Más de 100 organizaciones y movimientos sociales representando a miles de trabajadores, campesinos, comunidades de base e indígenas dieron la bienvenida a la histórica petición realizada por nueve países y los grupos Africano y Árabe por obligaciones vinculantes para las corporaciones transnacionales.
La petición, apoyada por el Grupo Africano, el Grupo Árabe, Pakistán, Sri Lanka, Kirguistán, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Perú, afirma que los “Principios Guía sobre Empresas y Derechos Humanos” del Consejo de Derechos Humanos de 2011, de naturaleza no vinculante, no tendrá ninguna consecuencia a menos que instrumentos legalmente vinculantes creen un marco para que los Estados regulen y sancionen las acciones ilegales de las Corporaciones Transnacionales.
Desde su lanzamiento en Junio de 2012, la Campaña para Desmantelar el Poder de las Corporaciones y Detener su Impunidad ha reunido a comunidades afectadas por violaciones de las corporaciones, a movimientos y organizaciones sociales, y a expertos en leyes para crear, de forma colectiva, un Tratado de los Pueblos que propondrá obligaciones vinculantes para las Empresas Transnacionales y creará un organismo internacional para juzgarlas y sancionarlas.
Los mecanismos voluntarios existentes han fracasado en garantizar justicia a aquellos que sufren violaciones y crímenes cometidos por las empresas transnacionales. Un ejemplo de esto es el caso de los 1132 trabajadores (en su mayoría mujeres) muertos y los miles de heridos en el desastre del Rana Plaza en Bangladesh (en abril de 2013) y el caso de la masacre de 34 mineros en las minas de platino de Lonmin Plcs en Marikana, Sudáfrica en 2012: en ambos casos, los autores aún no han sido castigados y las corporaciones continúan operando con total impunidad.
“La iniciativa ecuatoriana es promisoria en el movimiento para desmantelar la arquitectura de la impunidad que protege a las corporaciones de ser juzgadas por sus crímenes”, afirmó Tony Clark del Polaris Institute de Canadá.
“No hay duda que las corporaciones transnacionales tienen la obligación de respetar la ley, y si no lo hacen, deben sufrir sanciones penales y civiles,” completó Lucia Ortiz Coordinadora del Programa de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional.
Ver más antecedentes: Pare a la impunidad de las Corporaciones
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