Al modelo forestal lo trajeron como un ejemplo de desarrollo, pero se está cayendo a pedazos. La plaga de Sirex noctilio o Avispa taladradora está extendida desde la Región del Maule hasta la Región de Los Lagos y tiene en alerta al mercado internacional. A su vez, las empresas no califican para sellos internacionales que avalen su producción. Se comienza a limitar la expansión, vienen coletazos por las consecuencias de los incendios y la credibilidad lentamente se desmorona junto con el lucro generado a costos muy altos.
Por Alfredo Seguel
Fuente: El Ciudadano
Toda ciencia en recursos naturales y biología determina que la introducción de especies exóticas a un ecosistema distinto trae siempre peligros y amenazas. Al modelo forestal y sus especies exóticas de pino y eucaliptos de rápido crecimiento, lo trajeron como un ejemplo de desarrollo y en el presente se está cayendo a pedazos y hagan lo que hagan por resucitarlo desde el Estado chileno no se va a poder.
En primer lugar, la plaga de Sirex noctilio o Avispa taladradora está extendida desde la Región del Maule hasta la Región de Los Lagos y ha puesto en jaque a las empresas forestales chilenas. Dicho insecto va provocando la muerte de los pinos que ataca, debido a que las hembras colocan sus huevos dentro del tronco de los pinos, junto con una sustancia tóxica producida por ellas, que mata los árboles. Este devastador escenario coincide con los recientes focos de incendios forestales y todos los oficios por controlarla han sido infructuosos.
Consecutivamente, el mercado internacional ya está en alerta y ante los riesgos de comprar madera infectada, progresivamente se van cerrando, principalmente en aquellas empresas y países que exigen el cumplimiento de normas y tratados internacionales en materia medio ambiental y de derechos humanos.
También, en ese contexto, considerando los conflictos que tienen las empresas con comunidades indígenas en Chile, los impactos socio ambientales que se le atribuyen, más la plaga, entre otras, definitivamente las empresas no califican para la obtención de sellos ambientales con estándares internacionales como Forest Stewardship Council (FSC), lo que lo complica aún más en el mercado internacional, ya que a la fecha, las empresas chilenas solo tienen un sello entregado por el propio Estado chileno denominado Certfort Chile.
Certfort Chile reinaba desde el año 2000 a favor de las principales empresas chilenas forestales para evadir sus obligaciones en materia ambiental y en derechos humanos, poder limpiar su imagen y obtener suculentos negocios internacionales. Hoy, los mercados exteriores se van volviendo más exigentes e incorporan diversos indicadores en sus estándares. Las empresas requieren nuevos sellos para avalar su productividad y comercio como “sustentables” y no califican.
Cabe mencionar que en Chile existen más de tres millones de hectáreas de plantaciones exóticas controladas principalmente por los grupos económicos Matte (CMPC, Mininco, Crecex, Monteaguila, con más de 750 mil hectáreas) y Angelini (Arauco, con más de un millón de hectáreas), cuyos patrimonios han sido obtenidos principalmente a raíz de los beneficios y privilegios desde el Estado de Chile, manteniendo proteccionismos para sus intereses de manera política y legislativa, con tráficos de influencias, enriquecimientos ilícitos y una red política y económica corrompida en desmedro de los derechos de una gran mayoría de personas y los pueblos que coexisten en este país.
Otro punto que pone a la palestra a estas empresas son los actuales focos incendiarios en diversas localidades del centro sur chileno y de manera generalizada, coincidiendo con la expansión de la plaga de Sirex noctilio o Avispa taladradora, lo que también, en caso de no existir colusión, debería poner en alerta a las empresas aseguradoras por siniestro de incendios en favor de las empresas forestales y que deberían indagar así como toda instancia pública decente.
Por otra parte, a pesar de toda la campaña mediática en los incendios para encubrir verdades, también se irá limitando la ofensiva estatal con las empresas de expansión e introducción de especies exóticas forestales. Una, porque ya hay mayor conocimiento desde sectores campesinos y de comunidades mapuche que estas especies exóticas como el pino y el eucaliptos secan las tierras, succionan las napas subterráneas y generan verdaderos desiertos donde, sumado a las altas temperaturas y la resequedad de sus estructuras, principalmente de los pinos, las hacen un peligro constante para focos de incendio y ahora con la amenaza de la plaga hace inviable toda iniciativa productiva. Por lo tanto, habrá mayor reticencia y las proyecciones disminuirán considerablemente.
Expandir la industria forestal en el presente, es además dejar sin agua a las poblaciones, en zonas de valle y exponerlas a los peligros de incendio, más aún a sabiendas que en las zonas cordilleranas se busca intervenir las aguas, ya sea por geotermas, hidroeléctricas (como lo hacen los mismos Matte) o mineras (como lo hace Angelini), que fluyen hacia los territorios de abajo y desembocan en el mar y la suma genera una disminución progresiva que puede ser letal para las mayorías, como ya se había indicado.
EL PODER DEL IMPERIO MATTE
Grupo Matte, familia Matte (Eliodoro, Bernardo y Patricia), en el año 2010 tenían una fortuna de US$ 8.100 millone y hoy, con una fortuna que supera los US$ 10.400 millones , sus principales actividades económicas se basan en la expansión de la industria forestal y de la industria de celulosa (papeleras). Algunas de sus empresas son: Empresas CMPC (55,4% de la propiedad): Empresa forestal integrada, con producción de madera, celulosa, papel y otros productos industriales y de consumo masivo. Empresas CMPC tiene una capitalización bursátil superior a los US$ 7.200 millones. Junto con la celulosa–papelería una de sus principales empresas es Forestal Mininco. En energía está Colbún (49% de la propiedad), que es una de las mayores empresas de generación eléctrica de Chile, con una capacidad instalada de 2.521 MW y una capitalización bursátil de aproximadamente US$ 2.600 millones. En la Banca Comercial (Banco Bice): Banco comercial corporativo y de personas con activos por aproximadamente US$ 2.700 millones, que además cuenta con actividades de leasing, factoring, hipotecarias y comercio exterior. También en seguros de vida, securitización, inmobiliario, inversiones.
ANGELINI
Angelini, cuyo origen de acumulación de riquezas la forja Anacleto Angelini, ya fallecido, quien en 1990 entró al ranking de los más ricos del mundo de la revista Forbes. En el ranking Forbes del año 2006 fue clasificado en el lugar 181 en el mundo y 10° en el ámbito latinoamericano; en el año 2007 fue clasificado en el lugar 119 mundial, siendo así el mayor millonario de Chile y de Sudamérica en su momento. Formó una fortuna que se calcula mínimamente en seis mil millones de dólares en la actualidad. Sin embargo, no hay claridad exacta de su fortuna ni entre quiénes es manejada, la que estaría distribuida entre su viuda y su sobrino Roberto Angelini, quien maneja los negocios.
Actualmente, el grupo Angelini es uno de los mayores productores mundiales de harina de pescado, controlando también el rubro de combustibles y forestal. Su mayor activo, Empresas Copec, es hoy una empresa diversificada con una importante participación en el negocio forestal a través de su filial Celulosa Arauco, siendo además la mayor empresa chilena medida por capitalización bursátil. Antar Chile es otra empresa destacada donde el actual Presidente Piñera también fue accionista al igual que en Copec.
LOS IMPACTOS QUE HA VENIDO GENERANDO LA INDUSTRIA
Desplazamiento del bosque nativo; pérdida de los recursos hídricos, superficiales y subterráneos que ha sido una de las constantes denuncias entre la IX y X regiones (Los monocultivos exóticos actúan como verdaderas bombas de agua); uso indiscriminado de plaguicidas y contaminación de ecosistemas; acorralamiento de comunidades rurales por los monocultivos; destrucción de caminos rurales y polución por el tránsito de la maquinaria pesada, principalmente en tiempos de cosecha; pérdida de flora y fauna (también plantas medicinales y alimenticias) ante el desplazamiento del bosque nativo y ecosistemas; suelos ganaderos y agrícolas reemplazados para la introducción de forestales industriales, lo que conlleva a la perdida de soberanía y seguridad alimentaria; transgresión de lugares sagrados; el aumento de emigración (disminuye fuente laboral) y pobreza en lugares de alta concentración forestal, son parte de sus consecuencias.
Como consecuencia de este modelo, la destructiva industria de celulosa se viene expandiendo, propiedad de estos mismos grupos económicos como las de Angelini: Nueva Aldea, Celco, Licancel, Constitución, Arauco, Valdivia; o bien, la del Grupo Matte: Laja, Santa Fe, Pacífico-Mininco, que son un ejemplo de estas consecuencias cuyos impactos hace rato han quedado a la vista.
LA EXPANSIÓN DE LA INDUSTRIA EN TERRENOS DE CAMPESINOS Y COMUNIDADES
Considerando que el patrimonio forestal de las grandes compañías está prácticamente agotado en las regiones VII y X para adquirir grandes paños, la expansión va apuntada a incorporar paralelamente a sectores campesinos y mapuche para que se transformen en forestadores y para este fin se hizo una prórroga del Decreto Ley 701 que va en ese sentido como política de estado, bajo la complicidad y sometimiento de los sectores políticos gobernantes.
El Decreto Ley considera en el presente ciertas modificaciones que potencian la entrega de incentivos a esta actividad, contemplando un incentivo del 90% para los pequeños propietarios, en las primeras 15 hectáreas, un 75% para los medianos propietarios y un 50% para los grandes propietarios, según comunicó Conaf.
Esta prórroga ha sido celebrada por diversos sectores políticos de la Alianza por Chile y de la Concertación y se ha considerado como un importante beneficio y oportunidad que, según comentarios de varios legisladores, beneficiará principalmente a pequeños y medianos propietarios rurales.
Cabe mencionar que dicho Decreto (701) se instaló en 1974, durante la dictadura militar, tendiente a otorgar beneficios con arcas fiscales a los principales grupos económicos del país (Matte y Angelini) para imponer bajo subsidios un oligopolio en la industria forestal.
La Corma (Corporación de la Madera) ente articulador del sector mega forestal chileno, ha reconocido que sus inversiones dependen de tasas de forestación. Jorge Seroni de ExpoCorma señalaba a la prensa en 2005 que el fuerte aumento en el valor de la tierra en los últimos 20 años hace muy poco rentable para las empresas forestales la compra de predios para comenzar proyectos de forestación como los que se iniciaron hace más de dos décadas. Asimismo, sucede con la proyección en las plantas de celulosa, las que se construyen, indicó, cada 150 mil hectáreas de “bosques”.
Esta versión empresarial señaló que “ahora corresponde al Estado generar las estrategias y los instrumentos para que los actuales propietarios de esas tierras pueden entrar al negocio forestal, con un horizonte de 15 a 25 años. Agregó que existen unos cuatro millones de hectáreas en la Séptima, el norte de la Octava y la Novena Región de terrenos aptos para ser forestados”. En el presente, como política de Estado se pretenden doblar las más de tres mil de hectáreas que hay actualmente, de aquí al año 2025.
CONFLICTO FORESTAL CON EL PUEBLO MAPUCHE
Cabe mencionar que una de las principales razones del conflicto forestal y comunidades mapuche, es por la tenencia de la tierra. Una importante parte de los territorios que se reivindica está en poder de las empresas, ya sea por reclamaciones ancestrales o de denuncias de usurpación contemporánea.
Asimismo, la expansión forestal en el territorio ancestral mapuche ha sido una afrenta al derecho propio, la cosmovisión y cultura mapuche. La arremetida de la industria se ha convertido en un símbolo de neo colonialismo y contaminación social.
Por otra parte, decenas de personas mapuche han sido o están siendo perseguidos judicialmente por tribunales civiles y fiscalías militares por su participación en movilizaciones en zonas urbanas y rurales en el marco de conflictos con empresas forestales. A esa cifra, se suman órdenes de detención y presos entre las VIII y X regiones. Decenas de ministros especiales y numerosas fiscalías militares se han encargado de investigar “hechos de violencia” -desde fines de 1997- en el marco de los conflictos territoriales. Decenas de dirigentes y comuneros mapuche se encuentran sometidos a proceso, en varios casos juzgados por la ley 12.927 de Seguridad Interior del Estado y la ley 18.314 o Antiterrorista, creadas desde la dictadura militar y que fueron aplicadas de manera activa y vigente en los últimos gobiernos, como forma de control social a las protestas sociales mapuche. A esta aplicación, se agrega que numerosas personas mapuche han debido enfrentar el sistema procesal penal, que entró en vigencia desde el año 2000.
En el año 2002, desde la muerte del joven mapuche Alex Lemún, asesinado por un oficial de carabineros en un predio que la comunidad reclamaba de la empresa forestal Mininco, se inició el plan de Operación Paciencia, coludidamente por sectores públicos y privados quienes arremetieron con diversas estrategias para desmovilizar.
Como efecto de esta represión, zonas rurales mapuche en Ercilla, Traiguén, Lumaco, Chol Chol, Imperial, Collipulli, Purén, Tirúa, Lebú, Cañete, entre otras, han debido enfrentar numerosos allanamientos y operativos policiales con graves secuelas a la vida social, cultural y sicológica de las familias, hechos que se repiten hasta el día de hoy.
La última, fue el levantamiento mediático del gobierno chileno en el marco de los incendios forestales, quienes de manera irresponsable y desprolija emitieron declaraciones públicas desde el Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, de su ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y de las autoridades regionales designadas, quienes afirmaron tener antecedentes de que los incendios forestales que afectan a diferentes territorios mapuche del sur de Chile, tendrían una causal de origen “terrorista” y que de manera paralela han responsabilizado a organizaciones mapuche, junto con anunciar la aplicación de la Ley Antiterrorista sólo en la Región de la Araucanía, cuando los mayores focos incendiarios han sido en la Región del Bío Bío, sin considerar los de Torres del Paine.
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