Niñez Mapuche: “vamos creciendo con odio porque vemos los atropellos que nos afectan a nosotros como niños”

Sigue el conflicto con el pueblo mapuche al sur del país, la represión y el maltrato por parte de Carabineros. Así lo confirmaron niños y niñas de diversas comunidades, quienes dieron su testimonio presencial en el reciente seminario “Violencia Institucional hacia la Niñez Mapuche”, actividad que también contó con la participación de importantes organizaciones de Derechos Humanos, las que hicieron un llamado a las autoridades.

Por Paula Correa

Radio Universidad de Chile

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Después de una jornada en Temuco llegó a la capital este seminario, organizado programa Pichikeche de la Fundación de Apoyo a la Niñez y sus Derechos (ANIDE), que busca visibilizar las vulneraciones a los derechos que han sufrido los niños y niñas de las comunidades del sur que están en conflicto por la recuperación de sus terrenos ancestrales.

En esta línea estuvieron presentes niños y niñas que han sufrido el atropello no sólo a los derechos que establece la convención de los derechos del niño de Naciones Unidas, sino que también sus derechos básicos. Ese es el caso de Leonardo Quijón, por ejemplo, quien sufrió en 2009 un disparo con un fusil antimotines quedando con 176 perdigones al interior de su pierna, daño del que el Estado no se ha hecho cargo y cuyos costos ha debido solventar la comunidad.

También asistió al encuentro Vania Queipul, la hija del lonko Víctor Queipul, quien de pequeña ha debido presenciar estas situaciones y quien tuvo que enfrentar un juicio a los 15 años, momento en que fue detenida en su internado frente a todos sus compañeros y para quien esta violencia reiterada sólo va produciendo odio.

“Vamos creciendo con odio porque vemos los atropellos que nos afectan a nosotros como niños y a los adultos como nuestros padres, hermanos, tíos, abuelos, donde vemos como son maltratados sicológicamente y físicamente. Les disparan a quema ropa sin tener piedad de nadie. Yo voy creciendo con ganas de seguir luchando para que esto pueda cambiar algún día. Llevamos más de 500 años en esto, pero tengo la fe de que esto algún día pueda cambiar”, detalló la joven comunera mapuche.

También estuvo presente el menor Luis Marillán, quien hace unos meses sufrió un disparo de bala en su pierna cuando pastaba sus animales en un fundo que limita con los terrenos del empresario René Urban en Ercilla, terrenos que colindan con la comunidad Tradicional de Temucuicui, la que este sábado fue allanada y donde el lunes intentaron apresar al werkén Mijael Carbone, quien hoy está viviendo en clandestinidad a falta de una orden de detención clara.

“Nosotros venimos a dar un testimonio de resistencia, de fuerza y a apoyar a mi werkén porque el Estado Chileno quiere su cabeza ya que el osó levantarse y responderle”. El menor afirmó que está consciente de que en el futuro esta responsabilidad les corresponderá a ellos y que es la misma violencia la que los va educando cuando recordó lo que ya nos había relatado antes: que hoy en su comunidad los niños más pequeños juegan, textualmente, “al paco y el mapuche”.

Las ONGs presentes en el encuentro se refirieron a las artimañas institucionales con las que el Estado está generando una verdadera “persecución a las comunidades”, donde, como vimos, nadie se libra. Ellos son la ley antiterrorista, que permite detenciones por sospecha y prisión preventiva, además de allanamientos sistemáticos, entre otros.

Por su lado, José Venturelli, portavoz del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura, indicó que “hasta cuándo el Estado chileno sigue en esto. Yo pienso que la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, el Instituto de Derechos Humanos. Todas las organizaciones de DD.HH. y los sectores internacionales tienen que denunciar esto, hay que pararle la mano a este crimen. Hemos visto a niños llorar porque su cultura no es respetada, lo que no es posible. Chile recupera el respeto hacia las personas o esto va a llegar mucho más lejos”.

Así la actividad cerró con un panel sobre los cambios normativos, legislativos y de políticas públicas necesarios para garantizar los derechos de los niños y niñas y todos los ciudadanos indígenas, partiendo, como han recomendado distintas organizaciones a nivel nacional e internacional, por la modificación urgente que requiere la Ley Antiterrorista, la que si bien fue reformada hace un tiempo, sigue amparando estas situaciones y criminalizando la protesta social de nuestro pueblos originarios.