Los convenios internacionales, en materia de protección de infancia y adolescencia, firmados por Chile, parecen ser letra muerta en el país sudamericano.
Por Manuel Arismendi - Fuente: hispantv.com
Un fallo de la Justicia de la comuna de Pitrufquén ha afectado a la familia de un menor de edad, cuyo integrante acusa torturas policiales durante una manifestación pacífica.
A fines de febrero de 2014, en la sureña comuna chilena de Freire, la visita del expresidente Sebastián Piñera era repudiada por las comunidades mapuches, a raíz de la construcción de un inconsulto aeropuerto internacional. El resultado: 14 detenidos, entre ellos, tres menores de edad.
A pesar de las manifestaciones pacíficas, los derechos de los niños y adolescentes no estuvieron resguardados ni en la vía pública. Han transcurrido cuatro meses, y el accionar de la policía militarizada de Carabineros, nuevamente, es puesta en tela de juicio.
El Juzgado de Garantía de Pitrufquén ha impuesto una salida alternativa al menor agredido, pero no borra las secuelas sicológicas. Para este dirigente social debe buscarse un cambio en la legislación, que proteja a los menores de edad.
Este caso de maltrato policial, hacia niños y adolescentes, pone en duda el cumplimiento de tales convenios internacionales, firmados por Chile, a lo que se suma la omisión del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que exige una consulta previa a las comunidades indígenas, para desarrollar proyectos.
A fines de febrero de 2014, en la sureña comuna chilena de Freire, la visita del expresidente Sebastián Piñera era repudiada por las comunidades mapuches, a raíz de la construcción de un inconsulto aeropuerto internacional. El resultado: 14 detenidos, entre ellos, tres menores de edad.
A pesar de las manifestaciones pacíficas, los derechos de los niños y adolescentes no estuvieron resguardados ni en la vía pública. Han transcurrido cuatro meses, y el accionar de la policía militarizada de Carabineros, nuevamente, es puesta en tela de juicio.
El Juzgado de Garantía de Pitrufquén ha impuesto una salida alternativa al menor agredido, pero no borra las secuelas sicológicas. Para este dirigente social debe buscarse un cambio en la legislación, que proteja a los menores de edad.
Este caso de maltrato policial, hacia niños y adolescentes, pone en duda el cumplimiento de tales convenios internacionales, firmados por Chile, a lo que se suma la omisión del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que exige una consulta previa a las comunidades indígenas, para desarrollar proyectos.
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