La segunda sala de la Corte de Apelaciones de Temuco falló a
favor de Carabineros, luego que la comunidad Cacique José Guiñón, de Ercilla,
presentara un recurso de protección a raíz de un allanamiento ocurrido el pasado
8 de enero.
Por Julio Parra Bertín
Fuente: La Opiñion
La comunidad, que tiene un historial de 14 allanamientos, había recurrido de protección luego de los incidentes ocurridos la madrugada del 8 de enero, cuando un nutrido contingente de Carabineros atacó con gases lacrimógenos varias viviendas, afectando la salud e integridad de varios moradores, entre ellos Teresa Millacheo, mujer que presentaba un embarazo de ocho meses y que resultó con un cuadro de asfixia.
A pesar de los argumentos esgrimidos por la comunidad, los jueces María Elena Llanos Morales, Tatiana Román Beltramin y Fernando Cartes Sepúlveda, optaron por rechazar la acción cautelar de protección entablada por la comunidad, asegurando que “el actuar de Carabineros no fue arbitrario ni tampoco ilegal”, tal como lo aseguraba la comunidad recurrente.
En este contexto, la Corte consideró como válido el argumento esgrimido la institución policial que aseguró, según desprende el fallo, “que el día 8 de enero Carabineros procedió a repeler el ataque proveniente de un grupo de encapuchados que intentaban atacarlos a ellos y a un testigo protegido, respecto de quien existía orden de protección permanente, emanada de la Fiscalía Local de Collipulli”.
Respecto de la afirmación de la comunidad, de que el actuar de Carabineros en los hechos materia del recurso, hubieran afectado además a ancianos y niños, los jueces afirmaron en el fallo “que atendida la hora y el lugar donde ocurrieron los hechos, era imposible para ellos tomar medidas de prevención respecto de los mencionados afectados”.
El rechazo de este recurso por parte de la Corte de Apelaciones de Temuco, se suma a la sentencia emitido a inicios de abril por la Corte Suprema que falló en contra de la comunidad Wente Winkul Mapu, que también había recurrido de protección debido a los constantes allanamientos que ha sido víctima en el marco de reivindicaciones territoriales.
El abogado de la comunidad, Nelson Miranda Urrutia, adelantó a La oPiñon que intentarán revertir el fallo apelando a la Corte Suprema.
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