Este 30 de noviembre, Daniel Huentecura, quien permanece en prisión preventiva, enfrenta una audiencia de juicio oral por el caso de la quema de un camión de la Forestal Mininco en 2010. Darío Cañulaf, de la comunidad “Manuel Cañulaf” denuncia persecución y uso de la ley antiterrorista en el proceso y habla de las reivindicaciones de su pueblo.
Por Cristián Sanhueza, Estudiante de Derecho e Instituto de Humanidades en UDP. @csanhuezac
Fuente: www.sentidoscomunes.cl
A pesar del tumulto de la locomoción colectiva y del calor incesante que yace en esta selva de cemento, Darío Cañulaf, joven mapuche de la comunidad “Manuel Cañulaf” del territorio Nueva Imperial-Carahue, Región de la Araucanía, accedió a conversar con nosotros y contarnos sobre la fuerte persecución policial que han soportado las comunidades mapuche. En su corta visita a la capital winka, Darío cuenta cómo han sido los hechos que, actualmente, tienen a Daniel Huentecura en prisión preventiva desde el 8 de abril del 2011.
En pleno contexto de la huelga de hambre de los presos de Ángol, el 16 de septiembre del año pasado un grupo de encapuchados, cuyos rostros no se han reconocido, interceptó un camión de la Forestal Mininco en plena faceta productiva en el sector de la ruta Imperial-Carahue, en el cruce de Chamaco. El resultado fue la quema total del camión y la absoluta integridad del chofer, quien no sufrió ninguna lesión.
“Luego de estos tres meses de investigación, estos tres meses del hecho, nosotros detectamos un aumento de la actividad policial en la zona”, cuenta Darío Cañulaf.
Luego de una investigación a cargo del otrora fiscal de Carahue, Cristián Voullieme, Daniel Huentecura fue indicado como el responsable del ataque. El tratamiento que ha tenido el Ministerio Público con estos hechos, no sabemos si con inspiración o no del olímpico ex fiscal Peña, ha sido muy similar a otros casos de comuneros mapuche. Desde un primero momento, “él [Daniel Huentecura] estaba imputado por ley antiterrorista, asociación ilícita terrorista, por la vinculación con la Coordinadora, y por agresión. Incluso en la detención lo acusaron de agresión, siendo que en la detención la relación era como de 20 policías a 1”, dice Darío.
Hoy, tras meses después de una investigación sin resultado, no es de esperar que las tesis vaya tomando otros ribetes. De hecho, este 30 de noviembre Daniel enfrenta la audiencia de juicio oral, pero ahora imputado por incendio común. O sea, que el Ministerio Público ha recalificado el delito para proseguir así con su tesis del caso, a sabiendas de que la razón y fundamento por la cual actuó ya no es la misma. Y no hablamos aquí del derecho que todos tenemos a equivocarnos.
“Luego de estos tres meses de investigación, estos tres meses del hecho, nosotros detectamos un aumento de la actividad policial en la zona, en las comunidades de Daniel y en la mía. Intensificación de los controles de identidad. Incluso te puedo decir que a Daniel y a mí nos han hecho cinco controles de identidad en un día. Así como que entre comillas te encuentras con un policía. Todo después de eso. Bueno, nosotros decíamos el sistema es así, ya que el ambiente que se vive allá es así”, señala Cañulaf.
El 7 abril del 2011 se decretó en una audiencia reservada el allanamiento y detención de Daniel Huentecura. Es en esa oportunidad donde aparece el testigo protegido, la misma fórmula utilizada en casos contra comuneros mapuche. Por cierto, todos saben quién es.
¿Cómo fue ese procedimiento?
La verdad es que allá hay más gente que apoya la causa que personas que difieren, por lo que se supo súper rápido quién era. Y, bueno, la verdad es que la policía como que ha jugado al tema del FBI con este caballero, lo han trasladado como cinco veces de domicilio. Nosotros no tenemos la atención de atacarlo a él, o sea, yo creo y quiero pensar que este caballero es una víctima más del sistema, porque la verdad es que la mayoría de los casos de testigos protegidos han sido así.
“Entre Nueva Imperial, el campo y la ciudad se allanan tres domicilios en el mismo día, simultáneamente. Podrán haber sido, no quiero excederme en el número, pero serán unos 500 ó 600, todos de la PDI apoyados por Carabineros. Se detiene en Nueva Imperial a Daniel. Se detiene en la vía pública Andrea Lepin, su pareja, en compañía de su hija de cuatro años. Y en el campo allanan las casas de su abuelo y el papá de Daniel. Allí se destruye todo, hay agresiones, no se muestra orden de allanamiento. Es como la tónica de ellos”, agrega.
Sin orden de detención para la pareja e hija de Daniel, éstas fueron detenidas ilegalmente. Luego, y mientras ustedes se imaginan todo tipo de vejámenes y extorsiones, Daniel fue conducido a la PDI de Carahue y posteriormente a Temuco, lugar en donde pasó toda la noche.
¿Y era algo nuevo para ustedes?
Ésta es una cuestión que parte en 2006, después de las reivindicaciones estudiantiles allá en el sur, que se da súper fuerte en el sector. Bueno, nosotros en ese tiempo estábamos en primero medio. A partir de eso los jóvenes en Nueva Imperial y Carahue comenzamos a ver la realidad social que se vivía en las comunidades respecto del Estado; la realidad educativa que teníamos como mapuche. La realidad social, política, económica, en todo sentido. Y allí comenzamos a organizarnos para poder exigir nuestros derechos y concientizar. Y que antes de esto las comunidades estaban completamente coaptadas por el Estado: El Estado local, la Municipalidad, el Indap, Conadi, estaban súper coaptadas por proyectos, dirigentes comprados con el tema de los candidatos. No había nada, por lo que la mayor participación que tenían era optar a proyectos gubernamentales.
Muchas veces es así como llega el Estado. La mezcla de un centralismo exacerbado y la despreocupación por una integración sin asimilación provoca un distanciamiento de las comunidades respecto al alcance estatal. Sobre eso, Darío comenta: “No había ningún desarrollo en las comunidades. Se habían mantenido los niveles de pobreza, los niveles de desempleo, los niveles de tenencia de tierras de la gente había ido reduciéndose. O sea, la cuestión empeoraba, a pesar de que el Estado estaba más presente”.
Intentando reducir la fuerte migración del campo a la ciudad por parte de muchos mapuche, la organización y el trabajo que han tenido en el territorio ha sido fundamental. Hoy han logrado un nivel mayor de participación de quienes viven en sus tierras, y un ejemplo de lo que han avanzado es lograr la unión de todas las comunidades (600 en total) en el rechazo a la gran consulta indígena iniciada por el ex ministro Kast y suspendida por el ministro Lavín.
La reivindicaciones que han tenido estas comunidades provienen de hace varios años. El avance de propietarios privados en territorio ancestrales ha provocado la gran pugna en el sector y experiencias que se extienden desde 1995. Por eso Darío Cañulaf habla de la construcción de un proyecto propio. “El control territorial, el control productivo, no son algo que respondan a ideologías de afuera, sino que ese planteamiento responde a necesidades de la gente. La recuperación territorial, del control productivo, la recuperación de las tierras son necesidades que se están dando día a día. Y la verdad es eso lo que le hace ruido al Estado y por eso el interés tan grande de detener esto”, explica.
Por eso la sospecha de que otros sean detenidos es algo latente. Muchos somos los que, parafraseando a Dworkin, diríamos que aquellos individuos de una sociedad que han sufrido injusticias sistemáticas no pueden acceder a beneficios u oportunidades que los llevarían a tomar otras decisiones. Así, obligados a optar por medidas drásticas, llegan al punto de someter su propia existencia como herramienta de lucha, al punto que sus cuerpos se convierten en portador de sus demandas y receptor de sus frustraciones.
Soportar una extensa huelga de hambre para reclamar un proceso judicial democrático; soportar –sin caer en el hastío- la arbitrariedad policial por considerar que sus demandas, aquéllas que se encuentran en el meollo de las reivindicaciones indígenas, o sea, las de sus territorios ancestrales, no son más que el pataleo de unos mapuche malcriado, o, peor aún, la necesidad de volcarse a ser un clandestino por el constante asedio policial son, entre otras cosas, ejemplo que en Chile persiste un régimen dictatorial para algunos.
Y es que para los mismos que siempre han detentado el poder económico en nuestro país, cuya misión es tutelar sus intereses ejerciendo poder en el Congreso y el Poder Judicial ―¡y qué decir del poder represivo del Estado a su servicio!― para producir y reproducir las desigualdades, el otrora ‘upeliento’ hoy viste de mapuche o de estudiante, elija usted.
A ellos les decimos que los que llegaron tarde a esas tierras fueron ustedes y no el mapuche que, de hecho, fueron los que negociaron con los conquistadores españoles.
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