UNICEF expresa su preocupación por el creciente ambiente de
conflictividad y violencia entre agentes del Estado y comunidades indígenas, lo
que puede generar impactos permanentes en el desarrollo de los niños, niñas y
adolescentes. Asimismo, manifiesta su preocupación frente a diversas denuncias
sobre uso desproporcionado de la fuerza, por parte de efectivos policiales, en
procedimientos efectuados en comunidades mapuche y por el impacto de los mismos
sobre la integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes.
Frente a la denuncia presentada por la Defensoría Penal Pública, en la Fiscalía Militar de Angol, por los hechos ocurridos en la Comunidad de Temucuicui el pasado 20 de abril, donde resultó herido un adolescente de 16 años de edad a consecuencia de un impacto de perdigones durante un allanamiento, UNICEF expresa su preocupación por el creciente ambiente de conflictividad y violencia entre agentes del Estado y comunidades indígenas, lo que puede generar impactos permanentes en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, manifiesta su preocupación frente a diversas denuncias sobre uso desproporcionado de la fuerza, por parte de efectivos policiales, en procedimientos efectuados en comunidades mapuche y por el impacto de los mismos sobre la integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes.
Para UNICEF, la necesidad de que todas las partes involucradas en este conflicto, especialmente aquellas llamadas a velar por la plena vigencia del Estado de Derecho, actúen estrictamente dentro de sus funciones y velen por la promoción, respeto y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
UNICEF: “Que colabora desde hace varios años, y lo seguirá haciendo, con las agencias del Estado y la sociedad civil, en el desarrollo de información, capacidades y espacios de diálogo para lograr una salida que aporte a la solución al llamado conflicto indígena, particularmente en la Región de La Araucanía”, indica la instancia internacional.
UNICEF finalmente hace un llamado a todos los sectores involucrados a establecer mecanismos que permitan resguardar y proteger especialmente los derechos de la infancia y la adolescencia en los operativos policiales, por el grave impacto que estas situaciones tienen en sus vidas y les aseguren las condiciones para su pleno desarrollo
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