En una estrategia no prevista por las empresas y el anterior gobierno, las organizaciones y ciudadanos de Aysén y Santiago piden que el Comité de Ministros invalide la decisión adoptada.
Es así que dejaron como una futura opción recurrir a los tribunales ambientales, para lo cual aún tienen 30 días de plazo desde notificada la resolución que la administración saliente adoptó el 30 de enero.
Se traslada a Bachelet responsabilidad de rechazar o validar resolución del gobierno de Piñera.
Por Patricio Segura
Una serie de recursos fueron presentados ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) entre el viernes y este lunes, solicitando se revoque la decisión que el 30 de enero adoptara el Comité de Ministros de la administración de Sebastián Piñera sobre el proyecto HidroAysén. Los escritos fueron interpuestos por organizaciones sociales y ambientales y habitantes de la región de Aysén que participaron en el proceso de evaluación con observaciones y posteriores reclamaciones, las que fueron resueltas o quedaron pendientes a nuevos estudios.
Con esta acción deciden apostar por la vía administrativa para revertir el acuerdo adoptado por el anterior gobierno. Esta decisión cambia el eje de lo que tanto en el Ejecutivo como en las empresas consideraban sería la próxima batalla sobre el proyecto HidroAysén: los tribunales ambientales.
De esta forma se deja en manos de Michelle Bachelet la resolución final sobre el proyecto, considerando que en la práctica el estudio de impacto ambiental aún carece de información para una calificación ambiental en propiedad. Es lo que se decidirá en la reunión que el presidente el Comité de Ministros, Pablo Badenier, ha convocado para esta semana.
Es así que se presentaron los recursos de la Pastoral Social del Vicariato de Aysén, la Fundación Educacional San Pablo, la Cámara de Turismo de Coyhaique, Chile Ambiente y Chile Sustentable, y de personas naturales como Orlando Scarito y Fernando Salamanca, entre otras. Este martes se continuará con otras presentaciones.
Dependiendo de los resultados, se evaluará recurrir a tribunales ambientales a futuro.
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