El Gobierno de Michelle Bachelet ha anunciado medidas dentro del aparato burocrático del estado chileno relacionado a un Ministerio Indígena y la creación de un “Consejo” de Pueblos indígenas, propuestas surgidas verticalmente y que además, se plantean, mientras continúa rigiendo en Chile el viciado reglamento sobre consulta indígena impuesto por el Gobierno de Sebastián Piñera, decreto N° 66.
Cabe consignar que en campaña electoral, la presidenta de Chile se comprometió en su programa a revisar este decreto de consulta general indígena # 66, junto al N° 40 sobre evaluación ambiental, con el propósito de que cumpliesen el estándar internacional de derechos de los Pueblos indígenas. Sin embargo, hasta el momento, continúan las complicidades en transgredir derechos humanos de los Pueblos indígenas en Chile y se hacen anuncios sin que se establezcan las obligaciones estatales para cumplir cabalmente con el Convenio 169 de la OIT y la declaración de la ONU sobre los derechos de los Pueblos indígenas.
Aucan Hulcaman, werken del Consejo de Todas las Tierras, a través de una declaración pública con respecto a los anuncios del consejo y ministerio bajo los actuales parámetros del reglamento 66, señaló: “El gobierno debe resolver previamente el asunto del Decreto Supremo Nº 66 sobre Consulta Indígena. Este instrumento adoptado por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, fue declarado ilegítimo por todos los partidos políticos de la Nueva Mayoría cuando eran oposición, es decir, Partido Socialista, Partido Por la Democracia, Partido Radical, Partido Comunista, incluso pidieron su Derogación”.
El werken instó a que se instale una Comisión Presidencial para realizar una verdadera consulta, en donde conjuntamente con los destinatarios de la Consulta, decidan el mecanismo y los asuntos que comprendería.
Por su parte Jorge Weke, werken del Parlamento Mapuche de Koz Koz en Panguipulli, con respecto a los anuncios presidenciales que surgen desde el 21 de Mayo sobre el ministerio y consejo, señalaba: “La presidenta Bachelet no se ha pronunciado sobre el cuestionado y viciado decreto de consulta Piñerista # 66. La gran cantidad de organizaciones mapuche y de derechos humanos ha exigido a la misma presidenta derogar este decreto. Asimismo, se le ha pedido la intervención al relator especial de los pueblos indígenas de la ONU, en su última visita a Chile, ya que transgrede directamente al propio convenio 169 de la OIT, sobre los estándares específicos de obligatoriedad del estado chileno, en el contexto del derecho internacional para la protección de los derechos de los pueblos indígenas, supeditando los procesos de consulta a la reglamentación del SEIA en su decreto 40, cuando se trata de proyectos de inversión”.
Agrega: “El gobierno chileno tiene el deber de considerar antes que todo consulta y consentimiento, y por cierto en estrecha igualdad de condiciones. Esto no es un favor, ni paternalismo, solo debe cumplir con los convenios y tratados de derecho internacional firmado en representación del estado de Chile”.
Con respecto a los anuncios presidenciables y la idea de consultar a los Pueblos indígenas, el Observatorio Ciudadano indicó: “En cuanto al cómo se consulta, cabe destacar que, al no señalarse nada en contrario por la Presidenta, las consultas anunciadas se regirían por el procedimiento establecido por el Decreto Supremo N° 66 que aprobó el Presidente Sebastián Piñera antes de terminar su mandato.
Se debe recordar que esta reglamentación fue seriamente cuestionada por las organizaciones indígenas, así como por organizaciones de derechos humanos, por no haber sido consultada en forma adecuada con las instituciones representativas de los pueblos indígenas en forma previa a su aprobación, y por rebajar los estándares sobre consulta establecidos en el Convenio 169 de la OIT y otra normativa internacional aplicable en la materia.
De hecho representantes del Estado chileno reconocieron en marzo pasado, en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la actual administración revisaría esta normativa para adecuarla a los estándares internacionales aplicables”.
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