Con fecha 11 de junio de 2014, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, por la unanimidad de sus miembros, ha dictado veredicto absolutorio a favor de los comuneros mapuche Elvis Millán Colicheu, Miguel Tapia Huenulef, Andrés Gutiérrez Coña, Jorge Cayupán Ñirripil, Angel Reyes Cayupán y otros 2 comuneros, acusados por el Ministerio Público y el querellante particular Gobierno de Chile, por los delitos de homicidio frustrado terrorista, amenaza terrorista, incendio terrorista y robo con violencia.
Fuente: cidsur.cl
La acusación del Ministerio Público se remonta a hechos ocurridos el año 2009, cuando un grupo de sujetos desconocidos ingresaron al domicilio de los cuidadores del Fundo San Leandro de la Comuna de Lautaro, lugar donde sustrajeron una escopeta y diversas especies, para luego quemar 2 galpones y una parte de la siembra de trigo.
Se trata de un caso emblemático, toda vez que es el último de los procesos incoados bajo el amparo de la ley 18.314 sobre conductas terroristas, invocados bajo el primer mandato de Michelle Bachelet, y el último caso de los comuneros que durante el año 2010 fueron protagonistas de la extensa huelga de hambre que remeció a la opinión publica nacional, al constatar la arbitrariedad en la invocación de una legislación de excepción a más de una treintena de mapuche que se encontraban encarcelados en diversas prisiones del sur de Chile, incluyendo a 4 menores de edad.
Esta huelga de hambre puso de manifiesto las falencias de la legislación nacional sobre terrorismo, la cual permitía ,por ejemplo, que menores de edad fueron juzgados al igual que los adultos cuando el Ministerio Público decidiera invocar dicha ley. Circunstancia que finalmente fue modificada y razón por la cual hubo de hacerse juicios separados entre adolescentes y adultos, que terminaron todos en absoluciones.
Se trata de una serie de procesos llevados a cabo desde el año 2009 en la VIII y IX Regiones en los cuales el Centro de Investigación y Defensa SUR y sus abogados/as defensores, Karina Riquelme Viveros, Pablo Ortega Manosalva y Sebastián Saavedra Cea, ha aportado en la asesoría técnica y jurídica de los comuneros, representado a la mayoría de estos y siendo parte protagonista en todos y cada uno de los procesos penales desarrollados, los que en el caso de la región de la Araucanía han terminado todos en sentencias absolutorias.
Efectivamente, en la IX Región se efectuaron los siguientes juicios entre los años 2011 y 2014:
Caso Fundo Santa Rosa RIT 158-2011 del TOP Temuco de fecha 11 de octubre de 2011 CIDSUR represento a Luis Tralcal Quidel.
Caso Peaje Quino adultos RIT 58-2012 del TOP Angol de fecha 29 de agosto de 2012, CIDSUR represento a José Queipul Huaiquil, Victor Queipul MIllanao y Jorge Mariman Loncomilla.
Caso Tur Bus RIT 99-2013 del TOP Temuco de fecha 22 de agosto de 2013 CIDSUR represento a Luis Tralcal Quidel, Jose Queipul Huaiquil, Daniel Canio Tralcal, Jose Tralcal y Pedro Cheuque Aedo.
Caso Peaje Quino RIT 91-2013 del TOP Angol de fecha 10 de febrero de 2014 CIDSUR represento a Juan Patricio Queipul MIllanao.
Caso Fundo Brasil Adolescentes RIT 188-2013 del TOP Temuco de fecha 8 de abril de 2014 CIDSUR represento a José Ñirripil Pérez.
Caso Fundo Brasil Adultos RIT 195-2013 del TOP Temuco de fecha 14 de abril de 2014 CIDSUR represento a Elvis Millán Colicheu y Daniel Canio Tralcal.
Caso Fundo San Leandro RIT 25-2014 del TOP Temuco CIDSUR represento a Elvis Millán Colicheu, Miguel Tapia Huenulef, Andrés Gutiérrez Coña, Jorge Cayupán Ñirripil y Ángel Reyes Cayupán.
En estos 7 casos, los tribunales de justicia, órganos mandatados constitucionalmente para determinar los hechos y calificarlos jurídicamente, han señalado la inexistencia del terrorismo, desestimando la pretensión de la Fiscalía local de Temuco. Accediendo, de esta manera, a los planteamientos que los defensores del Centro de investigación y Defensa Sur, respaldados por diversos organismos de Derechos Humanos -nacionales e Internacionales- han hecho desde el comienzo de estos procesos.
No obstante esta buena noticia, es importante recalcar que durante casi 5 años un grupo determinado de comuneros y dirigentes mapuche han sido perseguidos y criminalizados por su reivindicación territorial, política y cultural, y que su resistencia a dicha persecución, manifestada también en su huelga de hambre, logró importantes modificaciones de la ley antiterrorista y la justicia militar en Chile, avances que beneficiaron no sólo a integrantes del pueblo mapuche si no que también significaron un avance en la democratización y el respeto al debido proceso en nuestro país. Se trata por tanto, de un extenso proceso, donde como suele ocurrir, el valor y la constancia de un pequeño grupo de personas hace variar la perspectiva de una sociedad entera.
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