Como “una flagrante vulneración a sus derechos fundamentales” consideró la dirigenta mapuche Patricia Troncoso y el lonko Aniceto Norín la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de rechazar su solicitud de contar con una defensa independiente en el juicio que mantienen contra el Estado Chileno por aplicación de Ley Antiterrorista y falta de un debido proceso judicial.
Por Paula Correa
Fuente: radio.uchile.cl
Una campaña de recolección de firmas al interior del mundo indígena están realizando dirigentes para solicitar a la Corte Interamericana que reconsidere su decisión y permita que los comuneros tengan una defensa de su plena confianza.
Ambos son destacados líderes mapuches y presentaron sus causas de forma separada, pero al llegar a la Corte, se unieron en una sola causa, junto al caso de Víctor Ancalaf. Según señalaron, el hecho no les fue informado por sus abogados, los que no hicieron nada por oponerse, por lo que decidieron cambiar de defensa.
Sin embargo, la Corte no les permitió acceder a un nuevo abogado interviniente, de confianza, con lo que los está obligando a canalizar sus peticiones a través de dos grandes organizaciones internacionales que aún no tienen suscrito ningún convenio de representación con ellos como son la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Patricia Troncoso, conocida como “La Chepa”, catalogó de “irregular” esta situación y manifestó su desconfianza. “Pienso que aquí hay una estrategia de parte del Estado de intervenir las causas a nivel internacional. No debemos olvidar que tenemos gente como el señor Insulza en la OEA, entre otras cosas. Uno puede pensar que aquí lo que quería el Estado es minimizar el impacto de la Ley Antiterrorista que se le aplica al pueblo mapuche”, aseguró.
La abogada Ylenia Hartog afirmó que la Corte se basó en un principio de economía procesal, sin mayores argumentos jurídicos y que puso a los comuneros en una situación de indefección. Además, indicó que desconocen si la defensa oficial presentó pruebas en el caso y que no existe certeza sobre cómo se debería proceder y cómo se hacen llegar las peticiones particulares.
Hartog afirmó que el silencio de las organizaciones que tienen la representación de los comuneros está violando el derecho de defensa de sus representados.
“Esta decisión puede marcar un precedente muy negativo para el sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular, por el actuar de la corte, ya que nadie se imagina que un imputado, en un país como Chile incluso, donde se aplican leyes de la dictadura militar, no pudiera cambiar de defensa porque quiera y por las razones que quiera. Este vendría a ser el primer precedente y nos preocupa que pueda afectar los futuros casos, no solamente indígenas”, sostuvo.
La abogada solicitará la reconsideración de esta medida, mientras los comuneros levantaron esta campaña para que en el futuro se les respete a los pueblos indígenas de América el derecho de designar a los asesores de su confianza
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