mercredi 4 juin 2014

Coordinadora Aymara exige al gobierno que desista de recurso a favor de atentatorio proyecto minero y asuma contaminación

La Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales de Arica Parinacota señala: “Consideramos que el actual gobierno, debe desistirse en proseguir en la defensa de una situación, que claramente representa un daño ambiental de contaminación y ha abocarse a establecer medidas urgentes de remediación, con la participación de la ciudadanía organizada y poner fin a este foco de  contaminación que por décadas no ha sido solucionado. 

Además consideramos que el actual gobierno no puede hacerse cargo de la inoperancia y poca voluntad política del gobierno anterior. Consideramos que el desistimiento del gobierno no lo desacredita, menoscaba y perjudica, sino al contrario lo fortalece en su relación con la ciudadanía y organizaciones de la región”.
 minera

Se extiende comunicado:

 Arica, 02 de Junio del 2014.-

La Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales de Arica Parinacota, queremos informar a la opinión pública Nacional e Internacional, lo siguiente:

Que los días 30 y 31 de Junio, las organizaciones aymaras y organizaciones sociales de Arica nos reunimos libremente y de manera autónoma, para analizar la situación Socioambiental en la región de Arica Parinacota, con la finalidad de conocer los estados de las diferentes situaciones ambientales, en este sentido las organizaciones llegaron al siguiente Acuerdo Social, manifestarle y exigirle al Intendente Sr. Emilio Rodríguez Ponce, en su calidad de representante máximo del actual gobierno de la presidenta Sra. Michelle Bachelet Jeria de la región de Arica y Parinacota, lo siguiente:

a)    A Que la Intendencia, que representa al actual gobierno en la región se DESISTA EN LA APELACIÓN AL FALLO DE LA CORTE DE APELACIONES DE ARICA en relación al Proyecto Mineros de Explotación de Manganeso, denominado “Los Pumas”. Con los siguientes argumentos:
  1. a.    El fallo de la Corte de Apelaciones de Arica, Rol Nº 182 (que acumulo las causas 183-2013. 184-2013 y 187-2013) se fundamento en que el proceso de evaluación ambiental del proyecto de Explotación de Manganeso denominado “Los Pumas” de la empresa minera transnacional australiana Hemisferio Sur, NO CUMPLIÓ CON LAS EXIGENCIA ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO 169 DE LA OIT, norma vigente en Chile desde el año 2009.
  2. b.    Ante este fallo el anterior Intendente de la región de Arica y Parinacota como presidente y representante legal de la Comisión de Evaluación presento un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia.
  3. c.    Es un elemento reconocido por todos los integrantes de la actual coalición de gobierno (Mueva Mayoría) que las autoridades del anterior gobierno del Presidente Sr. Sebastián Piñera aplicaron una interpretación restrictiva, estrecha y no acorde a los estándares diseñados por los organismos internacionales de DDHH, como son la Comisión Interamericana de DDHH o el Relatoría Especial sobre Pueblos Indígenas de la Naciones Unidas, James Anaya,
  4. d.    Además, ya hay una sentencia pronunciada sobre la materia, el fallo del 5 de octubre de 2013 de la Corte de Apelaciones de Arica. Con lo cual se podría sostener que la autoridad regional ya hizo un esfuerzo por defender la resolución de calificación ambiental favorable del proyecto ante los tribunales. Quedando salvaguardada cualquier acusación de no haber cumplido con su obligación institucional. Reafirma aun mas esto, el hecho que la presentación de la apelación ante la Corte Suprema es un elemento extraordinario.
  5. e.    El desistimiento de la intendencia de la región no se vera perjudicada, ya que el proyecto es impulsado por una empresa privada que debe acatar las decisiones judiciales de un poder independiente. Además que a nivel de la Corte de Apelaciones de Arica la empresa nunca se hizo parte del recurso, y que solo ahora porque el fallo fue contrario a sus intereses, se ha sumado como apelante a la Corte Suprema. Cuestión que es sumamente irregular.
  6. f.     Además, le comunicamos que esta situación generada en el gobierno anterior no solo es judicial, sino que también tiene elementos políticos, sociales y ambientales, que se dan en el marco de una política de desarrollo minero impuesta en la región, la cual nunca fue consultada con la ciudadanía y es contrario a lo determinado por las organizaciones sociales en relación al desarrollo económico de la nueva región, teniendo presente que nuestra región actualmente sufre una grave contaminación en los ríos de Lluta, San José y Lauca producto de procesos mineros anteriores irresponsables y de la contaminación de 18.000 personas en la ciudad de Arica por efectos de desechos mineros traídos desde el exterior y dejados en la ciudad y el altiplano.
  7. g.    Finalmente la ubicación de este proyecto minero contaminara las aguas del río Lluta, empeorara la calidad de vida y afectara la salud de todos los habitantes de nuestra región y además afectara a otros sectores económicos tales como la agricultura y el turismo. Consideramos que el actual gobierno que representa a una coalición totalmente distinta al gobierno anterior derrotado, debe asumir un rol distinto frente a esta situación, buscando el  bien colectivo y social de la comunidad y en pos del medio ambiente y la salud de la población. Una muy buena señal seria desistirse de la apelación interpuesta.
 b)   También le exigimos al Gobierno de la presidenta Sra. Michelle Bachelet Jeria a que se DESISTA EN LA DEFENSA LEGAL A FAVOR DEL ESTADO, en el caso de la Contaminación de los Desechos Mineros ubicados en el sector de Copaquilla. Donde las organizaciones indígenas, agricultores, vecinales, sociales, ambientales de la región de Arica y Parinacota  en defensa de sus derechos y garantías constitucionales fundamentales, interpusieron una demanda en contra del Estado de Chile en los Tribunales Ambientales de Santiago, en el periodo del gobierno del Sr. Sebastián Piñera, por la responsabilidad que le recae al Estado en relación a la contaminación y protección de los derechos y garantías establecidos en la constitución política de Chile. Teniendo los siguientes argumentos:
  1. a.    Que durante décadas las organizaciones aymaras, ambientales y sociales de la región le han manifestado a los diferentes gobiernos de turno la urgente remediación de ese sector, debido a la grave contaminación del agua de la Cuenca Hidrográfica del río San José, la cual esta afectando la agricultura del Valle de Azapa, la calidad del agua potable rural y urbano y la salud de la población de la región.
  2. b.    Esta situación de los desechos mineros dejados por la empresa Promel en una zona en donde se encuentran los ríos, Copaquilla y el San José confirman la irresponsabilidad de la empresa y la debilidad de la legislación ambiental y Minera y la poca efectividad del Estado de Chile en solucionar este foco de contaminación
  3. c.    Solo a fines del gobierno de la presidenta Sra. Michelle Bachelet Jeria periodo 2006-2010 se busco por parte del estado una solución, la cual fue conformar una comisión técnica denominada “Comisión Copaquilla”, conformada por organismos públicos, cuyo objeto era evaluar la situación socioambiental de la zona contaminada por los desechos mineros y tomar las medidas correspondientes para su remediación.
  4. d.    Esta Comisión Técnica creada el año 2009 hasta el año 2014 no ha podido concluir con el objetivo de su creación, esto derivo a que las organizaciones aymaras denunciaran a la Contraloría de la región de Arica Parinacota el año 2012, la IRRESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY en relación a materias que afectan derechos constitucionales como el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, derecho a la protección de la salud de los ciudadanos, los derechos humanos de los pueblos indígenas establecidos en el convenio 169 de la OIT y la acción preventiva que debe tener el estado cuando existe una amenaza que puede dañar a la población.
  5. e.    La resolución de la Contraloría estableció que esta comisión no actuó con la debida eficiencia, coordinación y agilidad al cumplimiento de sus funciones debido a que desde el año 2009 se encuentra elaborando las conclusiones de la situación socioambiental de la zona, siendo esto determinante para buscar las soluciones en relación a la contaminación. Además la contraloría le estableció un plazo a esta comisión para poder concluir su informe, lamentablemente hasta el momento no han cumplido esta obligación, debido a que la COMISIÓN HA DILATADO, solicitando mas tiempo para poder concluir su informe. Además los informes preliminares de los órganos públicos de la comisión son disímiles y contradictorios en relación a la contaminación en el sector. Hasta la fecha no hay ninguna conclusión que haya emitido esta comisión, situación que sigue pendiente en la Contraloría.
  6. f.     Los informes realizados por el laboratorio del CENMA Centro Nacional de Medio Ambiente de la Universidad de Chile, cuyas muestras fueron recogidas por el Dr. Andrei Tchernichin en los años 2010 y 2012 y por la Brigada de Delitos Ambientales de la Policía de Investigaciones, concluyeron que la contaminación del suelo y de los ríos Copaquilla y San José provienen de los desechos mineros producto del desplazamiento de los minerales tóxicos por efectos del viento y la lluvia existente en el sector.
  7. g.    Además queremos expresar nuestro rechazo a las determinaciones expresadas por el Seremi del Medio Ambiente el 20/05/2014, en donde manifiesta que se realizaran nuevos estudios para determinar la situación socioambiental de los desechos mineros en el sector de Copaquilla. Consideramos que la ciudadanía afectada esta CANSADA DE TANTOS ESTUDIOS ya que a estas alturas no se puede desconocer la evidente contaminación y amenaza que representan estos desechos para la salud de la población, la agricultura, el agua y comunidades aymaras de la región.
  8. h.    Por lo tanto consideramos que el actual gobierno, debe desistirse en proseguir en la defensa de una situación, que claramente representa un daño ambiental de contaminación y ha abocarse a ESTABLECER MEDIDAS URGENTES DE REMEDIACIÓN, con la participación de la ciudadanía organizada y poner fin a este foco de  contaminación que por décadas no ha sido solucionado. Además consideramos que el ACTUAL GOBIERNO NO PUEDE HACERSE CARGO DE LA INOPERANCIA Y POCA VOLUNTAD POLÍTICA DEL GOBIERNO ANTERIOR. Consideramos que el desistimiento del gobierno no lo desacredita, menoscaba y perjudica, sino al contrario lo fortalece en su relación con la ciudadanía y organizaciones de la región.
Hacemos un llamado a las organizaciones Ciudadanas, Asambleas, Agricultores, Ambientales de la región a EXIGIR EL DESISTIMIENTO DE ESTOS DOS PROCESOS JUDICIALES AL INTENDENTE SR. EMILIO RODRÍGUEZ PONCE,  les solicitamos a todas las organizaciones indígenas, dirigentes sociales, intelectuales y comunidad en general que quieran firmar y adherir a esta exigencia lo pueden hacer el día 

Martes 03 de Junio en la Escuela D-21Tucapel, ubicado en la Avda. Tucapel (a un costado del Parque Lauca) a partir de las 19:00 horas hasta las 21:00 horas.  Información markan.arupa@gmail.com Celular 86809813 claro – 83359221 movistar 78457979 claro

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