Por Max Ferrer (presidente Centro de Estudiantes de Ingeniería, UCH) y Patricia González (licenciada en Antropología Social, UCH)
El desconcierto
Continuidad política: Gobernabilidad y desarrollo privado
La apuesta del segundo gobierno de Bachelet de incorporar las demandas de los movimientos sociales en su discurso e – incluso- en sus propuestas prioritarias, es una expresión de una vieja receta aplicada por la política de la transición: mayor gobernabilidad para continuar con un modelo acuñado para los empresarios y los más ricos del país. En materia ambiental, esta receta se identifica desde los años noventa: las promesas de campaña de Aylwin hacia el mundo ambientalista e indígena junto a la creación de una institucionalidad ambiental (CONAMA) como traje a la medida de los empresarios forestales y de pesca industrial; la “Doctrina Frei” expresada en las numerosas aprobaciones de proyectos de inversión “pro desarrollo” legitimadas por la débil institucionalidad ambiental de la CONAMA y SEIA; la creación del INDH en paralelo a la aprobación de Pascualama y la aprobación del ducto de CELCO en Mehuin como “única alternativa posible”; el “acuerdo de Chagual” pro energía nuclear con la venia de algunas ONGs ambientalistas, la aprobación de 42 hidroeléctricas y la apertura al mercado energético del carbón y las termoeléctricas en el primer gobierno de la actual presidenta; y por último, el llamado telefónico de Piñera que detuvo Barrancones en el marco de conflictos y malestar social en regiones.
Segundo gobierno de Bachelet
Ahora bien, el inicio del segundo gobierno de Bachelet ha estado marcado por una serie de medidas prioritarias –las llamadas 50 medidas en los primeros 100 días de gobierno- que buscan dar cumplimiento al programa de la Nueva Mayoría. Hace pocos días, la agenda ambiental tuvo particular protagonismo al declararse la creación del Sistema de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) como fortalecimiento a la incipiente cartera. Sin embargo, este anuncio se realiza en un momento crítico para los movimientos ambientales: la llegada de la gran minería a las cuencas que albergan las ciudades más pobladas del país (CODELCO-Andina 244) y la multiplicación de zonas de sacrificio en las regiones con mayor desigualdad en la distribución de su riqueza (zona norte del país).
Esta doble agenda del gobierno retrata la profundización de la economía extractivista como modelo de desarrollo en paralelo al avance de institucionalidad de rescate socioambiental mandatada por la OCDE. En este marco, la balanza de los primeros días de este gobierno se inclina hacia la primera agenda, al continuar con la expansión de la megaminería bajo criterios de mercado para su instalación geográfica y consumo energético para su funcionamiento. El reciente proyecto de ley que promoverá la generación de Energías Renovables No convencionales (ERNC) entre un 20 y 25%, llegando hasta un 40-50% de la generación de energía eléctrica del sistema central en los próximos años, es una muestra de la regulación de este mercado de parte del Estado. Sin embargo, esta iniciativa no contempla la regulación del mercado del consumo de energía –en el cual la megamineria ocupa el asiento de primera fila-, orientado a crecer en forma exponencial debido al precio internacional del cobre y su creciente demanda.
Pese a ser un avance del movimiento socioambiental, el rechazo de Hidroaysén -decidido por el comité de ministros- otorga mayor gobernabilidad a la agenda extractivista del gobierno, poniendo el acento en el lugar menos incómodo y concibiéndolo como un agregado más del debate energético-ambiental que, actualmente, atraviesa nuestro país. La continuidad del rol subsidiario del estado en esta materia, de subsidio a la demanda energética de la industria, presenta la regulación de una parte del mercado de generación de energía, pero no contempla una regulación al mercado que mayormente demanda energía, profundizando una lógica de acumulación y crecimiento insostenible en el tiempo.
Autonomía política y desafíos en lo socioambiental
Por esta razón, la idea de un estado más fuerte y democrático, que otorgue un plan energético -y no simple salvavidas a la industria- es necesaria para alcanzar cierto equilibrio en esta área clave para el desarrollo de cualquier país. Sin embargo, esto no se puede pensar ni realizar en la medida de lo posible. Debe existir una clara voluntad del gobierno y, por sobre todo, autonomía política del movimiento ambiental que permita plantear este desafío en términos de derechos sociales que expulsen lógica de mercado.
Actualmente, el gobierno de la presidenta Bachelet tiene la oportunidad de realizar este giro concibiendo la problemática energético-ambiental como un sistema, estrechando conocimiento y democracia. La creación de Centros de Formación Técnica (CFTs) de carácter estatal al alero de universidades públicas regionales –uno de los puntos de avance de la agenda del movimiento estudiantil- se presenta como una oportunidad de generar conocimiento para el desarrollo regional en diálogo con una política y plan energético nacional. Para ello, se necesita más regulación, pero por sobre todo, se necesita dejar atrás el lastre de la transición para abrir las puertas de un nuevo ciclo político que nos permita alcanzar mayor soberanía en nuestras vidas.
La invitación que nos deja el rechazo de Hidroaysén, es pasar de los excesos ambientales –como este tipo de alunizaje de monstruos energéticos en zonas de sacrificio- a la discusión central sobre cómo se alimenta este sistema brutalmente desigual y dependiente, que deshumaniza la forma de vida de miles de personas. Por lo visto, la única receta para ello no se encuentra en los comités técnico-políticos, en soluciones verdes-regulatorias, en tratados OCDE, en un llamado telefónico del ejecutivo ni en las transacciones de campañas electorales, sino que en la capacidad de organización, movilización y autonomía política del movimiento socioambiental.
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