite evaluar el mérito de las pruebas y saber qué vínculos e intereses pueden tener estos testigos. El caso más flagrante de ello, lo prueba el testimonio del testigo protegido Raúl Castro Antipán y su relación con Carabineros de Chile que él mismo definió como su “informante e infiltrado pagado a sueldo” para acusar como testigo sin rostro, en varios juicios, a mapuche. En este sentido la resolución de la Magistrada permite no sólo que la defensa ejerza su función como tal, sino que, además, cautela que en el ejercicio de su función, el procedimiento esté exento de errores y subjetividades”.
La misma organización agregó: “Reiteramos lo señalado por la Comisión de Observación y Resguardo de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, -CORDHPO-, iniciativa impulsada por la Comisión Ética Contra la Tortura, que junto a organizaciones y personalidades de la sociedad civil hicieron entrega de una carta a la señora Bachelet en su calidad de Presidenta electa el día lunes 3 de febrero de 2014, donde se le expresó que había llegado la hora de actuar de acuerdo a lo que ella misma había señalado en su campaña presidencial, cuando reconoció haber cometido errores políticos y judiciales contra el pueblo mapuche y sus luchadores sociales, en su primer Gobierno. En dicha misiva se señaló además, que en “las cárceles de Concepción, Lebu, Angol, Chol Chol y Temuco, permanecen en prisión cerca de veinte personas de origen mapuche o simpatizantes de su causa. Algunos están en prisión preventiva y otros cumpliendo condenas. Aún cuando existe un número mayor de hombres y mujeres a la espera de juicios, afectados por diversas formas de restricción de libertad, tales como, arresto domiciliario, arraigo o medidas cautelares. Si a esto añadiéramos las numerosas detenciones ilegales, la cantidad de personas afectadas por la acción policial y judicial, sobrepasaría el centenar”. En este escenario, denunciamos la persecución política que se ha expresado en “doble procesamiento (Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo); largas prisiones preventivas sin encontrarse evidencias por parte del Ministerio Público (Facundo Jones Huala); numerosas absoluciones, como en el caso del derrumbe del montaje en contra del werken Daniel Melinao de la comunidad Wente Winkul Mapu; persecución a autoridades ancestrales (machi Millaray Huichalaf); aplicación de la ley antiterrorista en contra de menores de edad (José Antonio Ñirripil); uso de testigos protegidos y compensados bajo la aplicación de dicha ley dejada por la dictadura y de la que hoy se aplican algunos de sus articulados, sin invocarla”. Finalmente, en dicha carta se denunciaba los tratos crueles e inhumanos de los que han sido objeto los presos políticos, haciendo mención al caso de Emilio Berkhoff en la cárcel de Lebu, situación constatada por Rodrigo Bustos Bottai, Jefe de la Unidad Jurídica Judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos”.
Por su parte, la organización “Observadores y Defensores de Derechos Humanos Verdad y Castigo” en su declaración pública señaló: “Como organización de DDHH, nos parece apremiante la situación actual de Emilio Berkhoff y de su familia, quienes han debido enfrentar un durísimo proceso judicial por causas menores como “maltrato de obra a carabineros”, las que han derivado en un hostigamiento constante por parte de la policía y un juicio lleno de irregularidades y condena pública con publicidad, llenando de titulares tendenciosos los medios de comunicación escrita y electrónica con su nombre, abusando del poder de los medios para condenar anticipadamente a un ser humano, sindicándolo como un peligroso terrorista. Todo esto sin pruebas fundamentadas que lo inculpen”. La organización recuerda que Emilio ya ha cumplido más 14 meses en prisión preventiva.
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